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“No hay antecedentes en la suspensión de canales por suscripción”

Gustavo Hernández afirma que las televisoras privadas tienen la obligación de transmitir las noticias sin censura

Gustavo Hernández afirma que las televisoras privadas tienen la obligación de transmitir las noticias sin censura

La semana pasada el gobierno ordenó sacar del aire a NTN24 y el jueves advirtió a CNN en Español 

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Desde hace dos semanas las protestas en Venezuela han acaparado los noticieros de varias señales internacionales. Sin embargo, en las televisoras del país son pocos los minutos que se dedican a la cobertura de estos acontecimientos. Estas plantas ni siquiera han considerado los avances informativos o pases en caliente. Globovisión, por ejemplo, de acuerdo con su nueva línea editorial, el 12 de febrero optó por transmitir programas de variedades mientras se registraba el ataque a los manifestantes, pese a los reclamos de sus periodistas.

Esa misma semana, con el argumento de que la información sobre las protestas genera zozobra -establecido en el numeral 3 del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos- el gobierno ordenó a las cableras que sacaran del aire la señal de NTN24 y el pasado jueves el presidente Nicolás Maduro amenazó con la misma medida a CNN en Español.

Gustavo Hernández, investigador y ex director del Ininco, señala que no hay precedentes en la suspensión de canales de televisión por suscripción y que los periodistas tienen una responsabilidad ética de transmitir información confirmada, que contribuya al pacto democrático. Destaca que las televisoras privadas tienen la obligación de transmitir las noticias sin censura.

—¿Cómo y quién decide cuándo una información genera zozobra?

—La responsabilidad social del comunicador indica que la información sesgada puede generar angustia y gran preocupación en la colectividad cuando esta no ha sido confirmada ni verificada, o cuando se consiente el anonimato como forma de expresión y no se pondera lo que está ocurriendo en la cotidianidad. En términos pedagógicos se sugiere tomar en cuenta estos factores para comprender la información que se difunde en medios masivos e Internet: ¿quién comunica y para qué?, ¿cuál es el contexto sociopolítico y cultural del mensaje?, ¿cuál es la intencionalidad de reiterar esa información?, ¿por qué estamos de acuerdo o no con el mensaje?

—¿Existen precedentes de este tipo de censura en América Latina? ¿Algún otro gobierno ha ordenado la salida del aire de algún canal internacional, como es el caso de NTN24 en Venezuela?

—No hay antecedentes en la suspensión de canales por suscripción en la región. No obstante, recordemos que durante el gobierno de Fujimori se restringió la libertad de información y de opinión, lo que incluyó la confiscación de los medios de comunicación. Y el caso actual de las presiones políticas a los medios en Argentina.

—Sin violar la ley, ¿cómo se puede cumplir con el mandato constitucional de brindar información oportuna?

—Nunca perder de vista que existe un factor importante de orden ético que compete a los periodistas y que consiste en no declinar ante lo que establece la Constitución en referencia a la libertad de expresión y de opinión. Hoy más que nunca es necesario difundir información veraz que fortalezca la convivencia democrática.   

—¿Cuál debe ser la respuesta de los ciudadanos ante la autocensura? ¿Cuáles deben ser las exigencias a los medios radioeléctricos?

—La Constitución rechaza la censura en todas sus manifestaciones. La democracia cobra mayor vigencia y por ende es aún más perfectible cuando participan múltiples opiniones. Por eso siempre se ha insistido desde la academia y desde la sociedad civil organizada en servicios públicos no gubernamentalizados.  De igual forma, los medios privados deben garantizar la información libre, plural y veraz en este momento crítico que vive Venezuela. Otra de las exigencias radica en deslindar el consejo directivo de Conatel y el directorio de Responsabilidad Social de la Presidencia de la República para que los ciudadanos puedan participar, sin mediación política alguna.

—¿Cómo informar a quienes no tienen acceso a Internet ni a las redes sociales?

—Hay que invocar hasta el cansancio lo que establece la Constitución en sus artículos 57 y 58. Todos tenemos derecho de expresar libremente nuestros pensamientos a viva voz o por cualquier medio de comunicación libre y plural. Por otra parte, el acceso a las redes sociales no garantiza la información veraz. Hay que tener cuidado con esto: es un tema ético sumamente interesante, pues el flujo de información que circula por Internet requiere de preparación cultural por parte del usuario para que aprenda a discriminar entre lo que es verdadero y lo que es falso en ese medio de alcance global. En definitiva, hay que educar sobre Internet, tarea que ha asumido el Ininco de la UCV desde 1990. De igual forma, corresponde al ciudadano que tiene acceso a la información orientar a aquellos que no tienen posibilidad de participar en las redes sociales.