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“La cultura no puede ser monopolizada por el Estado”

Diana López, directora de Cultura Chacao / Manuel Sarda

Diana López, directora de Cultura Chacao / Manuel Sarda

La artista visual piensa que debió darse un debate más amplio en el sector antes de aprobar el documento, y que el nuevo impuesto representa un problema y no una oportunidad 

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Diana López cree en la descentralización como vía para lograr una mejor gestión cultural. La directora de Cultura del municipio Chacao pone como ejemplo buena parte de las ciudades latinoamericanas, como Buenos Aires, Brasilia, Rosario, Río de Janeiro y Medellín, donde los municipios tienen una importancia vital en la creación y fortalecimiento de plataformas culturales. Su lista incluye también a las ciudades venezolanas, pero piensa que la nueva Ley de Cultura podría afectar ese desarrollo a nivel local, por su carácter centralista.

–¿Cómo quedan los municipios en el nuevo marco legal?

–Quisiera hablar primero de cómo ha evolucionado la figura de los gobiernos locales en la gestión cultural. En Venezuela tenemos también estas experiencias. A partir de los años noventa, con la descentralización, los municipios fueron tomando un papel más importante y la cultura se vio beneficiada. Me refiero con esto a que hubo un desarrollo cultural, se creó una infraestructura, una programación, se fortaleció la formación en las escuelas. En ese sentido Chacao ha aportado bastante y hoy en día podemos ver que hay un centro cultural, una biblioteca y una programación en el espacio público. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros de la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional? Que el documento habla 70% del Estado central, siempre se refiere al órgano rector, al Ministerio de Cultura, y deja de lado totalmente a las gobernaciones y municipios como entes generadores de cultura. Eso a nosotros nos tiene muy inquietos, porque la cultura no puede ser monopolizada por el Estado. Es importante revisar la Constitución, que resalta a la cultura como uno de los derechos fundamentales de los venezolanos y la equipara con el derecho a la vida, a la educación, a la salud o a la justicia social. Contiene cuatro artículos que son muy claros y que principalmente enuncian hacia dónde debería haber ido la ley. Esto tiene que ver con los derechos culturales, el derecho a la libre creación y el libre acceso a los bienes culturales. La ley no se enfoca en esos derechos, más bien se centra en el papel del Estado. Otra de las fallas tiene que ver con lo que dice la Constitución en su artículo 100, acerca de que el Estado tiene que garantizarle a los trabajadores y trabajadoras culturales la incorporación al sistema de seguridad social.  Eso no está desarrollado por la ley y tiene muy preocupado a todo el sector, porque esa es una deuda que se viene acumulando desde hace mucho tiempo y no ha sido saldada.

–¿Hay algún aspecto rescatable en el texto?

–Quizás algunos de los términos que hablan de diversidad cultural, sobre la que la Unesco hizo una declaración en 2005. Lo importante es ver qué entienden nuestros legisladores por diversidad cultural, que no es solamente las culturas populares sino todo el entramado y el tejido social, que va desde las culturas indígenas y afroamericanas hasta las culturas juveniles y las nuevas tecnologías.

–Uno de los puntos más controversiales es la creación de un fondo que va a pechar a las empresas privadas con 1% de sus ganancias. Ese fondo, en teoría, será administrado por el Estado.

–Gestores, sociólogos, artistas, creadores y representantes de instituciones participamos en las discusiones previas a la ley, que está en el tapete desde 2011. Durante tres meses se hizo una consulta pública en los estados. Asistimos a esas reuniones, ofrecimos nuestros planteamientos. Por ejemplo, faltaban ciertas definiciones que se incorporaron. Sin embargo, el artículo 31 no aparecía. Siendo un artículo tan importante, que afecta el financiamiento del sector, debió haberse discutido. Más allá del impuesto de 1% nos preocupa la creación del fondo y cómo se utilizarán sus recursos. Actualmente tenemos el ejemplo de la Ley de Cine y Fonprocine; en el CNAC participan distintos actores, no solamente el Estado central sino también organizaciones vinculadas con la industria cinematográfica. Pensamos que ese sería un modelo adecuado para la administración de un fondo como el que está planteado. Con respecto a la creación del impuesto de 1%, estudiando otras experiencias, como la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos hemos dado cuenta de que ese tributo tuvo un impacto muy negativo. Antes de la implementación del impuesto había un gran apoyo desde la empresa privada para la investigación y el desarrollo de proyectos científicos en nuestro país. A partir de la aplicación del instrumento, disminuyó en 60% y 70% la inversión destinada a ese sector. Ello tiene una gravedad enorme para el desarrollo de las ciencias en Venezuela. En ese sentido, vemos como un riesgo el nuevo impuesto.

–¿Pero podría ser una oportunidad si se logra que se administre de manera plural?

–Eso habría que estudiarlo. Por eso creo que la ley debería entrar en nuevas discusiones. Debería ser revisada por la manera en que está redactada y por todas estas debilidades que he ido enumerando.

–Usted está vinculada con el sector de la plástica y el Centro Cultural Chacao cuenta con un espacio dedicado al arte contemporáneo, como La Caja. ¿Son las artes visuales una de las parcelas más vulnerables, junto con las artes escénicas?

–Creo que todos los sectores son vulnerables en el marco de esta ley centralista, porque se trata de un documento discrecional. Depende de quién sea el ministro, de quién esté en ese equipo para que se apoyen o no diversos proyectos. No hay reglas claras para apoyar las distintas manifestaciones, además de que en uno de sus artículos el instrumento se refiere a la creación de más instituciones. Eso es preocupante, porque históricamente tenemos un desarrollo de instituciones muy importante en el país que apoyan las diversas áreas, sean las artes escénicas o la literatura o las artes visuales. Pero vemos que esto es obviado y se habla de crear otros entes. ¿Por qué no hablamos más bien de apoyar y reforzar las instituciones que ya existen?

–Viene la fase de redacción del reglamento. ¿Habrá otras consultas públicas? ¿Está previsto un mecanismo de participación?

–Debería existir algún tipo de mecanismo, pero no tenemos ninguna información sobre el tema. Cuando uno piensa en el papel del Estado y de los gobiernos, sean nacionales o locales, es que son los que deben generar los espacios para el debate, el diálogo y la participación. Y hemos visto cómo desde nuestra Asamblea Nacional quienes han llevado esta ley lo han hecho, pero de una manera acomodaticia a sus necesidades y sus propuestas. No se ha generado un debate realmente necesario. Aquí hace falta un gran congreso nacional en el que estemos representados todos los actores y se pueda realmente debatir. En nuestro país ese debate no se ha dado. Habría que empezar por allí y hacerlo de manera incluyente y no solamente con los sectores afectos al Gobierno. Esa es la gran debilidad.