• Caracas (Venezuela)

Emilio Nouel V.

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Gobierno venezolano, en el banquillo internacional de los acusados

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De hecho, ya se está aplicando, en su primera fase, la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela.

Las gestiones diplomáticas que se iniciaron a través de Unasur, detrás de las cuales hay contactos informales con Estados Unidos y otros actores que las auspician, forman parte del entramado que está en desarrollo.

He dicho que el solo hecho de que en la OEA se haya ventilado el caso venezolano en los términos en que lo hemos observado es ganancia para las fuerzas democráticas. En otros tiempos hubiera sido impensable, aunque las circunstancias actuales de gravedad de la situación política y económica son más notorias que antes.

En relación con la CDI es conveniente recordar que en caso de que hubiesen los votos suficientes para sancionar al gobierno venezolano, la punición mayor sería la de suspender la membresía de Venezuela en la OEA y nada más. Obviamente, esa medida extrema sería un duro golpe político y moral para el gobierno, cuyos efectos negativos no solo lo alcanzarían a él, también al país en su conjunto. Pero conocemos la experiencia reciente de Honduras y qué fue lo que pasó.

En cualquier caso, activar la aplicación de la cláusula democrática de la OEA, como en teoría pudiera ocurrir el próximo 23 de junio, requeriría, en primer lugar, porque así lo establece la norma, unas gestiones diplomáticas previas antes de adoptar eventualmente la sanción mencionada.

El artículo 20 de la CDI dispone que el Consejo Permanente (CP), “según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Si tales gestiones fueren infructuosas, podría convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea General, para que esta adopte una decisión, incluso adicionales gestiones diplomáticas, todo de conformidad con el ordenamiento jurídico de la organización y el derecho internacional.

Visto lo visto, en la práctica, las gestiones diplomáticas ya están siendo realizadas, aunque no desde el punto de vista formal-institucional de la OEA.

La sesión del CP del 23 de junio próximo definirá si la OEA asume el papel principal o se pliega al que está en curso mediante Unasur, el cual, como se sabe, goza del beneplácito de otros actores distintos a esta última organización. Está claro que la petición del gobierno de Venezuela, de que se reúna el CP dos días antes, tiene el propósito de influenciar la decisión que se tome.

La reunión sostenida esta semana entre John Kerry y la canciller de Venezuela, si bien apunta a los asuntos bilaterales, no puede ser desligada de toda la trama hemisférica. Es un elemento importante que incidirá en el resultado del encuentro de este mes, sobre todo por la posición que ha asumido Kerry.

Sobre Unasur hay que recordar que ella ya no es más la de Chávez, Lula o Kirchner, a pesar de que en la Secretaría General esté un amigo del gobierno venezolano. Un “rebarajo” se ha producido en su seno, después de los cambios políticos de Brasil y Argentina, en particular. A Samper le quedan en el cargo alrededor de tres meses, y se está notando en sus declaraciones ciertos cambios y matices, que anuncian al gobierno chavista que no seguirá contando con esa protección incondicional.

Se cambiaron las tornas, definitivamente. Está en marcha en el entorno internacional, afortunadamente, un proceso, respecto de Venezuela, favorable para las fuerzas democráticas. En OEA, Unasur y Mercosur, se voltearon las cosas.

El expediente sobre la conducta antidemocrática del gobierno venezolano ha sido bien sustanciado. Fuera del país, conocen perfectamente sus arbitrariedades y atropellos al Estado de Derecho. El informe de Luis Almagro es contundente.

Pero más allá de lo que se acuerde el próximo 23 de junio en la OEA, el régimen venezolano está en el banquillo de los acusados y enfrentando pruebas concluyentes de sus desmanes.

No obstante, será lo que hagamos los venezolanos, a lo interno, lo que en definitiva determine la recuperación de la democracia y las libertades.