• Caracas (Venezuela)

Emilio Nouel V.

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Los “pagarés” de Bandagro, otro capítulo de la corrupción chavista

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Por casualidades de la vida profesional, en los primeros años de los noventa del siglo pasado me tocó participar de la liquidación de Bandagro, ente financiero estatal que, como casi todos los especializados en el sector agrícola en nuestro país, han corrido, en general, con la mala suerte de una gerencia politizada e indolente que los ha quebrado a todos.

Aparte de que nos enteramos, in situ, de cómo se habían manejado estos asuntos financieros y de lo maula que eran muchos de los beneficiarios del campo, amparados siempre en sus complacientes contactos políticos y en el manirrotismo estatal, nos topamos con el tema de unas “promissory notes” (pagarés), que supuestamente habrían emitido los responsables del banco, años antes.

Estos documentos estarían “reconocidos” por el Ministerio de Hacienda de la de la época del presidente Luis Herrera C., que era falsa.

Si mal no recuerdo, nos enteramos del asunto porque recibimos una comunicación de unos personajes extranjeros que estaban exigiendo el pago de tales compromisos. Por cierto, contrataron a algunos abogados venezolanos a efectos de que hicieran las gestiones de cobro, dos de ellos, por cierto, yo conocía.

Inmediatamente, el presidente de la Junta Liquidadora me encarga del caso para que haga las averiguaciones correspondientes. No era un asunto de poca monta, eran cientos de millones de dólares, que presuntamente el banco debía.

Para no hacer este relato muy largo, la conclusión a la que llegamos, incluso asistidos por organismos de inteligencia policial nacional (PTJ) e internacional, fue que la operación se fundamentaba en documentos fraguados por delincuentes internacionales en comandita con algunos nacionales. Estaba entonces preso uno de ellos en Inglaterra por estafa.

Supimos entonces que el requerimiento de cobro venía de alguien que estaba en Estados Unidos, creo, si la memoria no me falla, en Los Ángeles.

Como quiera que la “promissory note” que nos habían presentado para el cobro era una fotocopia, aconsejado por la PTJ pedí el original, a lo cual me respondieron que si quería verlo ellos me podían pagar el pasaje a Los Ángeles, y allí podría constatarlo, invitación esta que, por supuesto, no acepté.

Ya en ese momento sabíamos que era un fraude. Los abogados venezolanos que se habían entrevistado conmigo se dieron cuenta de que  estaban siendo utilizados y desistieron inmediatamente del asunto.

El asunto se olvidó entonces, después de que el Estado venezolano pudo determinar qué era lo que estaba detrás de la “operación”.

Pasaron unos años, vino un nuevo gobierno a mediados de los noventa, y de nuevo me entero, por casualidad también, gracias a un amigo, de que había una nueva gestión de cobro de los pagarés fraudulentos. Otros abogados venezolanos habían sido activados en la gestión de cobranza.

Mi amigo, a sabiendas de que unos años antes había estado en Bandagro, me consulta el asunto. Le refiero entonces la historia que narré más arriba, la cual él desconocía. La gestión, tengo entendido, de nuevo, se cae y se “olvida”.

Llegamos así al gobierno chavista, y cuál es nuestra sorpresa: los pagarés de Bandagro saltan nuevamente a la palestra pública.

Tenemos conocimiento, ahora por la prensa, de que han aparecido unos dictámenes de la Procuraduría General de la República y/o de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Hacienda, relacionados con las “promissory notes” de Bandagro. La procuradora general, Marisol Plaza –¡insólito!– reconoce la deuda.

Era ya el tercer gobierno en que se pretendía cobrar tales “obligaciones”. Habían fracasado en los cobros anteriores, y ahora iban a por otro.

No era descartable que en esta oportunidad sí encontrarían terreno propicio para su estafa. Y no se equivocaron.

El gobierno revolucionario, que había llegado como el paladín de la lucha anticorrupción, por acto de uno de sus más altos funcionarios, reconocía la deuda espuria.

Ahora, con base en ese reconocimiento oficial, los tenedores de los pagarés dispondrían de un instrumento que apuntalaría sus pretensiones en un juicio eventual, como, en efecto, ocurrió.

No conozco las interioridades del juicio actual, que llegó a una Corte Federal. Solo sé lo que reseñan los medios.

El gobierno ha tenido que pagar, en su defensa, unos cuantos millones de dólares a unos abogados de Estados Unidos y sus socios venezolanos. Y si pierde el juicio –ojalá no– serán cientos, que se sumarán a la deuda de la nación.

Queda solo preguntarse: ¿dónde están los funcionarios que dieron el argumento (reconocimiento de la deuda) a los demandantes y causaron tal perjuicio a la nación? ¿Les siguen algún juicio de responsabilidad civil, administrativa o penal? ¿Qué ha hecho el gobierno al respecto? ¿Y la fiscal general? ¿La Contraloría General? ¿Y la Asamblea Nacional? Parece que poco o nada.

Los gobiernos de la denostada democracia civil no permitieron que esto llegara al extremo que estamos viendo. Una vez más, el flagelo de la corrupción causa un perjuicio material y moral a todos los venezolanos. Y en esta ocasión, de la mano de la revolución chavista.