• Caracas (Venezuela)

Fernando Ochoa Antich

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General Padrino, permítame polemizar con usted

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Sus recientes declaraciones, durante un acto realizado en el Ministerio de la Defensa con miembros de la Fuerza Armada Nacional y familiares de una parte de las víctimas de los hechos violentos ocurridos a partir de febrero de 2014, me han causado profunda preocupación. Cuestionar públicamente la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional y respaldada mayoritariamente por el pueblo venezolano, compromete el prestigio y el destino de nuestra institución. Es verdad que su posición no sorprende a los venezolanos, ya que usted, de manera permanente, ha violado flagrantemente la Constitución Nacional al expresarse como un miembro más del partido de gobierno y afirmar que la Fuerza Armada Nacional es chavista, revolucionaria y socialista. Esa afirmación es absolutamente falsa, ya que, ahora y siempre, en la Fuerza Armada Nacional, ha predominado un pensamiento plural, favorable a distintas ideologías. Sin embargo, el ordenamiento legal ha prohibido siempre a los militares hacer pública su manera de pensar para no comprometer los valores fundamentales del régimen democrático.

Los argumentos utilizados por usted para cuestionar la mencionada ley son los siguientes: que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no puede aceptar una ley que viola la Constitución Nacional y el Estado de Derecho en un momento histórico en que el país se debate entre la dependencia y la independencia; que ella busca el autoperdón de los crímenes cometidos en 2014 durante las protestas antigubernamentales en las cuales se asesinaron a más de cuarenta personas; que favorece la violación de los derechos humanos y atenta contra la paz y la democracia; que avala a los que cometieron delitos comunes y está hecha para nombres específicos; que concede impunidad a delitos de lesa humanidad, provocando una descomposición moral e institucional en nuestro pueblo al atentar contra la paz, la democracia, el espíritu de cuerpo y la disciplina de la Fuerza Armada Nacional. Esos argumentos, según mi criterio, no tienen sustentación alguna. Voy a rebatirlos en dos partes. Una primera, en la cual me referiré a aquellos que atañen a la Fuerza Armada Nacional; una segunda, en la cual refutaré su absurda tesis legal.

A la Fuerza Armada Nacional no le corresponde aceptar o rechazar una ley aprobada por el Poder Legislativo. En ninguna de las atribuciones constitucionales establecidas en el artículo 328 se menciona esa potestad. Hacerlo sería incurrir en una extralimitación de sus funciones, absolutamente írrita e ilegal. En la Constitución Nacional está pautado el procedimiento obligatorio para aprobar cualquier Ley, incluyendo la potestad del presidente de la República de enviarla al TSJ para determinar su posible inconstitucionalidad. Así ocurrió. En consecuencia, la ley no tendrá vigencia, pero no por ser realmente inconstitucional, sino porque el régimen político tiene un marcado interés en no aprobarla y controla políticamente a la mayoría de los magistrados, quienes no reúnen los requisitos constitucionales para su designación. Tampoco es verdad que dicha ley compromete valores fundamentales de la Fuerza Armada Nacional tales como la disciplina, el espíritu de cuerpo y la subordinación. Al contrario, de haberse aprobado se hubiera creado un nuevo ambiente político que hubiese fortalecido la unidad nacional.

Su visión jurídica de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional es absolutamente equivocada. Repite los argumentos del oficialismo, sin suficientes consideraciones doctrinarias. La valoración de un delito político surge del móvil de la acción del sujeto, el cual debe tener un sentido altruista, al considerarse que busca, acertada o equivocadamente, la instauración de un ordenamiento jurídico diferente al vigente en una sociedad determinada. Ese es justamente el caso de los presos, exiliados y perseguidos políticos del régimen chavista. Además, es necesario entender que en la sentencia del TSJ sólo pueden existir consideraciones jurídicas y no políticas. La percepción de la gravedad de la situación nacional le corresponde al Poder Legislativo, el cual ha decidido soberana y constitucionalmente, aprobar una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. No es cierto que esa ley viola la Constitución Nacional y el Estado de Derecho. Al contrario, es el TSJ el que irrespeta la Constitución al declarar inconstitucional toda ley sancionada por la Asamblea Nacional, solo para satisfacer los deseos del Poder Ejecutivo

Venezuela vive, y usted lo sabe, uno de los momentos más trágicos de su historia. Nuestro pueblo enfrenta todo tipo de necesidades y privaciones: no hay agua, no hay luz, escasean los productos de primera necesidad, los hospitales no funcionan, no hay medicinas, los asesinatos, secuestros y escandalosos hechos de corrupción, ocurren con la mayor impunidad. No es posible justificar esta debacle. Se ha despilfarrado más de 1 millón de millones de dólares en ausencia de una debida rendición de cuenta a los venezolanos. Definitivamente, la revolución bolivariana fracasó estruendosamente. Esa es una realidad que está a la vista. Además, Nicolás Maduro y su equipo de gobierno han demostrado fehacientemente su incapacidad y falta de voluntad para enfrentar la creciente crisis nacional. Un aspecto que debe evaluar la Fuerza Armada Nacional, con particular preocupación, es el riesgo que existe de una ruptura violenta en nuestra sociedad. Estoy convencido de que la solución planteada por la Asamblea Nacional de consultar la voluntad popular mediante uno de los medios constitucionales, pacíficos y electorales es una acertada posición. Respaldarla institucionalmente sería un acto de gran patriotismo. Hacerse cómplice de quienes pretenden bloquear las salidas constitucionales es comprometer aun más, el destino de la institución armada.  Reflexione, general Padrino.