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Justicia absuelve al bailaor Joaquín Cortés de supuesto robo a inversores argentinos

Joaquín Cortés/ EFE

Joaquín Cortés/ EFE

La Audiencia Provincial de Madrid determinó que el artista no estuvo involucrado en una estafa que habría perjudicado a unos empresarios trasandinos

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El bailaor español Joaquín Cortés, su hermana Mariana, y su exapoderado Alfonso Durán, fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid por la supuesta apropiación de más de 600 mil dólares que pertenecían a unos inversores argentinos, quienes los habían aportado para un centro cultural dedicado al flamenco en Madrid.

La sentencia de la sección 23 de la Audiencia madrileña absuelve a los tres acusados de los delitos continuados de estafa y apropiación indebida en su modalidad de administración desleal.

En el juicio, que se celebró el pasado mayo, el artista -para quien la Fiscalía pidió su libre absolución- dijo que no tenía "nada que ver" con una sociedad creada por tres inversores argentinos para poner en marcha un centro de ocio dedicado al flamenco en un emplazamiento céntrico de Madrid.

El juicio se celebró el pasado 24 de mayo, después de que una sentencia dictada por el juzgado número 29 de Madrid fuese anulada por la Audiencia Provincial de Madrid por defectos de forma.

En esa sentencia se condenaba a un año de prisión al bailaor, así como a su hermana y a Alfonso Durán, al considerar probado que en 1998 destinaron la inversión de casi cien millones de pesetas (unos 600.460 dólares) de los empresarios argentinos a otros fines.

La nueva sentencia conocida hoy considera que de las pruebas practicadas no se puede concluir "que concurran todos los requisitos del delito de estafa" del que se acusaba a Cortés, a su hermana y a su exapoderado, y recuerda que los denunciantes tenían un restaurante flamenco en Brasil de similares características, por lo que "conocían la clase de negocio" que les propuso el bailarín.

Según el fallo, los hechos probados no son constitutivos del delito de apropiación indebida que se imputa a los acusados por apropiarse de fondos aportados por la sociedad G.Export al "Proyecto Gitana", y pone de manifiesto el "escollo" que supone para la investigación el hecho de que no conste escritura pública de constitución de la sociedad ni los estatutos que han de regir su funcionamiento.

Los datos obtenidos en el juicio "impiden declarar probado" que los acusados se apoderaran del dinero que les imputan los querellantes "ni que efectuaran una administración desleal", por lo que la Audiencia considera que son cuestiones que se deben resolver "por otra vía que no sea la penal, prevista para el reproche y castigo de lo que son verdaderas conductas delictivas".