• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

Al instante

La írrita reforma de la Ley del BCV

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Probablemente entre cantos de media noche e invocaciones de oficiantes afrocaribeños a esperpentos representativos de kimbisas o ngangas que tumban, porque las buenas y cristianas, que son rociadas de agua bendita, no sirven a sus propósitos, se procedió a reformar la Ley del Banco Central de Venezuela, el pasado 30 de diciembre. Es probable también que las autoridades de los poderes involucrados estamparon sus firmas oyendo sonoras manifestaciones del falaz lema “Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada”, que en realidad debe entenderse como lo contrario: “Fuera de la Constitución todo, dentro de ella nada”.Aunque lo últimamente señalado pueda parecer una ocurrencia mordaz de mi parte, con la seriedad y el rigor que el tema exige, procederé a exponer y detallar las razones que asisten a mis afirmaciones.

Con la írrita modificación de la Ley del BCV, que se centra en unos pocos artículos de dicho instrumento normativo, se le quitan competencias esenciales a la Asamblea Nacional y se afectan aspectos fundamentales de los objetivos que tiene asignado el ente monetario. Así: se elimina la disposición que estaba contenida en el artículo 9 de la mencionada ley, según la cual la designación del presidente del instituto emisor debe ser ratificada por la Asamblea. Se suprime la competencia que tenía la Asamblea para designar a dos de los directores del ente (artículo 16). Se elide la competencia del  órgano legislador para conformar el Comité de Evaluación de Méritos y Credenciales de los candidatos al Directorio, que ahora pasa al Presidente de la República (artículo 17). Se suprime la obligación que tienen las autoridades del BCV de informar a la Asamblea de los procesos de remoción de algunos de los miembros del Directorio, según lo pautado en los artículos 25 y 26; ahora la información se enviará al Presidente de la República. Se deja sin efecto la competencia de la Asamblea para remover, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, al Directorio del BCV por el incumplimiento sin causa justificada del objetivo y metas del ente (artículo 27). Se altera substancialmente la prohibición que tiene el Banco de otorgar créditos al Gobierno Nacional, así como garantizar las obligaciones de la República, estados, municipios o cualquier ente público (artículo 37, numeral 2);a la norma en cuestión se le agregó que “excepcionalmente” el BCV podrá otorgar dichos financiamientos, “incluyendo a empresas privadas”, cuando objetivamente exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio al interés público. Se habilita al Banco, cuando así sea requerido por el Ejecutivo Nacional, para suspender transitoriamente la publicación de información de su área de competencia por el período durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica de la nación (artículo 40).Y se mediatiza o manipula la información -calificada de secreta o confidencial- que el Banco deba enviar a la Asamblea (artículos 42 y 92).

Nuestra Constitución, en su artículo 187, numeral 3, es muy clara al asignarles a la Asamblea Nacional la función de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional. De manera que esta competencia no puede ser mediatizada por ninguna norma de rango legal o sub-legal que haga nugatorio tan importante rol. La anterior competencia es ratificada con respecto al BCV en la propia Constitución cuando en su artículo 319 establece que: “El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de sus actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional”. En la Exposición de Motivos de la Constitución se lee lo siguiente sobre el tema bajo consideración que está íntimamente vinculado a la autonomía del ente emisor: “La autonomía también implica asumir responsabilidades ante la sociedad y exige establecer un mecanismo de rendición de cuentas ante el Poder Nacional, en particular ante la Asamblea Nacional como representación de la voluntad popular”. Por tanto, ninguna ley puede menoscabar o matizar el ya mencionado principio constitucional, como lo pretende la reforma bajo análisis.

En correspondencia con lo anterior, la Constitución es diáfana en cuanto a la necesaria participación de la Asamblea en la designación y ratificación de las autoridades del BCV. En el numeral 8 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución se contempló que la Asamblea aprobaría, en el primer año de su gestión, la ley del BCV y que ella establecerá que al “Poder Ejecutivo corresponderá la designación del Presidente del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus Directores; y establecerá los términos de la participación del Poder Legislativo en la designación y ratificación de estas autoridades”. Ese mandato se cumplió de forma precisa en los términos que contemplaba la ley que se pretende derogar. Por tratarse entonces de una disposición expresamente prevista en la Constitución, que de suyo tiene rango constitucional, la misma no puede ser modificada, sin contrariar su naturaleza, mediante un Decreto Ley emanado de la Presidencia de la República. En esta materia, la norma ahora vigente (artículos 9 y 16) es violatoria del expreso mandato de la Constitución que se materializó en la forma contemplada en la Ley del BCV ahora derogada.

Respecto a la remoción del Directorio del BCV por el incumplimiento sin causa justificada del objetivo y metas del ente, procede señalar que si bien la competencia pasa ahora al Presidente de la República, éste se encuentra obligado a cumplir con la norma (artículo 27 de la Ley del BCV), conforme a lo previsto en el artículo 236, numeral 1, de la Constitución que expresamente consagra que el Presidente debe cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y las leyes.  De modo que cualquier omisión de su parte le generaría responsabilidades.

El párrafo añadido al numeral 2 del artículo 37, el cual detallamos arriba, es abiertamente inconstitucional por cuanto la misma Constitución, en su artículo 318, establece que el objetivo fundamental del Banco es precisamente lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de nuestra moneda. Al permitirse que, por vía de excepción, el BCV otorgue créditos al Gobierno o garantice obligaciones de la República, estados, municipios o cualquier ente público o privado, se orada el propósito fundamental de dicho ente. El gobierno de Maduro pretende entonces con este cambio transformar al BCV en un simple banco de financiamiento, lo cual es una práctica ajena y contraria a la banca central.

En cuanto a la habilitación que se le da al BCV, cuando así sea requerido por el Ejecutivo Nacional, para suspender transitoriamente la publicación de información de su área de competencia por el período durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica de la nación (artículo 40), hay que resaltar que la misma atenta contra la obligación que tiene el mencionado organismode acopiar, producir y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias, de precios y balanza de pagos (artículo 7, numeral 13 de la ley del BCV). Se trata pues de una función esencial y que es común a los bancos centrales del mundo, en especial de los que operan en países democráticos. Sobre este tema ya escribimos en un artículo publicado en este diario el 11 de junio del pasado año. Pero hay que insistir en el asunto una y otra vez. Las estadísticas que debe producir y publicar el Banco Central de Venezuela tienen el mismo valor que el mapa para un geógrafo, la brújula para quien necesite orientación o el GPS para cualquier aviador o conductor de la actualidad. Por tanto, la falta de publicación de tan importante data nos devuelve a épocas pasadas y remotas que no están en sintonía con el mundo moderno de hoy. Algo tan fundamental y básico parece no importarles a las autoridades de dicho organismo, ni al Gobierno Nacional. Por eso, lo que está ocurriendo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es preocupante. El IPC es un indicador estadístico que mide el cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo familiar durante un período determinado. Por excelencia, el IPC –que ha sido elaborado por el BCV desde 1945- es el indicador utilizado en el análisis de la inflación. Su uso, sin embargo, va más allá. Así, entre otras cosas, se le emplea en la actualización de deudas o pagos ordenados en procesos judiciales, en las negociaciones de patronos y obreros para la determinación de los ajustes salariales, en los ajustes futuros de los cánones de arrendamiento, y como deflactor (proceso de trasformar valores monetarios nominales en otros expresados en monedas de poder adquisitivo constante) de las cuentas nacionales y otras estadísticas. Por tanto, la omisión en que incurre el BCV, que ahora es avalada por la reforma legal que nos ocupa, obstaculiza el normal desarrollo de las anteriores y otras muchas operaciones y actividades.

La anterior opacidad también se quiere llevar a la Asamblea Nacional cuando se mediatice o manipule la información -calificándola de secreta o confidencial- que el Banco deba enviar al referido ente legislativo (artículos 42 y 92).

Estas, Maduro, son las cosas que me alejan de ti.

@EddyReyesT