• Caracas (Venezuela)

Gonzalo González

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El hampa, poder emergente

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La inseguridad ciudadana ha sido un problema recurrente en nuestro país durante los últimos 50 años, los gobiernos de la era democrática siempre tuvieron ese pasivo en sus gestiones. Varias, según los expertos en la materia, fueron las causas de esa ineficiencia ante el problema: erradas políticas públicas en la materia, corrupción e ineficiencia de sectores del sistema judicial, lo mismo se le achaca a los cuerpos policiales, el creciente narcotráfico, así como la pobreza y marginalidad de amplios sectores de la sociedad. En definitiva, el hampa ha sido un azote  para desgracia del venezolano común.

Con el régimen chavista se ha producido un cambio de calidad, el hampa ha pasado de ser un azote a convertirse en un poder emergente que gravita e influye decisivamente en la vida cotidiana del ciudadano. Es una amenaza de características transversales por cuanto la acción depredadora no se detiene ante nada ni nadie, incluso no teme incluir en su menú de víctimas a militares y policías cada vez con más frecuencia y desparpajo.

El crecimiento en calidad y cantidad de la criminalidad se debe, por un lado, a que las viejas deficiencias del Estado en la materia persisten y se han potenciado astronómicamente; por el otro, a la manera como el chavismo concibe y asume tan crucial el asunto.

En la visión del chavismo – lastrada por las ideas y concepciones de la izquierda marxista leninista que conforman buena parte de su ideario– la delincuencia tiene su origen fundamental en la vigencia del capitalismo y sus consecuencias más directas: el afán de lucro, la desigualdad social y la pobreza. En consecuencia, el delincuente, genéricamente hablando, es básicamente una víctima del sistema y como tal debe ser tratado. No desconozco ni mucho menos la influencia de la pobreza en la existencia de la delincuencia, pero hacer de la misma la causa fundamental es incurrir en un reduccionismo y simplificación extrema. Hay estudios e investigaciones contemporáneas que postulan la inexistencia de una relación directamente proporcional entre niveles de pobreza y niveles de criminalidad, pero sí entre los grados de impunidad y los de inseguridad. De entrada esa visión reduccionista de las causas del problema conducen inevitablemente a un diagnóstico errado y por ende a atacar el mal de forma ineficaz.

Quienes gobiernan han desarrollado un discurso violento, soez y sectario que estimula, promueve, justifica y premia en la sociedad las conductas transgresoras de las leyes y las normas que rigen las  actitudes propias de la decencia y la educación cívica; todo se vale menos disentir de quienes gobiernan.

El oficialismo fiel a su vocación dictatorial y totalitaria ha procedido desde el principio a partidizar y concentrar el poder. Esto incluye por supuesto el sistema judicial y los cuerpos de seguridad en detrimento de su profesionalidad y eficiencia, ambas instancias se rigen fundamentalmente –con honrosas excepciones– de acuerdo con los intereses y objetivos del partido en el poder y no a favor del bien común tal y como lo prescriben la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Pero lo que quizás explique con mayor claridad por qué el hampa ha devenido en el poder emergente es la alianza que el chavismo gobernante ha realizado con sectores de la misma. Para usarla como instrumento de control social y político, para que ejerza las tareas sucias en la represión de la disidencia y en la contención del malestar social. La nomenklatura roja ha considerado siempre al hampa y a los malandros como parte destacada de su base socio-política, bajo el subterfugio de homologar malandro con pueblo; los ha legitimado como actor político, los ha organizado, los ha armado y los ha vuelto inmunes a la acción de la justicia.

Con esta política el oficialismo despoja de hecho al Estado de una de sus principales competencias y atribuciones, como lo es el monopolio de la violencia. En las sociedades donde ha ocurrido algo semejante las consecuencias fueron nefastas para la paz y la seguridad.

Lo anteriormente anotado es insólito –por provenir de un sistema en el cual los militares son un factor fundamental–, es grave por cuanto concederle tal poder al hampa pensando que puede administrarse y controlarse. Ese criterio es no solo un acto irresponsable e ilegal sino de una candidez inexplicable. El hampa  tiende a organizarse y a actuar como una corporación, busca convertirse en un actor autónomo que se rige solo con base en sus intereses y su crecimiento trae aparejado el debilitamiento del Estado, como ya ocurre.

En respaldo a lo afirmado me permito glosar algunas acciones y conductas del régimen chavista: la continuidad del discurso violento y agresivo, la corrupción si límites, la existencia de grupos paramilitares afectos al oficialismo, el auge permitido del pranato, la creación de las zonas de paz –verdaderas áreas de soberanía de la delincuencia– donde está vedada por resolución del gobierno la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado.

El nuevo poder emergente en Venezuela no es un ciudadano libre, próspero y seguro que participa activamente en la decisión de las grandes y pequeñas políticas públicas que afectan su vida diaria, sino uno atemorizado por los malandros que observa impotente cómo los poderosos viven protegidos pagados con los dineros de todos y no tiene ni arte ni parte en las decisiones de gobierno. El nuevo poder es el hampa.