• Caracas (Venezuela)

Froilán Barrios

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La agenda laboral ante la nueva AN

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A partir de la gran victoria electoral lograda por la población venezolana, expresada en los 7,5 millones de votos y 112 diputados elegidos a través de la tarjeta de la Unidad (MUD), sentimos que nuestro país se ha dado una nueva oportunidad de frenar al peor gobierno que hayamos tenido en toda nuestra historia republicana, cuya orientación se reafirma en la imposición del Decreto de Emergencia Económica.

Para los trabajadores quienes hemos sufrido las consecuencias junto al resto de la población, al conocer hoy las peores condiciones que hayamos conocido en nuestra vida;  en materia de salario, contratación colectiva, libertad sindical,  producto de un gobierno y del conjunto de poderes públicos que han desconocido todos los derechos laborales conquistados desde el siglo pasado, consideramos igualmente oportuno hacerles nuestros planteamientos a esta nueva Asamblea Nacional (AN).

Conjuntamente con la serie de exigencias que se plantean en el país en torno al restablecimiento de la democracia, creemos que es un deber de la AN ayudar a restablecer el sistema de relaciones de trabajo y el dialogo social, desconocido por leyes arbitrarias y ejecutorias del Poder Ejecutivo que han determinado la desnaturalización de las instituciones laborales y sindicales en Venezuela. Ha sido tan grande el abuso gobernante que la OIT ha enviado múltiples misiones al país y al mismo tiempo ha aprobado resoluciones desacatadas por este gobierno. Una Mesa de Dialogo Social con el sector privado y el Estado es fundamental para enfrentar el drama laboral que sufrimos, siendo lo fundamental el empleo digno,  poder adquisitivo, abastecimiento y detener la inflación.

Igualmente promover Decreto Ley de Amnistía Laboral para los trabajadores perseguidos por el Régimen durante estos 16 años de gestión: Por el paro nacional de 2002-2003: 22.000 despedidos de Pdvsa sin pago alguno de prestaciones sociales y derechos laborales, 10.000 despedidos por el Referendo Revocatorio Presidencial (2004) mediante la lista Tascón, los recién despedidos por no firmar la carta al presidente Obama (2015) y la  Ley Orgánica  de Libertad Sindical que restablezca la autonomía de los sindicatos y gremios  frente al Estado y leyes laborales violadoras de este derecho humano.

La aprobación de las leyes de seguridad social engavetadas desde 2002 (Salud y Pensiones) y La reforma de la Ley de Alimentación hoy convertida por ley habilitante en Ley de cesta ticket socialista, para hacerla extensiva a jubilados y pensionados. La nueva AN debe asumir con madurez el tema laboral ya que proponer populismo versus populismo no es la solución; no se trata de ofrecer un régimen de pensiones no contributivas, se trata de abrir un debate nacional sobre un sistema universal de pensiones y jubilaciones mediante la aprobación del subsistema en el marco de la ley orgánica de seguridad social vigente desde 2002.

Igualmente es fundamental legislar sobre el pago de  los pasivos laborales del sector público que alcanza a un monto superior a los 15.000 millones de dólares, al periodo comprendido desde la Reforma de la LOT en 1997 hasta el presente 2016, que permita el pago oportuno de las prestaciones sociales a todo trabajador del sector publico, ya que muchos jubilados fallecen y no reciben sus beneficios laborales para su disfrute.

Finalmente es fundamental la reglamentación de la Tercerización Laboral prohibida en la LOT de 2012 y promovida impunemente desde este gobierno mediante figuras de flexibilización que significan un fraude a la relación de trabajo: Milicias Obreras, falsas cooperativas, Empresas de Producción Social, Trabajo Voluntario, trabajos temporales.