• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

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Eddy Reyes Torres

Por qué los gobiernos fracasan

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Hay dos cosas que no se pueden ocultar: la tos y la riqueza mal habida. Así dice el refrán popular. El asunto viene a colación ante la cantidad de notas en la prensa nacional e internacional que alude a actos de corrupción llevados a cabo por altos personeros de la revolución bonita. La más reciente manifestación de lo que indicamos la encontramos en el presunto lavado de dinero en España realizado por cuatro exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos, según un informe de la unidad española antiblanqueo (Sepblac).

Por mi sesgo de abogado, leo este tipo de informaciones bajo el sano criterio de que la inocencia se presume hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, nunca dejo también de tomar en consideración la sabiduría popular cuando señala: “Si el río suena, piedras trae”. La cuestión que se me plantea entonces es ¿cuál partido tomar?

Invariablemente es más cómodo tener todos los elementos de juicio a mano para alcanzar una opinión definitiva. Pero el hecho de que la corrupción –y el delito en general– eternamente estarán presentes en toda colectividad humana, y que no siempre la justicia es oportuna, me conducen a no esperar que la información completa esté a mi disposición para inclinar la balanza de mi juicio en un sentido u otro. Al final, mi opinión no es una sentencia legal definitiva.

En mi proceder tomo en consideración que por casi veintiocho años fui funcionario público, de los cuales por más de veintitrés me desempeñé en altas posiciones ejecutivas. En dos ocasiones me tocó enfrentar investigaciones de parte de diferentes órganos del Estado. Recuerdo la primera de ellas, realizada por una comisión de la extinta Cámara de Diputados del Congreso Nacional, que involucraba a la junta directiva de una empresa del Estado de la cual yo era miembro y en la que fui nombrado por las autoridades de la institución en la que desarrollé mi carrera pública. Cuando me correspondió hablar empecé por citar el refrán a que aludo al inicio de esta columna y exigí que se hiciera una indagación exhaustiva de mis bienes para que se pusiera en evidencia si tenía algo más de lo que correspondía a mis ingresos por las funciones que desempeñaba. Después de mi larga intervención fui llamado aparte por el presidente de la comisión investigadora y me expresó que él sabía de mi proceder, y que en realidad la averiguación se hacía por la actuación de un miembro en particular de la referida junta. Luego de oírle, le dije que si ese era el caso, la pesquisa solo debía concretarse a la persona sobre cuyo proceder había dudas y no incluir a los que no teníamos nada que ver con lo investigado. Eso mismo manifesté a la prensa que entonces cubría la noticia. Nunca más fui llamado a declarar por la susodicha comisión.

Frente a las graves denuncias que se hacen constantemente a personajes de esta revolución, jamás he visto que alguno de los involucrados se enfrente a la prensa o a la opinión pública y dé una explicación completa de las funciones que ha ejercido, indique los ingresos que ha percibido en las diferentes posiciones y declare detalladamente su nivel de vida actual. Todos sabemos de los sueldos modestos –y ahora devaluados– de la mayoría de los funcionarios públicos. Son pocos los entes del Estado que tienen remuneraciones competitivas con sus pares del sector privado. No es entonces difícil saber quiénes tienen un estatus de vida acorde con sus ingresos. Incluso en el caso de exfuncionarios que se han apartado de la actividad pública y que después han realizado operaciones comerciales con el Estado, es posible poner en evidencia si han actuado o no con ventaja sobre sus competidores por sus vinculaciones con las altas esferas del gobierno.

Toda la historia republicana está llena de casos de figuras que han conseguido su riqueza gracias a sus relaciones con los gobiernos de turno. Siempre es posible que algunas de esas fortunas se hayan hecho con operaciones transparentes, pero también es factible que unas cuantas  de ellas sean sencillamente producto de la corrupción. Por ello la rendición de cuentas es necesaria. De eso se trata entonces: los acusados deben rendir cuenta a la sociedad y no arroparse en falsos nacionalismos para evadir una sana investigación. El gobierno por su lado debe ser el primer interesado en demostrar el correcto proceder de quienes le prestan servicio o han estado vinculado con él. Pedir la aprobación de leyes habilitantes y no exigir a los acusados por otro Estado o medios de comunicación que hagan público los haberes obtenidos antes, durante y después de prestar servicios al Estado, es lo que genera fundadas dudas en muchos de nosotros. Es por eso que al final los gobiernos fracasan y son barridos por la historia los partidos a ellos vinculados.

 

@EddyReyesT