• Caracas (Venezuela)

Francisco Suniaga

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Francisco Suniaga

El caso Lidisay Galeno

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A lo largo de casi catorce años se ha venido construyendo en Venezuela un régimen autoritario sui generis, por la manera en que ha logrado mimetizarse con ciertas formas democráticas. Visto de lejos, o de una cercanía mediatizada por la conveniencia (desde donde la vería un boliburgués o un intelectual de izquierda favorecido con alguna prebenda del Gobierno), esto parece una democracia, pero bien se sabe que no lo es. Ladrillo a ladrillo, el comandante-Presidente y sus colaboradores han venido levantando un muro, cada vez más visible, contra la libertad, el muro de siempre, aquel que al final caracteriza a todos los regímenes totalitarios.

Este muro, como el de Berlín en su tiempo, tiene sus secciones y cada una de ellas atiende un área específica en el cerco a la democracia. La sección electoral, la de mayor notoriedad en las últimas semanas, por ejemplo, es exhibida hacia afuera como “el mejor y más avanzado sistema electoral del mundo”, hacia adentro no solo permite las violaciones de la ley, sino que funge de agente del abuso de poder (la llamada “operación remate”, para tomar solo una muestra, no sería posible sin la cooperación inmediata del CNE). El objetivo: la desmovilización del electorado opositor para que luego el crimen, como en las películas de gangsters, “parezca un accidente”.

Hay otras secciones asimismo importantes en la extensión del muro: la de los trabajadores de Pdvsa que hicieron el paro, la del control de cambio, la de las “expropiaciones” de empresas y fundos agrícolas, la regulación asfixiante a la educación privada, la eliminación operativa de los municipios y gobernaciones en cuanto sean ganadas por la oposición, la del sistema de medios públicos y un largo etcétera, en el que destaca la sección de la justicia y su administración.

La administración de justicia, por el efecto directo que tiene en la libertad de los individuos afectados y por el terror que despierta en los ciudadanos comunes, es motivo de especial atención. Aparte del solado administrativo (como eso de mantener a la casi totalidad de los jueces en condición de provisorios para manejarlos a su antojo), hay en esa sección del muro unos ladrillos emblemáticos: el caso Econoinvest, el caso Afiuni, el caso de los comisarios Simonovis, Forero y Vivas, los casos de los políticos exiliados y paremos de contar.

El último ladrillo de ese muro es el del caso de la médica Lidisay Galeno. La doctora Galeno, según refieren las notas de prensa, fue la cirujana que realizó la cirugía plástica, a comienzos del mes de septiembre, a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Ninoska Queipo, quien, como es noticia, murió el 11 de octubre producto de una septicemia.

Según el abogado defensor, era la cuarta vez que la doctora Galeno intervenía en una operación quirúrgica estética a la magistrada fallecida. Las dos primeras, como ayudante de Nairet Queipo, hermana de la difunta, y una tercera por sí sola. En las notas se destaca también el vínculo de amistad existente entre la médica y la jueza.

Al presentarse las complicaciones postoperatorias, la infortunada magistrada Queipo fue trasladada a una clínica (después a otra) e internada en terapia intensiva. En el curso de varias semanas recibió además una transfusión sanguínea. Objetivamente visto, este es un caso donde resultaría muy difícil detectar cuál fue la causa real de la muerte. De hecho, el abogado defensor alega que no existe informe o prueba científica alguna que sirva de fundamento a una decisión judicial.

No obstante, la doctora Galeno fue imputada por el Ministerio Público por “homicidio intencional a título de dolo eventual”. Dicho en criollo, no se trató siquiera de mala praxis médica (ya habría sido una injusticia culparla de eso, pero por lo menos conservaría la libertad) sino de una calificación superior que supone que medió cierta intención de causar daño. Así, habiendo el tribunal compartido la tesis de los fiscales del caso, en pocas horas, la doctora Galeno estaba en el INOF.

Este caso, tan emblemático del abuso por parte de este régimen,(el mensaje es muy claro: nuestra nomenklatura es intocable) merece que se levante un clamor nacional de protesta. Aclaro que no se trata de una defensa ciega de Galeno, sino del hecho de que sus derechos como persona y como profesional de la medicina han sido violados de manera grotesca. Razón suficiente para que desde las escuelas de Medicina de nuestras universidades hasta los colegios médicos, los más afectados a futuro por esta decisión, hagan escuchar sus voces, a ver si entre todos impedimos que el muro del terror se haga más alto.