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Editorial de El Mercurio Chile | GDA

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El ejemplo del Eurostar

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El gobierno de Reino Unido ha vendido recientemente su participación del 40% en la compañía Eurostar –el ferrocarril que une Londres y París a través del túnel de 50 kilómetros bajo el Canal de la Mancha– en 757 millones de libras (1.150 millones de dólares). La operación se enmarca en el plan de desinversiones del gobierno británico, que se inició hace ya algunos años y que busca recaudar cerca de 30.000 millones de dólares para sanear las arcas públicas.

Si bien cuando se anunció, en 2013, hubo algunas opiniones contrarias de los sindicatos y de sectores del Partido Laborista, la venta de esta empresa pública no ha supuesto mayor debate en estos días. La llegada del consorcio privado canadiense-inglés a la propiedad ha estado exenta de polémica, en un país que tradicionalmente ha tenido una postura favorable a la apertura de su economía y a la injerencia de los privados en la provisión de servicios públicos.

La realidad de Inglaterra contrasta con la mayor parte de los países europeos, fuertemente proteccionistas, y con la actual realidad de América Latina, donde se ha vuelto a ver en el Estado al actor con más legitimidad para proveer ciertos bienes o servicios. En efecto, en las economías europeas del sur y especialmente en las latinoamericanas, el estatismo se ha vuelto a poner en boga y ha resurgido el cuestionamiento a la legitimidad de las ganancias privadas en una serie de ámbitos, tal como ocurre, por ejemplo, en la discusión de la educación en nuestro país.

En Latinoamérica, México es la excepción y se ha transformado en uno de los pocos países que están siguiendo un curso distinto al resto de las economías de la región. Hace pocos días se avanzó en la aprobación de la Ley General de Aguas, que privatiza el suministro y construcción de infraestructura de agua, lo que se suma al ambicioso plan de incorporación de privados al sector energético de ese país.