• Caracas (Venezuela)

Gonzalo González

Al instante

Presión nacional

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El chavismo se niega tercamente –sin ponderar los enormes perjuicios que causa– a descomprimir la situación; más bien actúa para escalar las tensiones.

Las medidas económicas adoptadas por el gobierno en febrero son insuficientes, inconexas, inútiles, fiscalistas e inflacionarias y suponen un enorme sacrificio sin contrapartidas para el ciudadano común.

El país mayoritariamente quiere cambio, un nuevo gobierno, ver el final del laberinto. El régimen se empeña en impedir el deseo de la mayoría a cualquier precio: el caos, la anomia y la violencia.

Desde el 7 de diciembre el oficialismo ha avanzado más hacia la dictadura, su vocación dictatorial y la lógica de su recorrido desde 1999 lo conducen hacia ese destino. Para que haya una dictadura no necesariamente tiene que haber tanques en las calles y represión masiva e indiscriminada, ilegalización de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil y cierre de medios de comunicación social. No descarto que en el futuro inmediato el oficialismo pueda recurrir a esos expedientes como respuesta a una creciente presión política y social en su contra.

La clave está en el abierto desconocimiento de la soberanía popular y del voto como instrumento para otorgar poder en el Estado. El desconocimiento en la práctica de las competencias de legislar y controlar del Parlamento, así como el proceso de conformación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el uso de esa instancia para anular lo decidido, en uso de sus competencias, por la Asamblea Nacional marcan un cambio de calidad en la situación.

Siempre, quizás por deformación profesional, he tratado de ser lo más riguroso posible con el uso de los  conceptos. He disentido de quienes afirman hace tiempo que en Venezuela existe una dictadura. Sí reconocía que lo existente tenía poco que ver con el sistema democrático establecido en la carta magna.

Pero creo que ahora sí entramos en un sistema dictatorial. Vivimos en un régimen de facto, no hay Estado de Derecho. El oficialismo concentra todo el poder y actúa sin limitaciones, desconoce y pasa por alto la Constitución cuando lo estima conveniente para sus propósitos continuistas. Guardando las necesarias distancias, la situación venezolana actual guarda similitudes con los tiempos finales de Fujimori cuando en Perú existía, en realidad, una dictadura con ropajes y formulismos democráticos.

Frente a este cuadro tan dramático no se justifica que la MUD no le proponga al país una vía concreta, dentro de las previstas en la Constitución, para salir del gobierno. Hablar de que se van a usar todas es reconocer que no se tiene ninguna y esta indefinición complica la situación y favorece al oficialismo. Y además cuestiona la condición de alternativa de la oposición democrática.

Existen suficientes condiciones objetivas –casi 80% de los ciudadanos rechaza al gobierno y desea su cambio– para generar una amplia presión nacional que frustre los planes continuistas y dictatoriales del chavismo y dé paso a un nuevo gobierno de signo distinto al actual. Pero para que ello ocurra la MUD debe dejar la indefinición y salir al encuentro de la mayoría nacional que quiere cambio.