• Caracas (Venezuela)

Freddy Carquez

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Freddy Carquez

El conflicto sigue

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Y continua profundizándose, porque el proyecto político gubernamental continúa siendo continuidad de la oferta autoritaria y empobrecedora impuesta a la nación por el PSUV desde hace 15 años, por lo cual las respuestas del gobierno madurista en la mesa de diálogo con la MUD siguen careciendo de autocrítica, muy lejanas del indispensable espíritu de enmienda. Basta apreciar el comportamiento de perdonavidas que aún exhiben los voceros gubernamentales.

Es muy evidente que la seguridad que la burocracia militar le ha dado al Ejecutivo, de defenderlo en cualquier terreno e incluso a cañonazos si es necesario, sin que importen las agresiones que se realicen en contra de los jóvenes y de los vecinos, ha envalentonado a la fracción autoritaria que aún prevalece en la conducción del Estado, la que se encuentra atrincherada en el manejo de los extraordinarios privilegios y recursos económicos, que permite el ejercicio del poder en Venezuela.

De igual forma, aún hay en el contexto político suramericano y caribeño una importante resistencia en los gobiernos vecinos a la presión crítica que se ha venido produciendo sobre su indiferencia a la progresiva y sostenida desaparición del Estado de Derecho en Venezuela, exigencias y dudas generadas fundamentalmente por la beligerancia y el desarrollo que ha adquirido la oposición democrática venezolana. 

La magnitud de las movilizaciones ciudadanas y su contrapartida dada por los excesos represivos gubernamentales han despertado una importante solidaridad externa, lo que ha obligado a las cancillerías suramericanas a pronunciarse. La presencia de la delegación de Unasur en la iniciativa del diálogo no es despreciable, todo lo contrario, expresa el efecto político que la situación venezolana tiene sobre la población de sus países, pero aún hay elementos de complicidad manifiestos, estrechamente vinculados a los prósperos negocios compartidos.

Pero además están presentes los rasgos de autoritarismo propio o ajeno, que acompañan a proyectos políticos como el cubano de los hermanos Castro, el ecuatoriano del presidente Correa, el boliviano del presidente Evo Morales o el nicaragüense de Daniel Ortega, todos y cada uno de ellos subsidiados por nuestro Estado y cuya influencia se encuentra presente en el gobierno venezolano.

Resulta imposible ignorar los disolventes efectos que tienen la vocería del diputado Diosdado Cabello o la del alcalde Jorge Rodríguez, dedicados a provocar a la oposición democrática uno y al movimiento popular el otro, cabezas visibles de la tendencia autoritaria al interior del PSUV, promotores ambos de la represión a los sectores juveniles, estudiantiles y de las comunidades que los acompañan.

Y para redondear, está presente como conducta del Estado la conocida afirmación de que el gobierno hasta el presente concreta su llamado a la paz a través del paradójico y absurdo mecanismo de “tratar de apagar el fuego con gasolina”, orientación en la cual encaja la partidización del TSJ, hoy convertido en un claro instrumento de coacción e intimidación de la sociedad.

Desconocer el derecho constitucional a la movilización de la población constituye un asalto más a la legalidad, disposición que contribuye a una política de Estado de claro perfil discriminatorio y excluyente, pero que además concurre a la justificación de la violencia de los poderes públicos en contra de los ciudadanos, construcción que podemos calificar de intimidatoria y antagónica al Estado de Derecho que el TSJ debería a ultranza defender, destinada a sembrar miedo en la comunidad.

Aun así, en el marco del panorama descrito, en el cual nuestra sociedad se debate entre la pobreza y la violencia, la construcción de una respuesta democrática ahora mucho más que ayer sigue exigiendo el desarrollo plural de la unidad de los sectores democráticos, su organización, educación y movilización.

Pero, además, demanda la permanente y creciente incorporación de nuevos sectores sociales a la lucha política, tanto electoral como social, comprometidos con una Venezuela progresista, porque el espejismo de desenlaces a la “vuelta de la esquina” y de la mano de líderes providenciales no existe, la reciente experiencia es muy educativa, ofertas que solo son un cuento de caminos destinado a confundir y dividir las fuerzas democráticas presentes en el interior de nuestra población.
 
Se trata entonces de continuar el proceso de construcción de un poderoso e inteligente músculo político que, al convocar y conducir con éxito a la población a la lucha por sus derechos constitucionales, adquiera la consistencia y la confianza suficiente, para alcanzar democráticamente la dirección de la República de Venezuela.