• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

Al instante

Eddy Reyes Torres

El referendo constitucional del 15 de febrero de 2009

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Según John Adams (1735-1826), uno de los redactores de la Constitución de Estados Unidos y el segundo presidente de dicho país, “una constitución es una norma, un pilar y un vínculo cuando es comprendida, aprobada y respetada, pero cuando falta esta armonía y lealtad puede convertirse en un globo cautivo que flota en el aire”. La sentencia encandila con su luz a lo que a continuación referiremos.

La Constitución de 1999 contemplaba en su artículo 230 que el período presidencial era de seis años y que el presidente de la república podía ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período. En la propuesta de reforma constitucional que dio lugar al referendo de diciembre de 2007, se planteó la modificación de ese artículo, a fin de ampliar el período presidencial hasta siete años y permitir, además, la reelección indefinida. Votada la propuesta, la opción del “No” obtuvo mayoría. Como consecuencia de lo anterior, el tema quedaba sujeto a lo dispuesto en el artículo 345 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dice: “La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional”. Para cualquier demócrata, lego en la materia, la disposición transcrita no da pie a ninguna duda con respecto al curso a seguir. Pero Chávez carecía de esa condición. De ahí que a raíz del triunfo opositor en 2007, su reacción fue calificar el pronunciamiento como “victoria de mierda” y aceptar sus consecuencias solo “por ahora”.  Cual Saint-Just tropical, su actitud estuvo impregnada de la misma afectación del aliado de Robespierre: “Todo debe ser permitido a quienes actúan en la dirección revolucionaria”. Dicho y hecho.

Inmediatamente después del mencionado referéndum, un parlamentario del partido del presidente manifestó que la propuesta de modificación del artículo 230 podía ser presentada nuevamente, con la particularidad de que la misma no podía partir del primer mandatario sino de la Asamblea Nacional o los ciudadanos. La reacción de la oposición fue inmediata: tal consulta sería ilegal. Chávez dejó correr el agua hasta después de las elecciones regionales de 2008. El 1° de diciembre de dicho año, propuso la modificación. Mas la presión de sus gobernadores, alcaldes y miembros de la Asamblea Nacional no se hizo esperar. Todos aspiraban a ser reelegidos indefinidamente en función de un principio elemental: “Lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava”. Pragmáticamente, Hugo Rafael tuvo que ceder. Así lo manifestó a comienzos de enero de 2009.

Las críticas de la oposición se hicieron otra vez manifiestas y la respuesta del propio Chávez fue que no había relación entre la “reforma” que se pretendió hacer en 2007 y la “enmienda” que se proponía en 2009, y que la Constitución no establecía límites para el número de veces que se puede presentar una propuesta de enmienda. La argumentación era simplemente leguleya, aunque contara con el visto bueno de los asesores legales del régimen.

Es verdad que las modificaciones de la Constitución pueden ser hechas por la vía de la enmienda y la reforma. Así está contemplado en el Título IX de nuestra carta magna, en sus capítulos I (“De las enmiendas”), artículos 340 y 341, y II (“De la reforma constitucional”), artículos 342, 343, 344, 345 y 346. También es cierto que el artículo 345 –que prohíbe que la iniciativa de “reforma” constitucional que no sea aprobada no pueda presentarse de nuevo en el mismo período constitucional– forma parte del citado capítulo II y no hace mención a la “enmienda”. Sin embargo, dicha restricción también se extiende a la misma por ser una de las variantes de la “reforma constitucional”. 

La denominación del Título IX, que comprende ambas figuras jurídicas (enmienda y reforma) no deja lugar para la duda cuando nos detenemos a observar su designación: “DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL”. Esto es, para el constituyente, ambos procedimientos de cambio son simples “formas” de modificar la Constitución. El Diccionario de la Lengua Española define el vocablo “enmienda” como “propuesta de variante, adición o reemplazo de un proyecto”; y el término “reforma” como “lo que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora de alguna cosa”. Substancialmente, ambas acciones aluden a lo mismo y eso explica que el nombre del Título IX sea el que indicamos en mayúsculas. En el caso de la enmienda, está referido a la “adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental” (artículo 340); y en la reforma, alude a “una revisión parcial de una o varias de las normas de la carta magna, sin modificar su estructura y principios fundamentales”. Luego, la diferencia entre una y otra fórmula no es más que la manera de tramitarse, que está contemplada en los artículos 341 y 343, respectivamente. Así las cosas, la disposición contenida en el artículo 345 –que forma parte del Capítulo I– tiene “carácter general” y es aplicable tanto a la enmienda como a la reforma. El artículo 341 no da margen de duda al respecto cuando en su numeral 4 establece: “Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley relativa al referendo aprobatorio”. Y esa disposición nos remite obligatoriamente al artículo 345 que in extenso dispone: “Se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional”. Palabra de la Constitución, palabra del pueblo.

A pesar de lo anterior, el referendo se llevó a cabo el 15 de febrero, con participación de la oposición, lo cual le dio un matiz de “legalidad” al acto, cuando a todas luces se trataba de un evento contrario a la Constitución, que imponía una conducta consecuente: abstenerse de participar para no prestarse al juego del gobierno. Pero el pragmatismo político, como siempre, aconsejó otra cosa y todos juntos asistieron a la fiesta. Al final, los resultados favorecieron la violación: 6,3 millones de electores votaron por el “Sí” (a favor de la enmienda) y 5,2 millones lo hicieron por el “No” (en contra de la enmienda). Los líderes de la oposición se vieron obligados a reconocer la victoria de Chávez. Con su actuación, los partidarios del “No” convalidaron políticamente la arbitrariedad perpetrada y legalizaron además la figura de Chávez como líder único, una aberración política que ha tenido entre sus críticos más connotados a Carlos Marx y Gueorgui V. Plejánov. (Marx siempre fue contrario al culto de todo poder unipersonal y a los héroes; Plejánov, por su parte, fue un crítico severo de Lenin y los bolcheviques, a quienes acusó de “confundir la dictadura del proletariado con la dictadura sobre el proletariado”. Al respecto véase Krauze, Enrique, Redentores, Random House Mondadori, España, 2011, pp. 489-499). Sin saber qué le depararía el futuro, Hugo Rafael se vio entonces en el mismo espejo de Juan Vicente Gómez: la presidencia vitalicia.

Ahora bien, el cambio en cuestión tiene implicaciones substanciales, como muy bien lo apuntan Javier Corrales y Michael Penfold en su libro Un dragón en el trópico:

“Al eliminar los límites del mandato presidencial, Venezuela en efecto puso fin a un principio fundamental del pensamiento latinoamericano democrático, que se remonta a la Argentina de mediados del siglo XIX. En aquel tiempo, a los demócratas argentinos se les ocurrió el concepto de limitar el período presidencial como mecanismo que protegiera al país de caudillos como Juan Manuel Rosas, quien utilizó su apoyo popular para prolongar su permanencia en el cargo y se convirtió en dictador. El principio de no reelección fue también el lema inicial de la Revolución Mexicana de la década de 1910, contra el dictador Porfirio Díaz. En países donde los frenos y contrapesos son débiles, como en gran parte de América Latina, los límites del mandato son indispensables para proteger los sistemas políticos de líderes populares que se perpetúan en el poder”.

De lo anterior se extrae una sola conclusión: una democracia pierde su sentido y esencia cuando el mandato de los gobernantes no tiene límites en cuanto a su duración máxima. Así Venezuela pasó a convertirse en el sistema político híbrido más hiperpresidencial de la región.