• Caracas (Venezuela)

Eduardo Mayobre

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Represión económica

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Junto con otras formas de opresión el gobierno de Venezuela de los últimos años se caracteriza por haber ejercido de manera inmoderada la represión económica. Este concepto ha sido definido como la situación de un mercado con obstáculos institucionales, tanto de política económica como administrativos, que le impiden alcanzar posiciones de equilibrio, comprometiendo de ese modo la racionalidad del proceso de asignación de recursos.

La expresión se puso de moda durante la época de la crisis de la deuda y aludía inicialmente a la represión financiera, que es una de las modalidades de la represión económica. Uno de los ejemplos más utilizados fue el de los controles de cambio, con los cuales se decretaban tipos de cambio bajos con el objeto de evitar tasas inflacionarias elevadas y se centralizaba y/o racionaba el suministro de divisas para moderar la fuga de capitales. Cuando las condiciones reales del mercado no permitían mantener tales tipos de cambio, el resultado era invariablemente la formación de un mercado paralelo o negro de divisas y una exacerbación de la inflación que desembocaban en crisis financieras de grandes proporciones. Esto sucedió en varios países de América Latina en las últimas décadas del siglo pasado y en Argentina a principios del presente siglo.

Otra de las modalidades de represión financiera es la fijación administrativa de las tasas de interés. Cuando estas se establecen por debajo de la inflación predominante los ahorristas pierden parte de su dinero y se benefician injustamente quienes tienen acceso al crédito bancario. El racionamiento del crédito es otra forma de represión financiera usualmente adoptado con la justificación de estimular sectores postergados pero a menudo utilizado para favorecer a los amigos.

Más allá del sector financiero la represión económica se manifiesta en los controles de precios y las dificultades de acceso a los insumos para la producción, por no hablar de las expropiaciones arbitrarias y las innumerables medidas administrativas, como los racionamientos para el consumo y las prohibiciones de exportar, que alcanzan extremos ridículos en disposiciones que obligan a comprar solo cuando lo permiten las autoridades o discriminan contra los extranjeros residentes y tienen en nuestro medio como símbolo la utilización de captahuellas. Su efecto directo es la escasez, la disminución de la producción y el empleo y el llamado contrabando de extracción. Por no hablar de nuevo de los mercados paralelos o negros.

El problema con las políticas de represión económica consiste en que tal como lo dice su nombre funcionan como los resortes. Mientras mayor es la presión que se ejerce para desconocer la realidad (sobre un precio, digamos) mayor es la reacción que se produce cuando se intenta liberarla o aminorarla. Como de costumbre acudo al caso del precio de la gasolina. Se le ha mantenido reprimido y a un nivel tan absurdamente bajo por tanto tiempo, que si se le liberara llegaría a las nubes y si se incrementara progresivamente su aumento tendería a acelerarse.

El nombre de represión económica puede asimilarse a la represión policial o política cuando el fundamento para adoptar las políticas y medidas que la conforman es de carácter extraeconómico (electoral, por ejemplo) o de simple ejercicio arbitrario de la autoridad. Cuando la motivación es la extorsión u obtener beneficios pecuniarios para los jerarcas es simplemente robo.

Los adversarios más radicales de la represión económica suelen decir que la manera de evitarla es la absoluta libertad de mercado. Esa es una exageración equivalente a creer que el remedio para la dictadura es la anarquía, porque lo contrario del autoritarismo es el Estado de Derecho y lo opuesto a la represión económica es el orden y la estabilidad en la vida productiva y las condiciones de intercambio, incluyendo la corrección de las distorsiones creadas en cada caso por el propio mercado.