• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

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Eddy Reyes Torres

El deshonroso disimulo de los gobiernos latinoamericanos

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Uno de los rasgos que definen a la diplomacia es el manejo maestro del disimulo. Más de las veces, al pan no se le llama pan ni al vino se le designa como vino. En el primer caso se prefiere hablar de “masa de harina que se cuece en un horno y sirve de alimento”; y, en el segundo, de “licor que se hace a partir del zumo de las uvas y que luego se fermenta”. Es por eso que la Real Academia de la Lengua al definir el término como “ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con otras” y “servicio de los Estados en sus relaciones internacionales”, agrega dos de sus tonos coloquiales: “Cortesía aparente e interesada” y “habilidad, sagacidad y disimulo”. Esta última es la realidad con la que debemos lidiar los venezolanos opositores al gobierno, al momento de evaluar la actitud de los países latinoamericanos frente a las arbitrariedades y atropellos de esta mal llamada revolución.

Para nadie es un secreto que en Venezuela se viola descaradamente la Constitución, se utilizan abiertamente los fondos públicos en actividades partidistas, se discrimina sin contemplación a los opositores y se reprime violentamente sus protestas, se realiza un uso arbitrario del presupuesto nacional para perjudicar a los gobernadores y alcaldes de la oposición, se somete al Poder Judicial a los dictámenes y deseos del presidente de la República, se arremete indebidamente contra el sector empresarial y la propiedad privada, se atenta en forma descarada contra la libertad de expresión y se acorrala a la prensa libre, y no se investigan los escandalosos casos de corrupción que ya han logrado trascender nuestras fronteras. Sobre eso, las cancillerías latinoamericanas guardan retumbante silencio. Pero basta que el presidente Barack Obama haya aprobado el pasado 9 de marzo una orden presidencial que declara a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, para que las cancillerías hermanas salieran de su letargo.

De poco sirvió el comunicado de la Casa Blanca donde se destaca que la orden se emite fundamentalmente para “poner en práctica y ampliar la ley de 2014 relativa a la defensa de los derechos humanos en Venezuela y su sociedad civil”. Conforme a lo anterior, los “los funcionarios de Venezuela que violen los derechos humanos de ciudadanos de dicho país y que se involucren en actos de corrupción pública no serán admitidos en Estados Unidos y sus bienes y cuentas  en el sistema financieros norteamericano podrán ser intervenidos”. Adicionalmente, el comunicado alude a la preocupación de Estados Unidos por las acciones del gobierno de Venezuela dirigidas a intimidar progresivamente a sus oponentes políticos, dejando claro que los problemas del país no se pueden resolver criminalizando a la disidencia. Además, se hace constar que se hicieron reiteradamente llamados al gobierno de Venezuela para que liberasen a aquellos opositores que están encarcelados injustamente, así como para que mejoraran el clima del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión y reuniones pacíficas, las cuales son esenciales para una democracia que funciona. También deja en claro que la única manera de resolver los problemas del país es a través del diálogo verdadero, y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las críticas. Y, finalmente, se resalta que el pueblo de Venezuela se merece un gobierno que respete su compromiso con la democracia, según se establece en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos.

De acuerdo con lo señalado, las acciones acordadas por el presidente Obama, que por ahora van dirigidas a siete funcionarios del régimen venezolano, se aplican dentro de las fronteras de Estados Unidos. De modo que no se trata de una invasión a la patria de Bolívar o una guerra contra esta. Pero por su relevancia, la actuación norteamericana ha puesto en movimiento a las cancillerías de la región. En particular, el ministro de Relaciones de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó que “no es alentadora” la decisión unilateral que tomó Estados Unidos con respecto a Venezuela. Sin más, un comentario “desalentador” para la masa opositora que permanentemente sufre los embates de un régimen que emula con sus prácticas cotidianas a las más perversas dictaduras.

Yo no sé dónde se encontraba el señor Muñoz cuando Augusto Pinochet ejerció su cruento mandato en Chile. En todo caso él no tiene por qué saber que cuando se produjo el golpe de Estado que dio al traste con el gobierno de Salvador Allende, un grupo de jóvenes idealistas, que creían en la justicia, la democracia y el Estado de Derecho, y que acababan de terminar sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, decidieron honrar su promoción con el nombre de Salvador Allende. Fue un gesto que tuvo algún valor para los pocos chilenos demócratas que supieron de él. Más notoria fue la actuación de los diferentes gobiernos venezolanos (adecos y copeyanos) que llevaron a cabo un sinnúmero de acciones en beneficio de los opositores chilenos que fueron perseguidos a sangre y fuego por los militares de su país. Innumerables asilados en nuestra embajada salvaron sus vidas gracias al apoyo venezolano. Pero, además, los gobiernos venezolanos no dejaron de ayudar a muchos presos de la despiadada dictadura, haciendo las gestiones necesarias para obtener su libertad, como ocurrió en el caso de Orlando Letelier. Pero no fue solo eso. Muchísimos chilenos se trasladaron en esa época a Venezuela y fueron ubicados en dignos puestos de trabajo en diferentes dependencias gubernamentales.

Acciones similares llevaron a cabo los gobiernos de la mal llamada IV República, durante los regímenes dictatoriales que sojuzgaron a otras naciones hermanas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y buena parte de Centroamérica y el Caribe.

Ahora, cuando una mayoría de venezolanos sufre las acciones ominosas de un gobierno cuya fachada democrática no es más que un cascarón vacío, nuestros “hermanos” del continente se conducen de manera sibilina porque nadie quiere confrontarse con el dueño y señor de la gallinita de los huevos de oro que ya no da para más. Ninguno de ellos ha sido ni siquiera capaz de conseguir la liberación de un solo preso político. Con esa conducta los gobiernos latinoamericanos le prestan un flaco favor a la democracia y sus principios sacrosantos.

Para fortuna nuestra, por otros lares, el viento comienza a soplar a nuestro favor. En la edición de este diario, del pasado miércoles 25, se informa que el Partido Popular, en el gobierno, y el Partido Socialista Obrero Español, oposición, acordaron en el Congreso apoyar una propuesta a favor de la liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López, del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, y del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, así como de los demás opositores, estudiantes y manifestantes arbitrariamente encarcelados en Venezuela en el contexto de las protestas pacíficas iniciadas en enero de 2014.

A los venezolanos que sí tienen dignidad no les queda más alternativa que esperar a nuestros hermanos latinoamericanos en la bajadita, no en actitud retaliativa sino para enseñarlos a comportarse con pundonor.

 

@EddyReyesT