• Caracas (Venezuela)

Eduardo Mayobre

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Desinformación económica

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En su columna del pasado domingo en este mismo diario, Alberto Barrera Tyszka afirma: “El oficialismo se ha empeñado arduamente en lograr que la represión y la censura formen parte de nuestra normalidad”. En el área económica se corrobora lo dicho, con la particularidad de que en buena medida se trata de autocensura, porque son organismos oficiales los llamados por ley a difundir la información. Ya parece normal que no sepamos nada sobre nuestra evolución económica, debido a la negativa del gobierno a decirnos qué es lo que está pasando.

Termina el mes de abril y no se cuenta con cifras oficiales sobre el desempeño de la economía venezolana durante este año. La información debe existir. El Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas poseen departamentos y personal especializados en la recopilación de los datos relevantes. Durante décadas los han publicado regular y oportunamente. La cifras de inflación mensual, por ejemplo, aproximadamente ocho días después de terminado el mes. A veces se indicaba que eran cálculos basados en metodologías desarrolladas y aceptadas internacionalmente.

Crear la capacidad de recoger dicha información costó años de esfuerzos e implicó inversiones considerables. La cooperación internacional condujo a que, en términos generales, los datos nacionales fueran confiables y se pudieran comparar los de unos países con los otros. La tarea fue y es colosal. Porque ninguna agencia nacional, pública o privada, está en capacidad de realizar tal labor por sí misma, debido a la inmensa y diversa cantidad de fuentes de información a la que es necesario acceder.

Aunque la información debe existir, en Venezuela se han echado por la borda todos esos esfuerzos y todos los beneficios que se derivan de ellos. Se oculta la realidad que las cifras revelan, por la simple razón de que a las autoridades encargadas de elaborarlas no les conviene que se conozcan. Se trata de algo parecido a ciertas elecciones políticas cuyos resultados se escamotean al público cuando no favorecen a quienes las organizan.

El hecho es de por sí escandaloso y moralmente inaceptable. Atenta contra principios constitucionales básicos, tales como el derecho al acceso a la información. Sus consecuencias prácticas son igualmente deletéreas.

Tomemos como ejemplos los casos de la inflación, la escasez y los salarios. Para fijar los salarios resulta indispensable tener como referencia el alza de los precios. Los trabajadores aspiran, lógicamente, a que el incremento de sus ingresos tenga por lo menos el mismo porcentaje que presenta la inflación. Pero si no se sabe cuál es esta última, entramos en el terreno de las adivinanzas y con ello se propician los conflictos.

En febrero se anunció con dos meses de retraso que la inflación del año pasado fue de 68,5%. Poco antes se había aumentado el salario mínimo en 15%. Con la desfachatez acostumbrada vallas publicitarias del gobierno proclamaron que esto significa que lo primero que consideran los revolucionarios son los derechos de los trabajadores. Pero tal aumento implica una disminución del poder adquisitivo de los asalariados, porque el incremento de su sueldo es menos de la cuarta parte del alza de los precios.

Técnicamente para mantener el poder adquisitivo del salario debería tomarse en cuenta, además de la inflación del pasado, el alza de los precios esperada durante los meses que transcurren hasta el próximo ajuste salarial. Según el Fondo Monetario Internacional, una de las fuentes más confiables en ausencia de cifras oficiales, el aumento de los precios al consumidor en Venezuela durante 2015 se calcula en 96,8%. Con lo que se reduce aun más la capacidad de compra de los trabajadores.

A lo anterior se debe añadir la inflación adicional que origina la escasez y la incertidumbre que crea en los otros factores económicos la desinformación a la que quiere acostumbrarnos el gobierno.