• Caracas (Venezuela)

Fernando Ochoa Antich

Al instante

La camarilla militar chavista

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La opinión pública venezolana ha percibido, con cierta claridad, que la tan cacareada “alianza cívico-militar” no es sino un ardid que ha servido de base al poder real del régimen chavista, durante diecisiete años, para amenazar y amedrentar a todo el que se le oponga. Lo cierto es que esa “alianza” no tiene nada que ver con la misión constitucional de la Fuerza Armada Nacional, como institución al servicio del Estado: ejercer el monopolio de la violencia para garantizar la paz y la soberanía nacional. Sin embargo, las instituciones están constituidas por hombres que, en un momento histórico determinado, pueden desviarse de sus obligaciones y hacer alianzas con intereses innobles para controlar dichas instituciones y, así, ponerlas al servicio de sus intereses particulares. Es lo que ocurre actualmente. Pero eso no solo sucede con la Fuerza Armada. Un buen ejemplo ha sido, en estos mismos años, el Tribunal Supremo de Justicia. Su objetivo fundamental es garantizar el Estado de Derecho. Desgraciadamente, ha preferido parcializarse, precisamente, a favor de la injusticia. También ocurre con el Consejo Nacional Electoral y otras tantas instituciones que en lugar de cumplir sus obligaciones constitucionales se han puesto al servicio del régimen chavista.

Esta situación no es nueva. En el pasado, también tuvimos logias militares, las cuales, una vez conquistado el poder devinieron en camarillas, con los nefastos resultados en términos de atropellos y corrupción por todos conocidos. Vale la pena recordar el golpe de Estado contra el general Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945, como consecuencia de la rivalidad entre él y el general Eleazar López Contreras. De ese golpe de Estado surgió la primera alianza cívico-militar entre la Unión Militar Patriótica, constituida por oficiales jóvenes, y el partido Acción Democrática. Los tres años de duración de su gobierno fueron de gran inestabilidad tanto en lo social como en lo militar. Su permanente intento de hegemonía política, abrió la crisis que condujo al golpe militar del 24 de noviembre de 1948, y a la discusión por el liderazgo militar entre Carlos Delgado  Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez. El asesinato del presidente de la Junta Militar consolidó por diez años la jefatura militar de Pérez  Jiménez hasta su derrocamiento el 23 de enero de 1958 por otra generación militar más joven que no compartía la desbocada corrupción del régimen y cierto ventajismo profesional de la camarilla militar que rodeó al general Pérez, dejando a un lado a oficiales que mostraban cierta independencia de criterio.

Posteriormente, la conspiración militar del 4 de febrero de 1992, constituyó una felonía que interrumpió cuarenta años de régimen democrático y de profesionalismo militar que debe ser evaluada a profundidad para determinar no solo el irreparable daño causado al país y a la familia venezolana, sino también, las injusticias que se cometieron con muchos de los oficiales que, aviesamente engañados, arriesgaron sus vidas y su carrera militar creyendo equivocadamente que esa insurrección abriría una nueva perspectiva histórica para nuestro país. Estoy convencido de que, en este momento, muchos de ellos, al evaluar con la objetividad necesaria los desastrosos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro tienen que concluir que el daño que le hicieron a Venezuela es realmente inaceptable y más que doloroso. Además de las penurias que sufre la población en todos los órdenes de la vida diaria, se han despilfarrado los más altos ingresos petroleros de nuestra historia e incrementado la deuda externa venezolana  hasta 249.520 millones de dólares para el 15 de abril de 2015.

Esta grave situación que enfrenta Venezuela obliga a que cada miembro activo de la Fuerza Armada Nacional reflexione sobre sus obligaciones militares. Los venezolanos conocemos perfectamente, que existe una nueva camarilla militar, enriquecida obscenamente y que compromete cada día el destino de la institución, mientras sus compañeros de armas, dedicados exclusivamente a funciones militares, viven modestamente de sus limitados sueldos. Pero cada día oímos mencionar la famosa “alianza cívico-militar”, en nombre de la cual se continúa enriqueciendo esa camarilla y los miembros del chavismo que la aúpan. Curiosamente, esos mismos sectores durante años manifestaron su odio contra el sector militar y ahora extrañamente lo aman. Por eso, los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional deben analizar y reflexionar diariamente sobre sus obligaciones constitucionales para que, en el caso que corresponda, cumplan cabalmente sus deberes, respetando y respaldando la voluntad popular manifestada claramente en las elecciones del 6 de diciembre de 2015.