• Caracas (Venezuela)

Fernando F. Guerrero Briceño

Al instante

El gendarme ¿necesario?

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Con tristeza y fastidio enormes, se aprecia generalmente que los comentaristas de política apenas describen o chismorrean incesantemente sobre hechos que la ciudadanía conoce. No se aporta solución alguna y, lo que es peor, parece que tolerasen que las cosas sigan tal como están, sin percatarse de lo imprescindible: un cambio substancial del sistema de gobierno, no solo de los gobernantes. Es primordialmente necesario que la nación venezolana sea otra; su idiosincrasia y grado de cultura lo requieren. De lo contrario, los  ensayos de Laureano Vallenilla Lanz agrupados en Cesarismo democrático y otros textos, del primer tercio del siglo XX, se transformarán en lapidarios de la condena a padecer indefinidamente de un “caudillismo disgregativo y anárquico”, como él lo llama y es lo que nos ha venido sucediendo por dos siglos.

El tal gendarme lo ha constituido y lo constituye el patrocinio militar, encabezado por un carismático caudillo que se supone llamado por la Providencia a conducir los ciudadanos, estos, a obedecerlo y a pedirle de todo: simplemente feudalismo en pleno siglo XXI; clientela de la Roma antigua. Aun en los gobiernos civiles reales –pocos– que ha tenido el país, el jerarca civil se ha visto transformado también en caudillo. Conforme a la definición inspirada en Max Weber, Simón Bolívar habría sido nuestro primer gendarme, desplazado por Páez, seguido por los Monagas, resucitado en Gómez y Pérez Jiménez y últimamente redivivo en la excrecencia política que fue Hugo Chávez.

La nación venezolana irrumpió en la historia con una señalada carga de ciudadanía que le marcaron los propósitos de la Declaración y el Acta de la Independencia, perfilados en la Constitución matriz de diciembre de 1811, la tercera federal del mundo y la primera en Iberoamérica. Sin embargo, la propia personalidad del Libertador, su impaciencia, el militarismo y la autocracia de su ideología, así como el cúmulo de circunstancias que se le presentaron en 1812,  lo llevaron a la idea de abrogar de hecho nuestra primera Constitución y la supresión de “la república aérea”, con desdén de toda la construcción que habían hecho los padres de la patria (Bolívar incluido), al conformar y poner en incipiente marcha un proyecto netamente civilístico que, vistos los resultados, pudiera haber tenido otro destino, probablemente más afortunado. Hasta aquí la descripción de lo que todos conocen.

¿Qué pasaría si Nicolás Maduro y su tren ejecutivo renunciaran mañana mismo a las funciones de gobierno? ¿Cómo y entre quiénes se elegiría un candidato para la presidencia de la República? ¿Y si tomado el mando, el flamante mandatario resulta con las mismas intenciones y malas costumbres del gendarme-caudillo-autócrata, que por estos dos siglos ha prevalecido en Venezuela?

El presidencialismo, no debe caber duda, es una de las causas fundamentales del atraso político, social y económico de Latinoamérica. El gendarme-caudillo-autócrata constitucionalmente concentra en sí un inmenso cúmulo de funciones. En estos últimos 17 años hemos observado atónitos la desvergonzada manera de emplear las potestades públicas, muchas veces en fraude a la ley: no ha habido piedra que no haya sido levantada, desde los símbolos patrios hasta el huso horario. Como “los hombres no son ángeles” (The Federalist LI), con tales facultades, hasta el mismísimo Santo Niño de Atocha estaría tentado a transformarse en gendarme-caudillo-autócrata. No se puede continuar así.

Para una inmediata reforma constitucional, que obligatoriamente debe ser llevada a cabo, el poder del presidente de la República debe reducirse substancialmente y la nación avanzar hacia un sistema en el cual, las funciones primordiales hoy atribuidas al Poder Ejecutivo se compartan con el Parlamento y otros entes de la vida de la nación, hacia un sistema semiparlamentario con características locales apropiadas; no nominalmente con designaciones puntuales de funcionarios con mandatos temporales, sino con participación activa y continua en el ejercicio y control de esas tareas, mediante mayorías calificadas y sistemas de frenos y contrapesos “que no conduzcan a la dictadura entre poderes” (The Federalist íd.).

La crisis moral actual impresiona: El ascenso a posibles posiciones de poder de personas inconvenientes a simple vista, miembros de entidades como la directivas del fútbol mundial implicados en perversas iniciativas, cardenales de la Iglesia Católica involucrados en casos de prebendas materiales por abuso de poder, los Papeles de Panamá…

Hay entonces que pensar con seriedad en implantar constitucionalmente un proceso de selección de funcionarios de elección y designación, tal que al menos pueda disminuir cualquier desatino basado en oratoria, cosmética o manejos de opinión, fundamentado en tests psico-técnicos, siempre auxiliados con polígrafo, que aporten alguna base de cierta seguridad, al menos inicial, en las escogencias. Seguramente ni Hitler ni Chávez hubiesen salido airosos de  esas pruebas.

He aquí un listado de funciones que se propone deberían ser disgregadas de las potestades del Poder Ejecutivo, manejadas actualmente por el presidente de la República, órganos que deben suprimirse y una nota para la Asamblea Nacional:

1.- La tesorería nacional; 2.- la estadística nacional; 3.- las relaciones internacionales; 4.- la fuerza armada, su integración y limitación en las funciones civiles de gobierno. La Constitución matriz de 1811 sabiamente dispuso: “178. Una milicia bien reglada, ó instruida, compuesta de los ciudadanos es la defensa natural mas conveniente, y mas segura á un Estado libre. No deberá haber por tanto tropas veteranas en tiempo de paz, sino las rigorosamente precisas para la seguridad del país, con el consentimiento del Congreso”. Venezuela después de la Guerra de Independencia, no ha tenido conflicto armado con los países vecinos…  5.- Los consejos legislativos deben transformarse radicalmente. El parlamento de los estados debe suprimirse en la forma como está concebido y sustituirse por una asamblea constituida por diez alcaldes de los municipios mayoritarios con representación de los minoritarios, con una presidencia de coordinación rotativa, pro témpore y un funcionariado mínimo; 6.- de la nomografía o el arte de redactar o confeccionar las leyes. Debería seguirse el consejo de Jean Carbonnier: “Menos Derecho y más campo a la acción de las costumbres y la moral” (Derecho Flexible: 68) Muchísima legislación de mala factura: sustitución indiscriminada por dispositivos sesgados e injustos en su espíritu, como acontece, por ejemplo, con las leyes arrendaticias y laborales, procesal y sustancialmente defectuosas, que en realidad no han ayudado a ninguna clase social, pero sobre todo que ostentan una mala redacción jurídica e idiomática, reinterpretadas con “la  gran sapiencia” del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional debe procurarse una comisión de estilo que afine y precise el material trabajado en las sesiones y que al expedir o sancionar los dispositivos, estos resulten impecables, tanto en su fondo como en su forma. ¡Basta de los manidos errores de transcripción en las publicaciones oficiales y basta de redacciones con olor isleño, apartadas del tradicional sentido práctico, claro y directo que tenemos los venezolanos!

Lo antes dicho no resuelve todo, pero es un camino que se propone para salir de un sistema de gobierno fracasado, que tiene 200 años malogrando a Venezuela.