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Se espera que la ley orgánica de cultura se sancione hoy

Tulio Hernández, María Corina Machado, Luis Barragán y Nicomedes Febres hablaron en el Ateneo de Caracas de sus críticas al instrumento | FOTO Jesús Ruiz

Tulio Hernández, María Corina Machado, Luis Barragán y Nicomedes Febres hablaron en el Ateneo de Caracas de sus críticas al instrumento | FOTO Jesús Ruiz

A pesar de consultas populares que duraron más de dos meses, el marco legal podría aprobarse sin consenso entre el sector y el Gobierno

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La premura marca la discusión del proyecto de ley orgánica de cultura en la Asamblea Nacional. El martes se aprobaron 14 artículos de los 33 que tiene el instrumento y hoy se espera que se sancione el resto.

Desde 2005 la discusión del proyecto de ley permanecía estancada, pero en los últimos 2 meses la Comisión Permanente de Cultura y Recreación del Parlamento aceleró el proceso. Entre junio y julio el marco legal –que incluye 44 artículos, 1 disposición transitoria, 5 disposiciones finales y 1 derogatoria– se sometió a consultas públicas en todo el país y a mesas de trabajo –una de ellas con el Ministerio de Cultura– y finalmente se eliminaron 7 artículos, por lo cual son 33 los que se debaten en la Asamblea.

El mismo martes, mientras se discutía en el órgano legislativo, miembros del Polo Patriótico todavía hacían recomendaciones sobre la redacción de algunos artículos. Ayer, en el seno de la Comisión de Cultura y Recreación, aún se debatía si se introducía o no en las disposiciones generales la definición de “cultura popular”.

El informe de asistencia de los miembros de la Comisión de Cultura a las consultas públicas leído ayer evidenció que el peor récord lo tienen los diputados de la oposición, a excepción de Luis Barragán.


Ley bajo la lupa. El diputado Barragán, su colega María Corina Machado, el sociólogo Tulio Hernández y el galerista Nicomedes Febres se reunieron en el Ateneo de Caracas ayer para manifestar sus críticas e inquietudes sobre la ley.

Barragán habló en contra de la premura con la que se está debatiendo y el partidismo que habría privado en el proceso de consulta. Hernández se refirió a la “inconsistencia conceptual” del texto y al carácter estatista que excluye la participación de la sociedad civil y del sector privado en la gestión y producción cultural. “Esta ley posee seis grandes omisiones. No habla de las industrias culturales ni de la cultura digital. Tampoco se refiere al Plan Nacional de Cultura que haga evaluable cualquier gestión en el área. Asimismo, ignora el importante papel que ha tenido el mecenazgo en Venezuela. Pero lo más grave es que asume a la cultura popular como la única constitutiva de nuestra identidad”, dijo. Agregó que el documento no traduce los artículos de la Constitución que garantizan el carácter libre de la producción cultural y el reconocimiento de la diversidad como uno de los elementos clave para su desarrollo.

Febres teme que la aprobación del instrumento limite las posibilidades de desarrollo individual de los artistas. Por último, Hernández señaló que lo más preocupante de la ley es que no legisla: “Es un texto ambiguo, para permitirle a los gobiernos de turno su implementación arbitraria”.


Fondo sin fondo

En los artículos 30 y 31, la ley estipula la creación de un fondo nacional para la cultura, constituido por donaciones realizadas desde los ámbitos público y privado. El Informe para Segunda Discusión distribuido el martes en la plenaria de la Asamblea incorporó esos puntos, que no se sometieron a consulta popular sino que se discutieron con miembros del Ministerio de Cultura. Según el texto, las personas naturales y jurídicas privadas cuya utilidad neta anual supere las 20.000 unidades tributarias –cerca de 2,14 millones de bolívares– estarán obligadas a aportar 1% de sus ganancias al fondo. “A esto nos referimos con la corresponsabilidad en cultura”, aclara Gladys Requena, presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Además, las organizaciones culturales deberán aportar por las actividades que generen lucro 1% de sus ganancias.