• Caracas (Venezuela)

Fernando Luis Egaña

Al instante

¿Neutralizar la Asamblea?

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Ahora que la dupla del castigo y del cambio ha logrado que el CNE le reconozca a la plataforma opositora una supermayoría en la próxima Asamblea Nacional, el oficialismo hace y deshace para tratar de que la misma no tenga la capacidad efectiva de contrapesar a la hegemonía. Todo lo cual parece, a primera vista, absurdo, porque si ya se ha producido un cambio sustancial en la orientación política del grueso de la población, lo lógico es que también se produzca un cambio sustancial en la configuración de poder.

Maduro, Cabello, Rodríguez y otros voceros del oficialismo –que no todos, por cierto–, están jugando con fuego, porque creen que pueden reeditar el patrón de otras ocasiones: reconocer los resultados electorales adversos, pero desconocer los efectos políticos de esos resultados. De hecho, el llamado “parlamento comunal” que pretenden montar en las propias instalaciones del Palacio Legislativo es una derivación de las propuestas de reforma constitucional que fueron desaprobadas por el electorado en 2007, pero que luego fueron “incorporadas a la legalidad” por las malas y las peores.

También amenazan con convertir la Sala Constitucional del TSJ en un cerco de la nueva Asamblea. 4 magistrados que hacen mayoría en esa Sala se colocarían por encima de 112 diputados que fueron elegidos por el pueblo. Eso es un auténtico disparate si nos atenemos a la letra, espíritu, propósito y razón de la Constitución de 1999, formalmente vigente. Pero bien se sabe que ese texto ha sido tan maltratado en estos años, que prácticamente se ha hecho irreconocible ante la realidad de despotismo y depredación que le invoca como mampara.

Y ese es el motivo principal de toda esta agresividad poselectoral por parte de los jefes más connotados de la hegemonía. Sus trayectorias o sus prontuarios no resistirían ni el más leve de los controles por parte de una instancia independiente, y el ejercicio de las funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional es una de las facultades constitucionales más importantes de la Asamblea Nacional. Cualquier control seriamente ejercido, no solo los inculparía sino que los condenaría. Sin impunidad absoluta, estos personajes no pueden sobrevivir, y una Asamblea autónoma es incompatible con una impunidad mafiosa.

El operativo para tratar de neutralizar a la Asamblea fue considerado para el escenario de que la Unidad hubiese obtenido una mayoría simple. Pero no fue así. Fue la más calificada y facultada de las mayorías parlamentarias que establece la Constitución. Por ello, el repertorio de maniobras que integran el referido operativo –sin descartar las descaradas impugnaciones que proclama Jorge Rodríguez–, luce tan desfasado de esa voluntad de castigo y de cambio que se expresó el 6-D, y que de entonces para acá no ha hecho sino acrecentarse.

No obstante, el proceder del oficialismo en estos menesteres es llevarse por delante lo que sea, hasta que sea posible. Pues hay que hacer imposible que puedan salirse con la suya. Si el mandato comicial fue castigar a la hegemonía despótica y depredadora, y al mismo tiempo abrir un camino para que Venezuela pueda salir de la megacrisis en la que ha sido sumida por el poder establecido, entonces es completamente inaceptable que se le quiera imponer a la nación el más destilado continuismo de esta fabrica de miseria, opresión y latrocinio que es el régimen imperante.

flegana@gmail.com