• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

Al instante

Las perversiones de la democracia venezolana (II)

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Choque de trenes.En virtud del descontento laboral y los continuos ataques y descalificaciones contra la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), esta organización acordó realizar un paro nacional, el martes 9 de abril de 2002. Entonces la central sindical se dirigió a Fedecámaras, solicitando su apoyo. En Asamblea Extraordinaria, los empresarios resolvieron respaldar la iniciativa de los trabajadores, en cuenta también de la grave situación que vivía Pdvsa. El día previsto, el paro cívico se inició a primeras horas de la mañana. Ante la falta de respuesta del Gobierno, la CTV resolvió extender la acción por un día más, lo cual fue respaldado por el Directorio de Fedecámaras. Por su parte, los trabajadores de Pdvsa, apoyados masivamente por la sociedad civil, se concentraron en la zona de Chuao para protestar. En la tarde del 10 se produjo una reunión en la sede de la CTV, en la que se discutió el tema de declarar el paro indefinido. Eddie Ramírez Serfati intervino en representación de los trabajadores de la industria petrolera y reconoció que “declarar el paro indefinido no podía tomarse como algo laboral, pero que a estas alturas no quedaba más remedio que decretarlo”. Con ese pronunciamiento se entraba claramente al terreno impredecible de la política. Poco después, la CTV y Fedecámaras anunciaron el carácter indefinido del paro general, y convocaron además a una marcha para el jueves 11, la cual partiría del Parque del Este y culminaría en Chuao.

El día pautado y encabezada por Carmona, Ortega y ejecutivos de Pdvsa, la marcha cumple su cometido. Una vez en Chuao, Pedro Carmona se dirige a la multitud y le dice lo que todos claman y quieren oír: “hay que seguir a Miraflores para pedirle la renuncia a Chávez”. Carlos Ortega expresa lo mismo, inmediatamente después, y desde un camión Enrique Mendoza, gobernador del estado Miranda, aúpa la decisión. Ante la grave situación, la directiva de Pdvsa presentó su renuncia al jefe de Estado. La masa humana –estimada en más de medio millón de personas– enfiló entonces los pasos hacia su destino. Chávez por su lado hizo contacto con el general de división Jorge Luis García Carneiro, comandante de la III División del Ejército y jefe del Estado Mayor de la Guarnición de Caracas, a través de las ondas de la radio y le impartió órdenes para que activara el Plan Ávila, un diseño de seguridad de carácter represivo que ejecuta el Ejército en situaciones excepcionales. Se trataba de una medida extrema, ya que podía ocasionar muchas bajas en la población civil, tal y como ocurrió después del 27 de febrero de 1989. Ese hecho indignó a muchos miembros de la alta oficialidad. En el ínterin, tanto la Policía Metropolitana como la Guardia Nacional desplegaron a sus hombres por los alrededores de El Silencio para evitar el acceso de los manifestantes al Palacio de Miraflores, en cuyos alrededores se encontraban grupos afectos al Presidente. El empuje que llevaba la manifestación hizo inevitable las primeras escaramuzas en las que las bombas lacrimógenas y las piedras se hicieron presentes. Pocos minutos después, los cuerpos sin vida de varios manifestantes se desplomaban en medio de la calle. A las 3:45 de la tarde, Chávez se dirigió al país en cadena de radio y televisión. Era la forma de evitar que se informara en tiempo real lo que estaba aconteciendo en los alrededores de Miraflores. Ante la gravedad de la situación, las televisoras tomaron la decisión de dividir la pantalla en dos recuadros: en una se transmitía la imagen oficial y en la otra lo que ocurría en las calles. En un momento determinado, grupos oficialistas ubicados en Puente Llaguno, a pocos metros del Palacio de Miraflores, fueron grabados por el periodista Luis Alfonso Fernández y el equipo de Venevisión en el momento en que detonaban sus armas hacia los manifestantes. El episodio fue transmitido después por las televisoras nacionales e internacionales, al igual que las escenas de los heridos y muertos siendo trasladados a diferentes centros asistenciales y la morgue, respectivamente. El Presidente entonces ordenó  suspender las señales de las televisoras nacionales. Se trataba ni más ni menos que de un blackout de parte del Ejecutivo nacional. Poco después, Chávez se reúne con el Alto Mando en Miraflores y le informan que hay varios generales que mantienen una actitud de desobediencia. En ese momento empieza a evaluar la posibilidad de renunciar pero con algunas condiciones: irse al exterior con su familia y previo respeto a lo establecido en la Constitución Nacional. Para su pesar, sin embargo, el grupo de oficiales que quiere que se quede y que sea juzgado termina por imponer su criterio. En esas condiciones, Hugo Rafael se niega a renunciar.

En el curso de las horas, se hicieron públicos los pronunciamientos de diferentes componentes militares en contra del Gobierno. En la madrugada del día 12 de abril, el general Lucas Rincón, Jefe del Alto Mando Militar, acompañado por sus integrantes anunció al país que los miembros del Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ante los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital, “le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó”. El presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, es encargado del gobierno de transición pero las primeras acciones que adopta son determinantes en su salida horas más tarde. Pese a las insensatas actuaciones que Chávez llevó a cabo y que desembocaron en su salida, el fatum le dio una nueva oportunidad para desgracia de muchos.

La pretensión de reescribir la historia. Brian Nelson escribió un libro sobre los sucesos del 11 de abril de 2002 (El silencio y el escorpión) donde incluyó las versiones de los venezolanos comunes y corrientes que estuvieron allí. Pese a sus simpatías iniciales con el régimen chavista, su trabajo pone en evidencia una amplia investigación de campo, entrevistas a una amplia gama de personajes, lecturas de otras investigaciones, así como objetividad y rigor a la hora de narrar los hechos indagados. Mucho se habló, después de los sucesos del 11 de abril, acerca de la presencia de francotiradores en el centro de Caracas. Ese hecho –escribe Nelson– ratificaría la tesis de una conspiración en curso en la que se había planificado el empleo de la violencia. La pregunta que se hacía era si los francotiradores fueron utilizados por la oposición o, por el contrario, puestos allí por el chavismo para reprimir la marcha y también a los activistas a favor del régimen a fin de darle a la violencia una semblanza de confrontación equilibrada. Lo que se imponía era una investigación a fondo para no dejar campo a duda alguna. Después del 11 de abril, la avenida Baralt fue cerrada como escenario del crimen y se mantuvo así por el poco tiempo que Carmona estuvo en el poder. Pero al regreso de Chávez el 14 de abril, cuadrillas de limpieza bajo las órdenes de Freddy Bernal –que se había desempeñado como inspector de la Policía Metropolitana durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez–, “un experto ex policía” líder de los círculos bolivarianos y alcalde de Caracas, comenzaron a “arreglar” los daños en la calle. Con mucha rapidez y eficiencia, repararon los semáforos, restituyeron los quioscos, pintaron las paredes, taparon las esquirlas en las superficies de cemento y reemplazaron gratuitamente las santamarías dañadas. Los trabajadores –resalta Nelson– extrajeron las balas de las paredes y rastrearon los desagües buscando casquillos. En cinco días, sin que se hicieran las investigaciones y estudios técnicos necesarios, todas las evidencias físicas del lugar habían sido recolectadas y destruidas. A partir de ese momento comenzó la campaña multimillonaria en dólares del gobierno de Chávez para reescribir la historia del golpe. Su primera acción fue bloquear cualquier investigación sobre la violencia desatada. Los detectives y fiscales que abrieron la investigación fueron cambiados y reemplazados por adeptos al régimen. Seguidamente, el gobierno hizo llamados a través de la televisión pública para que se manifestara todo aquel que había sido herido o muerto luchando a favor de Chávez. A esas personas les ofrecieron recompensas pero ninguna a las víctimas de la oposición. Nelson incorpora en su trabajo la reseña de entrevistas que hizo a víctimas y familiares de víctimas, tanto del bando opositor como del gobierno, haciendo ver siempre la manipulación del régimen y su actuación perversa, y nada imparcial.

Un caso que mereció mención fue el del periodista Luis Fernández, el responsable de las grabaciones de los pistoleros de Puente Llaguno. Inmediatamente después que Chávez retornó al poder, Luis fue amenazado de muerte, razón por la cual tuvo que esconderse. Cuando apareció de nuevo, las llamadas amenazantes continuaron de forma rutinaria. En el Aló, Presidente que transmitió el 2 de junio de 2002 por VTV, Chávez declaró que su video del 11 de abril era un fraude: un trabajo de efectos especiales fabricado en un laboratorio. El presidente afirmó que Venevisión tenía contactos en Hollywood, quienes habían hecho el video en un estudio. Pero ignorando lo contradictorio del aserto, él a su vez elogiaba a los valientes pistoleros como defensores de la revolución. A Luis Fernández y su camarógrafo Julio Rodríguez les otorgaron el premio al periodismo rey de España por su documental. Se trata de un premio decidido por jueces de nueve países diferente. Pero aun así, el gobierno no le dio descanso. Las llamadas se hicieron más amenazantes y la prensa proclive al régimen desató una campaña para desacreditarlo. En 2008, Luis decidió marcharse de Venezuela.

Ayudado por los errores que cometió Carmona, Chávez ingeniosamente proyectó su imagen como víctima de una conspiración de derecha, dirigida por ricos hombres de negocios y generales fascistas, quienes estaban deseando instaurar un régimen dictatorial con el fin de robar la riqueza petrolera venezolana. Aunque Carmona y su grupo representaran un pequeño sector de la más amplia oposición, Chávez lo convirtió en la imagen que encarnaba a todo el movimiento opositor. A pesar de que la versión oficial constituyera de muchas formas una tergiversación de los hechos, se ajustaba mucho a otros pasajes de la pasada historia de América Latina. De esa manera, la representación de los sucesos de abril resultó fácilmente digerible por los medios de comunicación internacionales y estos ayudaron a Chávez a ganar nuevo apoyo en el extranjero.

El lúgubre redoble de los tambores se oye otra vez. Las necesarias reflexiones y cambios de actitudes que debieron producirse después de los sucesos de abril, no se llevaron a cabo. Hubo sí una pequeña desaceleración de la carrera pero sólo para tomar mayor impulso. En lo inmediato se designó a Alí Rodríguez como sustituto de Parra. El nuevo presidente del holding petrolero era un hombre más conciliador que su jefe. Sin embargo, las directrices de aquél, lo llevaron a seguir la misma senda anterior. Entonces, los tambores comenzaron a repiquetear de nuevo.

Por el lado del sector opositor, se realizaron una serie de marchas multitudinarias en la ciudad de Caracas cuyo propósito era solicitar castigo para los autores materiales de las muertes y heridos del 11 de abril, e insistir en la renuncia del presidente de la república. Como era de esperarse, el chavismo respondió también con marchas y protestas de su gente. Pero sus acciones no se quedaron ahí. En agosto, la Comisión Parlamentaria Especial que se creó para investigar los hechos de abril, exhortó al Poder Ciudadano a investigar y determinar las responsabilidades civiles y penales de un grupo de funcionarios de la industria petrolera. Casi en paralelo, personas vinculadas a Alí Rodríguez presentaron una solicitud de averiguación penal, ante un tribunal competente, contra varios ejecutivos de Pdvsa. Los delitos imputados eran varios: atentar contra la independencia y seguridad de la nación, contra la libertad de trabajo, instigación a delinquir y excitación a la desobediencia pública de las leyes. Los llamados a otro paro nacional surgieron de inmediato. Y la respuesta del gobierno fue una mayor politización de la industria petrolera. Las pasiones se habían desatado.

Mientras tanto, desde diferentes sectores de la sociedad se presionaba para que se convocara otro paro nacional. También se presionaba para que los trabajadores petroleros se sumaran a dicha acción. No eran pocos los que expresaban sus reservas. El 17 de octubre, apareció en escena la Coordinadora Democrática, coalición de partidos políticos, asociaciones civiles y ONG venezolanas opositoras al gobierno, cuyo propósito era alcanzar un acuerdo para la reconstrucción democrática. La misma creó la Comisión Estratégica que evaluó la pertinencia del paro y recomendó que no se realizara, ante el convencimiento de que el gobierno no iba a ceder y luego sería difícil suspender el mismo ante la presión de la sociedad civil. El ex guerrillero Gabriel Puerta, dirigente del partido Bandera Roja llegó a señalar: “Si pensáramos en frío, abortaríamos el paro”. Y en el mismo sentido se pronunció el veterano político Pompeyo Márquez. Pero los dioses ciegan siempre a los perdedores. Fedecámaras a la cabeza, la CTV, representantes de los trabajadores petroleros y todos los partidos políticos apoyaron el paro a partir del 2 de diciembre, por un plazo inicial de setenta y dos horas, acordándose evaluar sobre la marcha si se extendía o no. Acerca de la toma de la decisión, Eddie Ramírez Serfati, en su libro La indoblegable sociedad venezolana. Relatos de un petrolero, escribió: “Algunos piensan que fueron Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y Carlos Fernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), quienes llevaron al país al paro cívico. La verdad es que más bien fue la gente en la calle quien presionó a los dos líderes; al menos eso fue lo que percibimos”.

El objetivo de tan drástica medida era eminentemente político: presionar para que se acordara realizar el referendo consultivo, se conformara la Comisión de la Verdad para que evaluara los crímenes cometidos el 11 de abril y se adelantara las elecciones presidenciales para así resolver la crisis política. Los trabajadores de Pdvsa, sobre cuyos hombros descansó el peso fundamental de la acción, entraban así a un terreno peligroso, donde los costos y beneficios se cultivan en sus extremos. Se inició así el paro cívico con más contundencia en la industria petrolera que en el resto del sector empresarial y comercial. En el transcurso de los días, la situación de Pdvsa se hizo cada vez más crítica. Con la agresividad que le es característica, Chávez les manifestó a los trabajadores petroleros en huelga que de continuar en su actitud los “botaría a todos”. Para enfrentar la crisis, Alí Rodríguez asumió como única autoridad de la industria, cesando la junta directiva en sus funciones. La empresa entró en un período de reestructuración. Para el 23 de diciembre se mantenían inactivos 17.900 pozos petroleros y de 56 taladros en los estados Anzoátegui y Monagas, solo operaban 18. Las dificultades para el suministro de gasolina afectaron severamente el transporte. Ese mismo día, Alí Rodríguez anunció que 90 ejecutivos de la industria habían sido separados de sus cargos. En el curso de las semanas siguientes fueron despedidos casi 20.000 trabajadores de la industria, algunos de los cuales se encontraban disfrutando de sus vacaciones o de permisos médicos, pre y posnatales. Las heridas que esas medidas causaron al país se pagaron con profundos sufrimientos. El 2 de febrero de 2003, la Coordinadora Democrática acordó levantar el paro, que ya se encontraba debilitado por las acciones efectivas del gobierno, “en atención a una propuesta hecha por la comunidad internacional y como una señal de la disposición a negociar”.

Cuando el inning concluyó, Simón Alberto Consalvi escribió una carta abierta a Chávez en la que, entre otras cosas, dijo: “Nadie ha tenido, señor presidente, la capacidad de destruir, de abatir, de desestabilizar un país y una sociedad como usted”. Como es de imaginarse, Consalvi nunca recibió respuesta del destinatario de sus recriminaciones.

 

@EddyReyesT