• Caracas (Venezuela)

Fermín Lares

Al instante

TSJ

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Chávez no llegó al poder por arte de magia. Todo el mundo sabe que Chávez ganó en 1998 porque la gente estaba harta de la forma como los partidos del estatus venían conduciendo el país. Caldera fue la transición, el último chance que la gente le dio a las élites políticas tradicionales para ver si pasaba algo diferente y como no pasó, o al menos la gente no lo sintió, se decidieron por Chávez.

Con Chávez llegó al poder un buen número de izquierdosos que por años habían hablado de la necesidad de un cambio político radical. Otros apoyaron a Chávez porque creían que había que renovar el sistema, ir más allá de las reformas anteriores, como la descentralización política y administrativa del Estado, poner al Estado más a tono con ciertas realidades. Unos y otros creyeron en la alternativa de la Asamblea Constituyente para alcanzar esos fines. Unos y otros coincidieron en el objetivo de cambiar completamente la Constitución.

El fervor del triunfo de Chávez en 1998 no fue solo por el 56% que obtuvo en la elección. El hombre era avasallante. Pedía asar la cabeza de los adecos. Los medios lo apoyaban. Algunos de los que antes pregonaban la antipolítica también. Los dirigentes políticos tradicionales se encontraban como fuera de base. Permitieron que, sin tener mayoría en el Congreso, uno de los chavistas lo presidiera, aquel Dávila que fue después canciller y se volteó cuando Chávez no lo apoyó en sus aspiraciones gubernamentales en el oriente.

La Corte Suprema de Justicia, la de antes, avaló la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Se hacía lo que Chávez y su gente querían, como si se tratara de un simple cambio de gobierno, un demócrata más, pues. A los pocos meses del triunfo del comandante, la Asamblea Constituyente, esa sí con mayoría chavista, asumió el control total del Estado decretando la emergencia legislativa y asumiendo los poderes atribuidos al Congreso por la Constitución vigente.

Se violó la Constitución de 1961 y se sentaron las bases para que se violara luego la aprobada en 1999. Esta segunda está hoy más llena de huecos que el carro en el que murieron acribillados Bonny & Clyde. La apelación directa al pueblo por parte del líder carismático populista se empezó a imponer por encima de las instituciones.

Apegarse a la ley, a los reglamentos, a un modus vivendi establecido, puede ser, lo ha sido históricamente en muchos casos, un elemento táctico para lograr un objetivo mayor. Los soviéticos promovían de la boca pa’ fuera el pacifismo y buscaban los acuerdos de limitación del desarrollo y despliegue de armas estratégicas simplemente porque Estados Unidos tenía mayor capacidad bélica.

Chávez llegó al poder apegado a la ley y Constitución vigentes. Irrumpió ilegalmente contra el sistema, lo metieron preso, pero logró que el mismo sistema lo perdonara y lo sacara de la cárcel. Se aprovechó de la legalidad democrática para competir en un proceso electoral y obtener la Presidencia, sustituyó la Constitución vigente para dar la sensación de un cambio radical ansiado por la población, y al poco tiempo empezó a irrespetar su propia Constitución.

Es innegable que Chávez también conquistó por bastante tiempo el sentimiento popular. Es común escuchar ahora que si algún valor tuvo su paso por la historia fue el de volcar la atención política hacia los que menos tienen, porque los más pobres sintieron que tenían una voz en él.

Desafortunadamente, Chávez utilizó su carisma y liderazgo para imponer un modelo político populista, autoritario y personalista, con el que progresivamente el Estado fue girando cada vez más en torno a su figura. Nuevamente avasallante e indetenible, sus deseos fueron santa palabra en su partido y en las instituciones de las que su partido y él se fueron apropiando, el Parlamento, el Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral. (Ni hablar de Pdvsa, el Banco Central, el Metro de Caracas, Edelca o la Corporación Venezolana de Guayana, instituciones que eran prestigiosas dentro del Estado. Y mucho menos de la economía, que es hoy el verdadero y literal pan de cada día.)

En medio de ese progresivo y abrumador apabullamiento político, en el que no queda en pie ni un parapeto institucional dominado por el poder central que funcione, con una Fuerza Armada que ahora grita loas al comandante eterno y la ley no sirve para encarcelar a los malandros, grandes o pequeños, sino a la disidencia opositora, pues no queda otra que desarrollar una estrategia pacifista, constitucional y electoral para reconquistar la democracia. El Estado ha sido tomado. El Estado de Derecho se ha dejado de lado.

Pero ahora, lo que tiene que cambiar para siempre es no seguir con el mismo jueguito. No queda otra que el camino constitucional, pacífico y electoral; pero al reconquistar la democracia, hay que continuar con el mismo camino, el mismo norte, para mantenerla.

El Acuerdo para la Construcción y Ejecución de la Agenda del Cambio desde la nueva Asamblea Nacional, publicado por la MUD a propósito de las próximas elecciones parlamentarias, señala:

“Impulsaremos la renovación de los integrantes del CNE y del TSJ, mediante la designación estrictamente apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de los cargos vacantes o vencidos en ambas instituciones. Revisaremos toda designación realizada mediante mecanismos distintos previstos en la carta magna”.

La nueva Asamblea Nacional debe renovar el año próximo un mínimo de 12 jueces que fueron designados por un período de 12 años cuando se reestructuró el Tribunal Supremo en 2004. Aunque no suene muy pragmático, lo que debe hacerse primero es derogar esa ley, que a pesar de ser una ley orgánica, clave para organizar los poderes públicos, se aprobó con mayoría simple, sin el voto de las dos terceras partes que exige el artículo 203 de la Constitución.

Ese fue el primer gran zarpazo contra la democracia, el que llevó a las múltiples decisiones arbitrarias, ilegítimas, bizarramente antijurídicas, que han endosado cuanta barbaridad se le ocurre al régimen, y atentado contra todas las libertades públicas, por acción u omisión, desde el alto tribunal y especialmente desde su llamada Sala Constitucional.

Empecemos por hacer que impere la ley, regresemos al cumplimiento de la norma, para ver si llegamos al fin a algún lado.