• Caracas (Venezuela)

Fernando Travieso y Magaly Irady

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Ciudadanos y jueces frente al cambio climático

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¿Qué pasaría si los habitantes de los diferentes países del mundo, angustiados por el fracaso de sus gobiernos para detener el cambio climático mientras todavía hay tiempo, decidieran demandarlos judicialmente?

Exactamente eso hicieron novecientos ciudadanos holandeses, y ganaron. La histórica decisión, dictada en junio pasado, está comenzando a inspirar demandas judiciales en otros países y podría ser el preludio de un movimiento civil global para obligar a los gobiernos a asumir su responsabilidad. Lo que suceda en los próximos meses determinará cuán rápidamente tal victoria legal podría traducirse en políticas que reduzcan la cantidad de CO2 en nuestro aire. Por ahora, en el estado de Washington, Estados Unidos, un grupo de ciudadanos ganó un caso contra del Departamento de Ecología, y lo forzó a “…considerar el indiscutible avance científico actual necesario para la recuperación del clima”.

En el caso holandés, el veredicto afirma que el gobierno está actuando ilegalmente al no hacer lo que le corresponde “para prevenir las amenazas causadas por el cambio climático y ocuparse de la protección y el mejoramiento del medio ambiente”. Para llegar a esa decisión, los jueces se basaron, y así lo expresan en la sentencia, en el consenso científico de que solo un descenso rápido en las emisiones de CO2 puede prevenir un aumento de la temperatura global de más de 2° C para finales del siglo XXI. El abogado holandés demandante, Roger Cox, quien durante años ha sostenido que solamente las leyes podrán salvarnos, comenzó a llorar en público después del veredicto de junio, sobrecogido por el enorme significado de la victoria.

De no apelar la decisión, lo cual le daría un respiro de dos años, el gobierno holandés tendrá cinco años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 25% por debajo de los niveles de 1990, lo que significa un reto formidable ya que sus políticas actuales tienen como meta una reducción de solo 16%.

La decisión de la corte holandesa está en sincronía con el razonamiento legal detrás de los “Principios de Oslo sobre Cambio Climático”, divulgados al mismo tiempo que el caso iba a la corte el pasado mes de marzo. Estos Principios son producto del trabajo de un panel internacional de jueces y expertos legales provenientes de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y China, los más contaminadores. El panel se reunió en la capital noruega para responder a la pregunta: ¿Pueden los derechos humanos y otros derechos requerir que un Estado reduzca sus emisiones de CO2, incluso en ausencia de un tratado específico? La respuesta, que puede ser interpretada como un llamado urgente y definitivo a la acción fue: “Independientemente de la existencia o no de acuerdos internacionales, los gobiernos tienen en la actualidad una obligación legal para prevenir los efectos dañinos del cambio climático, con base en las leyes internacionales sobre derechos humanos, protección del ambiente y daños civiles por abuso de poder”.

Tales criterios legales tienen el apoyo mayoritario de la ciudadanía –sobre todo en los países en desarrollo que ya sufren los embates del fenómeno como Filipinas e Indonesia–, como lo revela la reciente encuesta “Nuevos Frentes”, realizada por la Confederación Sindical Internacional (CSI). La Encuesta de la CSI preguntó a las personas de nueve países que representan la mitad del PIB mundial, tanto desarrollados como en desarrollo, si consideraban que los líderes del mundo entero deberían actuar, y cuándo, para prevenir que la población mundial sufriese las consecuencias del cambio climático. Sus respuestas no dejan lugar a dudas: 90% quiere que los líderes tomen medidas para proteger a la comunidad internacional, 70% desea que esas medidas se tomen inmediatamente y 80% piensa que como máximo deben tardar 12 meses.

Parece ser el inicio de una nueva etapa en la que los ciudadanos podrían valerse de los sistemas legales de sus países para presionar a sus gobiernos en demanda del derecho de exigir que se proteja al planeta de las amenazas que implica el cambio climático, lo que significará que muy probablemente los políticos tendrán que comprometerse con ello, a riesgo de no ser elegidos.