• Caracas (Venezuela)

Eduardo Mayobre

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Emergencia económica

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Una de las consecuencias positivas del triunfo de la unidad democrática en las elecciones parlamentarias es que el gobierno por fin ha reconocido que el país vive una crisis económica. Lo que antes se negaba y se presentaba como el mar de la felicidad fue descrito en el mensaje presidencial del viernes pasado como una situación terrible, como una tormenta, un temporal difícil de enfrentar, cuya superación requiere de la paz, el diálogo y el concurso de todos venezolanos.

Una vez reconocida la crisis, el gobierno dictó un decreto de emergencia económica, que le otorga poderes especiales. Independientemente de sus implicaciones políticas, es claro que con él no se va resolver la crisis. Por dos razones. La primera es que es excesivamente vago y no presenta políticas concretas. El presidente dispuso de poderes casi ilimitados hasta finales del año pasado por medio de la Ley Habilitante y no se hizo nada para atenuar la crisis, la cual más bien se agravó. La segunda consiste en que el enfoque es equivocado. Como bien dijo el diputado José Guerra, se pretende abordar el problema mediante medidas administrativas, cuando se trata de un asunto económico.

La economía, al menos en el corto plazo, es un problema de precios y de agregados macroeconómicos. Comencemos por los precios. No se trata de la discusión algo superflua sobre si los precios deben ser libres o controlados. A veces resulta conveniente que sean controlados. Pero deben ser bien controlados. Si se fijan precios absurdos los resultados serán necesariamente deletéreos.

Un ejemplo es el caso de la gasolina. Sus precios son necesariamente controlados (o administrados) porque en nuestro país su suministro es un monopolio absoluto. Están controlados pero a un precio sin sentido. El propio presidente Maduro así lo ha dicho y hasta el comandante Chávez tuvo capacidad para entenderlo. Pero siguen iguales. Lo que crea grandes distorsiones. Por temores políticos se les ha mantenido, a conciencia de que se está cometiendo un error.

Otro ejemplo es la tasa, o las tasas, de cambio del bolívar. Mientras se mantengan donde están sus consecuencias son perversas. Hoy en día sería suicida liberarlas. Pero resulta necesario colocarlas en un nivel que no sea nocivo. Toda la retórica, por ejemplo, sobre incrementar las exportaciones, sustituir importaciones y controlar el contrabando de extracción es inútil mientras se mantenga un sistema cambiario totalmente artificial.

Lo mismo sucede con los llamados precios justos. Mientras se fijen en niveles de fantasía que inhiben la producción resulta inevitable el bachaqueo y el recurso a una importación que ya no puede financiarse. Lo que se necesita no es pronunciarse ante el dilema de precios controlados o precios libres, sino introducir un mínimo de sentido común que evite la escasez y las colas. Por cierto, el problema es de tal magnitud que hasta los bachaqueros están quebrando, porque aun a ellos los está afectando la escasez, según me informan, particularmente desde el interior de la república.

Además del problema claramente económico de los precios, imposible de eliminar mediante la revisión caso por caso que propone el decreto de emergencia, se presenta el asunto propiamente económico de los grandes agregados fiscales y monetarios. Mientras se intente, mediante manipulaciones, gastar más allá de donde nos alcanza la cobija se está estimulando la inflación. El aumento de los salarios, las pensiones y otros beneficios, de los cuales se vanagloria el presidente, se diluyen y terminan siendo nulos cuando el alza de precios significa que esos beneficios pierden todo valor. Un aumento de 60% de los salarios y de las pensiones es un retroceso cuando los precios suben 100%, 150% o 300%.

Ni con retórica ni con decretos de emergencia se puede negar tal realidad. Para superarla es necesario un cambio en el punto de vista.