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A la Ley de Cultura le faltan definiciones

El documento hace hincapié en las  manifestaciones populares tradicionales y casi no se ocupa de las urbanas | Foto Francesca Commissari

El documento hace hincapié en las manifestaciones populares tradicionales y casi no se ocupa de las urbanas | Foto Francesca Commissari

Hasta el 22 de julio hay tiempo para que los venezolanos propongan cambios al marco jurídico

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Las consultas públicas sobre el proyecto de Ley de Cultura comenzaron en Caracas y ayer se reunieron miembros del sector para analizarlo en la sede de la Fundación Bigott de Petare.

Se discutió sobre la falta de amplitud del texto, que parece dirigirse sólo a los creadores sin aludir al derecho al acceso a la cultura de los ciudadanos. Las culturas populares, dijeron, parecen interpretarse como manifestaciones de las tradiciones sin incluir las urbanas. Se habló también de las zonas de interés cultural, un concepto nuevo de la ley que lejos de preservar las manifestaciones de ciertas comunidades podría terminar convirtiéndolas en lugares detenidos en el tiempo. Algunos se quejaron de que el documento se refiere a un “órgano rector” que no se ha identificado aún. Otros mencionaron que la ley no establece incentivos a la producción ni se refiere a las industrias culturales, como tampoco a las competencias del sistema cultural ya existente, por ejemplo el papel del Ministerio de la Cultura y sus plataformas en el desarrollo de las políticas del sector.

 

Disquisiciones. La académica Gisela Kozak recomendó que se utilizara la definición de cultura de la Unesco que el país, como miembro del organismo multilateral, ha suscrito en pactos internacionales. Tachó de etnocéntrica la definición de identidad cultural del proyecto por referirse a las culturas afrodescendientes e indígenas, dejando de lado el aporte de los grupos de inmigrantes.

Daniel Benítez, cultor de la localidad de Tarma, en el estado Vargas, expresó su preocupación porque la ley estipula la creación de misiones culturales y se refirió a la necesidad de proteger las manifestaciones ya existentes. “En los pueblos hay gremios y sociedades que se dedican a proyectos culturales y son ellos los que deben aprobar estos planes en una comunidad; si yo, por ejemplo, quiero hacer un taller sobre los diablos danzantes de Tarma, no me voy a dirigir a la comunidad de Tarma sino a los propios promotores de esta manifestación, que son los que estarían directamente afectados por el taller”, expresó.

El abogado Ignacio Pagés señaló que la declaratoria de obras de “interés público del patrimonio cultural de la nación”, expresada en el artículo 19, podía interpretarse como un paso previo a la expropiación y propuso la denominación “interés cultural”.

La consulta pública es la tercera fase del proceso de discusión de la ley que ya va por su séptima versión. La próxima reunión será el jueves 11 de julio en el mismo lugar y es abierta. Hasta el 22 de julio se recibirán las propuestas.

 

EPÍGRAFE

“En los pueblos hay gremios y sociedades que se dedican a proyectos culturales y son ellos los que deben aprobar estos planes en una comunidad”

Daniel Benítez, cultor de la localidad de Tarma