• Caracas (Venezuela)

Elsa Cardozo

Al instante

El informe Almagro

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Las 132 páginas del informe presentado por Luis Almagro el pasado 31 de mayo a los miembros de la OEA no tienen desperdicio.

Allí se encuentra un detallado y bien documentado registro sobre lo que el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana describe como una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, ante lo cual el secretario general tiene la potestad de convocar inmediatamente a los representantes de los miembros de la OEA a una reunión de su Consejo Permanente. Al considerar todos los aspectos que esa Carta define como esenciales a la democracia y su ejercicio, ese informe incorpora el diagnóstico de una situación humanitariamente crítica.

El 1° de junio el caso venezolano fue tratado en el Consejo Permanente y se llegó a una débil resolución adoptada por consenso. En realidad, fue acordada al margen de  la propuesta de Almagro, quien ni siquiera estuvo presente: no era esa la cita que formalmente correspondía para discutir su informe y expresa invocación de la Carta Democrática. Es ya bien conocido que quien se apresuró a convocarla fue el representante de Argentina, quien preside en estos días ese Consejo y favoreció el recurso al consenso. Este se concretó en la disposición a coadyuvar a un diálogo abierto e incluyente y en el respaldo a la iniciativa de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández. El informe de Almagro, valga recordar, también apoyó esa iniciativa, pero con la adición de otros ex presidentes y al lado de otras recomendaciones, entre ellas una primera y fundamental: velar por la realización oportuna del referéndum revocatorio. 

Es de hacer notar que el gobierno venezolano no logró impedir del todo la actuación de la OEA aunque, por lo pronto, sí frenó la activación de la Carta Democrática a la que tanto teme, porque su balance de apoyos es mucho menos favorable al de hace unos años. Así lo revelaron su imposibilidad de bloquear la discusión, las pocas intervenciones a favor de su posición y las que mostraron su insatisfacción con la debilidad de lo consensuado ante una situación tan crítica para la democracia y los derechos humanos. En realidad ningún gobierno del hemisferio –ni siquiera el cubano, que sigue fuera de la OEA– puede querer identificarse con el gobierno ni con el régimen de Venezuela, ambos impresentables. Pero el detallado informe de Almagro le resulta incómodo a muchos porque, a la vez que documenta las múltiples dimensiones de un desastre cuyo principal responsable es el gobierno, les recuerda las obligaciones y posibilidades de actuación que contiene la Carta que a todos compromete. Es decir, contraría la idea de la OEA como un club de presidentes que se protegen entre sí.

Estrictamente hablando, está pendiente la reunión del Consejo que Almagro había propuesto que se hiciera entre el 10 y el 20 de junio, en torno a la Asamblea General que tiene lugar en Santo Domingo, pensando sin duda en la participación de cancilleres.

Almagro ha recordado varias veces que el primer caso de invocación de la Carta Democrática fue el venezolano, a solicitud del presidente Chávez, en 2002. En el trasfondo y las secuelas de las protestas, la represión, el anuncio de la renuncia y el decreto golpista de aquel abril, hubo un deterioro acelerado de la situación política. Entonces, en el marco de la Carta Democrática, las gestiones diplomáticas lograron el establecimiento de una Mesa de Negociación y Acuerdos. Tras dilatadas deliberaciones, allí  se convino una hoja de ruta para la solución de la crisis política en la que quedaron incluidas las diversas fases del referéndum revocatorio del mandato presidencial. Cuánto incumplió el gobierno y cómo postergó el revocatorio hasta mejorar sus apoyos internos y externos es historia harto conocida.

Ahora, en condiciones bastante más difíciles para el gobierno que las trata de disimular con más arbitrariedades y represión, el informe de Almagro ofrece la hoja de ruta que permitiría, paso a paso, garantizar a los venezolanos su derecho constitucional de acordar, a través del voto, cuál rumbo quieren para sus vidas y su país. Es para eso que se debe seguir exigiendo apoyo a la OEA y a sus miembros, para presionar por la materialización de la única ruta institucional que permite desarmar la bomba de tiempo en que se ha convertido Venezuela.