• Caracas (Venezuela)

Froilán Barrios

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El clamor del 12 de octubre: ¡Abran la frontera!

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Es irónico y a la vez dramático que a 523 años de arribar Cristóbal Colón a estas tierras, todavía existan comunidades indígenas que propugnen superar la pobreza extrema, como lo es el caso de municipios hoy afectados por los decretos de estados de excepción. Resaltando los de la subregión Guajira: Mara, Páez y Almirante Padilla, donde hoy el otrora municipio Páez y denominado Municipio Bolivariano Guajira es el más pobre no solo de Venezuela, sino de toda América Latina.

Condición ancestral  que no ha cambiado en nuestra historia republicana y que se ha agravado en la fase revolucionaria del socialismo del siglo XXI, en municipios donde jamás ha habido agua potable como servicio público  y donde 70% del territorio carece del servicio de electricidad. Como vemos en el umbral de la Edad de Piedra.

Que hoy se agrava con la desaparición parcial del Estado venezolano en la frontera norte con Colombia, al ir extinguiéndose paulatinamente los servicios públicos y trasladarse en la práctica la frontera de Paraguachón al Río Limón. De tres bancos hoy no existe ninguno, igualmente las oficinas de ministerios del  Ambiente, Agricultura, Tránsito Terrestre, Comunicaciones, Defensoría del Pueblo. Todo trámite debe ser realizado en El Moján (Municipio Mara), Maracaibo o en su defecto Caracas.

¿Cuál es la respuesta gubernamental ante tanta desidia? No solo el Estado de Excepción decretado a principios de septiembre de este año, también la permanencia de un Distrito Militar desde 2010 en cuyo lapso de intervención han muerto por la represión aproximadamente media centena de paisanos wayuú por la impune intervención del ejercito venezolano. En una zona convertida artificialmente en zona de guerra donde hay 26 puntos de control y solo 4 parroquias despobladas.

Cuando los familiares de estos cruentos asesinatos van a reclamar a la Defensoría del Pueblo, son remitidos a Caracas por ser una decisión presidencial la creación del Distrito Militar, o han debido recurrir al vecino, a la Defensoría del Pueblo del hermano país Colombia ante la indiferencia del Estado venezolano, donde este organismo rechaza el asesinato de indígenas en nuestro territorio nacional (Diario La Verdad, 22-9-2015).

Con el Estado de Excepción y el Distrito Militar se les congela la vida comercial a decenas de miles de familias indígenas (wayuú, bari, añu),  alijunas (hombre blanco en wayuú) venezolanos y colombianos, quienes han transitado este corredor comercial desde tiempos inmemoriales. En provecho de quien es el nuevo poder publico en este caso las FABN, quienes ejercen el control absoluto del comercio en la frontera, entre tanto el indígena es el que sufre el estigma de bachaquero, a tal extremo que su tránsito por la zona debe ser acompañado de carta de residencia emitida por los consejos comunales.

La paciencia indígena ha comenzado a rebelarse con los sucesos acaecidos recientemente en Sinamaica, Los Filúos y en la Villa del Rosario, quienes plantean abran la frontera para evitar una crisis humanitaria.