• Caracas (Venezuela)

Elías Pino Iturrieta

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Elías Pino Iturrieta

El hermetismo habilitante

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La sociedad no ha visto con la debida atención el peligro que significa la ley que ha habilitado al presidente Maduro para legislar. La mayoría de los ciudadanos, pero en especial los líderes políticos, han considerado la concesión como un exceso parecido a otros que sucedieron en el período de la democracia representativa sin que sobrevinieran consecuencias terribles; o como la relativa negación del Parlamento encargado de legislar, es decir, como algo sin trascendencia cuando el organismo viene descuidando su función desde hace tiempo sin que nadie se preocupe. No se ha captado el riesgo encerrado en la decisión de dejar en las manos de un individuo poderoso la posibilidad de cambiar el destino de la colectividad sin causar alarma. La columna de hoy quiere llamar la atención sobre cómo, debido al manejo realizado por el presidente de la facultad concedida por la AN, la colectividad puede ser conducida hacia un destino inconfesable.

El origen de la inquietud descansa en la generalidad de las razones esgrimidas para la habilitación. La cabeza del Ejecutivo, de acuerdo con el argumento manejado por los condescendientes diputados, en breve plazo debía redactar regulaciones para luchar contra la corrupción y para la defensa de la economía. Unos motivos que hablan de todo sin hablar nada, que refieren a un panorama sin detenerse en los detalles, no parecen suficientes para que una institución pública ceda sus obligaciones a un poder extraño cuya pericia carece de relación con códigos y digestos, pero menos producen desasosiego por la pobreza de la justificación que por la manga ancha para la ropa que conducen al taller del sastre. La ausencia de explicaciones, seguramente tramada después de una deliberación sigilosa, permite que el presidente aumente, corte, remiende o cambie de figurín según le parezca conveniente, sin que ningún venezolano que no pertenezca a su entorno tenga la oportunidad de enmendar la costura.

En lo que va del año, el habilitado ha dispuesto cincuenta leyes sobre una heterogeneidad de asuntos capaces de cambiar el rumbo de la vida, con relación a cómo ha sido ese rumbo hasta la fecha. Por ejemplo, se ha ocupado de crear o modificar regulaciones sobre la exploración y la explotación del oro, los espacios acuáticos, las formas de tributación, la alimentación de los trabajadores, la identificación de la ciudadanía, la financiación de organizaciones de base, la gestión comunitaria, la organización de las fuerzas armadas, la seguridad de la nación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Parece que ninguna manifestación de la vida ha escapado de la atención del apresurado legislador, pese a que no es perito en las áreas que ha encauzado o transformado. Pero se le puede conceder pericia, debido a que el problema no depende necesariamente de cómo hace leyes el que no las sabe hacer, sino del método usado en la confección para el logro de un propósito que puede ser de alta peligrosidad para la democracia y para las rutinas que aún persisten.

Para pespuntear el género, el habilitado solo pidió el consejo de sus compañeros de partido y de sus íntimos del gobierno. Las personas, las instituciones y los gremios concernidos por las leyes estrenadas o remendadas fueron ignorados por completo. Los medios de comunicación no tuvieron acceso al capítulo de preparación del flamante derecho. Los textos llegaron a la Gaceta Oficial cuando su escribidor lo juzgó conveniente, es decir, después de los retoques que se escaparon con la prisa o que sugirió a última hora algún consejero anónimo y misterioso. Todo fue producto de una encerrona, el resultado de un hermetismo que se hubiera evitado mediante la ventilación de las materias en la AN. ¿Por qué el cónclave, cuando se trata de asuntos vitales para toda la sociedad? ¿Por qué se hace un enigma de negocios que deben ser necesariamente públicos, necesariamente accesibles a cualquier miembro de la colectividad? Para seguir haciendo la “revolución” sin que se entere el pueblo, para hacerse más dueños del país sin que el país lo advierta, para que Venezuela sea lo que una facción quiera sin que tengamos ocasión de evitarlo. Por lo menos en materia de leyes, la “revolución” quiere ser hecho cumplido.