• Caracas (Venezuela)

Emilio Nouel V.

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El decreto y el mono con ametralladora

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Cómo no decir nada acerca de ese monumental bodrio que es el decreto de emergencia económica, ideado por el gobierno nacional para enfrentar –supuestamente– la crítica situación del país.

Como es su costumbre, ha montado un tinglado innecesario para darle un toque de solemnidad a una iniciativa que no requiere tanta parafernalia legal. Pero estamos frente a un gobierno que ha vivido de gestos, retóricas y acciones tan efectistas como inútiles. Pero con peroratas y proclamas el pueblo no va al mercado.

Siguen pretendiendo engañarnos. Quieren que creamos que están poniendo todo su empeño en resolver el desastre generado por ellos mismos, pero atribuyéndolo a otros actores o factores, a una fantasiosa “guerra económica”. Como si ellos no tuvieran 16 años gobernando sin restricciones y contrapesos, cometiendo desmanes contra nuestra economía.

Basta leer los considerandos del instrumento jurídico con el que buscan dar fundamento a las medidas que van a tomar, para percatarse de que no saben o no quieren reconocer las verdaderas causas de la debacle actual.

Esconder las razones o desviar la atención sobre lo que realmente nos trajo a este tremedal conducirá a soluciones equivocadas. 

De arrancada, el decreto en cuestión parte mal desde su motivación. En su contenido no reúne los presupuestos que exige la Constitución. Está plagado de errores de forma y unas cuantas deficiencias jurídicas.

Para cualquiera con dos dedos de frente está claro que ese decreto es redundante, inútil. El gobierno dispone ya de las competencias indispensables para enfrentar la crisis, sin tener que echar mano a esas facultades genéricas, omnímodas y atentatorias contra las libertades.

El país está a punto del colapso económico. Las medidas que anuncian algunos ministros, que recibimos a beneficio de inventario, de tomarse de verdad, podrían tener su efecto en el mediano y largo plazo.

Otras son urgentes, no esperan más dilaciones, e imponen acuerdos políticos entre la mayoría del país representada por el Parlamento y la minoría que está en el Poder Ejecutivo.

En los términos en que ha sido presentado el decreto, a la oposición no le queda otra que rechazarlo.

Es un atentado a los derechos de los venezolanos. Y es como entregarle a un mono una ametralladora. El perjuicio que puede causar, vista la experiencia de los últimos años, será aún más irreparable.

El gobierno, si tiene la voluntad de dialogar y disposición a cambiar el curso demencial en que ha metido a Venezuela, debería por comenzar a dejar sin efecto ese desaguisado.

Si de lo contrario se mantiene en sus trece, no serán los civiles –de oposición y de gobierno– los que den punto final a esta deriva hacia el barranco.

La salida será la peor, las más indeseable, la más dolorosa.