• Caracas (Venezuela)

Fermín Lares

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Fermín Lares

Decepción

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Decepcionada se muestra la norteamericana secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson. Hablar de decepción quizás sea un eufemismo, debido a su condición de diplomática. Probablemente, lo que está es bien molesta por la reacción de los gobiernos latinoamericanos frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos a un grupo de militares y una fiscal venezolanos, considerados por ese país, como corruptos y violadores de derechos humanos.

La frustración de la señora Jacobson es posible que tenga que ver también con las preguntas de sus superiores, Kerry y Obama, sobre esta reacción de los líderes latinoamericanos. ¿Qué pasó? ¿No se podía prever eso?

El régimen bolivariano se anotó un gol indiscutible en esta competencia internacional. Hasta reconocidos analistas de los asuntos hemisféricos –por ejemplo, los del centro de reflexión washingtoniano, Diálogo Interamericano– han cuestionado el vocabulario utilizado por Estados Unidos al emitir su decreto sancionatorio (aunque es justo aclarar que enjuician las palabras que dieron pie a la jugada propagandística del régimen, mas no el contenido del decreto). Habrá que esperar hasta el fin de semana, cuando se celebre la VII Cumbre de las Américas, para ver cómo termina el juego, quién sale ganando, e incluso si se jugará un sobre tiempo.

El régimen logró que se vieran las medidas emitidas por el presidente Obama como “una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, tal como lo declaró Unasur, un organismo que reúne a los 12 países de la región suramericana. La Celac, que agrupa a todos los países latinoamericanos y del Caribe, de México para abajo, incluyendo los angloparlantes, expresó su “rechazo a  la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional” y hasta consideró que el decreto estadounidense debería ser revertido.

La señora Jacobson dijo en un evento en la Institución Brookings, otro centro de estudios políticos de Washington, que el “tono que están usando ahora los líderes (latinoamericanos) demoniza a Estados Unidos, como si fuera la fuente de los problemas de Venezuela, cuando no lo somos”.

Días atrás, cuando la canciller venezolana se presentó en la OEA para exponer el caso de la supuesta injerencia gringa en los asuntos internos venezolanos, el representante de Estados Unidos en el organismo, Michael J. Fitzpatrick, explicó que debido a que el decreto de Obama se apoya en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la orden ejecutiva debía incluir la referencia a “una amenaza extraordinaria e inusual a Estados Unidos” para poder activar las medidas contempladas contra los funcionarios gubernamentales venezolanos. Incluso citó casos en los cuales este lenguaje ha sido utilizado en el pasado, al tomar Estados Unidos otras medidas relacionadas con Colombia y México (sin que hubiera ocurrido la alharaca del régimen venezolano).

“La decisión del 9 de marzo debe leerse en su totalidad, para apreciar completamente que (se) está ejerciendo un derecho soberano de proteger las prerrogativas de inmigración de Estados Unidos, en casa, y proteger el sistema financiero norteamericano de inversionistas no deseados”, dijo el embajador Fitzpatrick. “Simplemente queremos impedir que unos individuos venezolanos, que creemos han violado los derechos humanos de otros venezolanos, viajen a Estados Unidos o coloquen su dinero en nuestro sistema financiero”.

Los norteamericanos han dado estas explicaciones desde el mismo día en que se emitió el controversial decreto y ni los dirigentes opositores venezolanos les prestaron atención –al menos de acuerdo con la declaración oficial de la MUD y de su fracción parlamentaria–, así que mucho menos lo iban a hacer los líderes de otros países, cuyas velas en este entierro son las de aprovecharse de las políticas populistas antiimperialistas del régimen para su propio beneficio.

Brasil ganó mucho con los contratos a dedo de Chávez para la Odebrecht en obras claves de construcción (Metro de Caracas, puente sobre el Orinoco, etc., etc.). Colombia trae a Venezuela muchas de las cosas que se han dejado de producir en el país, que, de paso, ahora representa una suerte de zona franca para los colombianos, pues revenden allá, a precio de mercado, productos básicos que se consiguen (con cola o sin ella) a precio regulado más acá de Cúcuta. Los argentinos no olvidan la compra de bonos chimbos que una vez ordenó Chávez y los maletines llenos de dólares para la campaña de Cristina. Los caribeños y centroamericanos, cubanos incluidos, todavía cuentan con los subsidios de Petrocaribe, y la recompra de sus deudas con Venezuela a un acreedor casi quebrado. Cuba hasta vende parte del petróleo que Venezuela le da a cambio de sus asesorías y servicios médicos. Y pare usted de contar.

Estados Unidos decidió sus medidas y nunca se discutió internamente en Venezuela si los sancionados son responsables de violaciones de derechos humanos o tienen realmente cuentas en el exterior, por sus honrosos servicios. Nadie pidió al régimen que utilizara sus recursos de Estado, con la Contraloría y la Fiscalía a la cabeza, para verificar la certeza de las acusaciones norteamericanas. Ese hubiera sido otro debate. El régimen la tuvo fácil.

Los titulares de prensa de febrero y marzo de 2014 aludían a miembros de colectivos armados y militares reprimiendo a manifestantes, a denuncias de torturas, a asesinatos con tiros en la cabeza. “No recuerdo un cuadro de acompañamiento tan sistemático entre grupos paramilitares en combinación con efectivos de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad del Estado”, resaltó en su momento Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Eso pertenece al pasado.

“Nosotros creemos –dijo el embajador gringo ante la OEA– que hablar en defensa de los derechos humanos no es igual a subversión o a intervenir en los asuntos soberanos de otro Estado”. Esta posición impedirá la derogatoria del decreto estadounidense solicitada por la Celac. Es un problema de principios en el que los norteamericanos no van ir pa’lante y pa’trás. ¿Qué es lo que quieren los gobiernos latinoamericanos que se derogue, lo de la amenaza o la acusación a los funcionarios?

La posición de los ex presidentes de la región en solidaridad con los presos políticos venezolanos, y particularmente en pro de la liberación de los más prominentes, Leopoldo López y Antonio Ledezma, alienta la esperanza en que de los países hermanos pueda surgir un respaldo efectivo al restablecimiento de la democracia en Venezuela y que desde el Estado se deje de perder el tiempo en peleas infructíferas con el llamado imperio. El momento de hoy es para otras cosas. La decepción no es del cien por ciento.