• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

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La Revolución de Octubre (I)

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El 18 de octubre de 1945 quedó marcado como un día diferente en la historia de Venezuela. Los tiros comenzaron en horas de la mañana. Una delación de último momento puso al gobierno en conocimiento del plan conspirativo. Rómulo Betancourt fue informado al respecto por la madre de Carlos Delgado Chalbaud. Varios oficiales fueron detenidos (el mayor Marcos Pérez Jiménez, entre ellos) y se ordenó el acuartelamiento de las tropas. Pero ya la conspiración estaba en marcha y había comenzado por la Escuela Militar, desde donde Delgado Chalbaud dirigió las operaciones. Después se sublevó el Cuartel de Miraflores. El general Eleazar López Contreras fue detenido y trasladado, junto con varios personeros del gobierno (Arturo Uslar Pietri y Mario Briceño Iragorry, entre otros), a la Escuela Militar. En la mañana del día 19, la Aviación se sumó al golpe, definiendo la victoria de los insurrectos. Así, 36 horas después de iniciada, se organizaba en el Palacio de Miraflores la Junta Revolucionaria de Gobierno. El general Isaías Medina Angarita, para entonces presidente de la República, pudo haber resistido y complicarle las cosas a los golpistas, pero prefirió evitar males mayores. Para ese momento el saldo de víctimas, entre muertos y heridos, pasaba de 400. Betancourt reconoció más tarde que el gobierno de facto nació de un golpe de Estado típico y no de una bravía insurgencia popular. Pero en su momento, la acción fue glorificada como la “Revolución de Octubre”. Ambos señalamientos tienen su parte de verdad y sobre eso abundaremos más adelante.

Ramón J. Velásquez resumió así las razones de la caída del régimen: “Puede afirmarse que la incapacidad para advertir las primeras señales de peligro y conjurar la crisis liquidadora del sistema político que presiden por parte de quienes han ejercido un largo mandato, radica fundamentalmente en la falta de perspectiva histórica, antes que en la carencia de valor o audacia para afrontar las dificultades. Creadores y usufructuarios del régimen que se ha estabilizado, no advierten cómo a lo largo del tiempo aparecen y van creciendo y fortaleciéndose nuevas fuerzas sociales y económicas que piden sitio de participación en el ejercicio del poder. Eso ocurrió el 18 de octubre de 1945. Los gobiernos sucesivos de López Contreras y Medina Angarita habían liquidado el tratamiento de violencia y terror que utilizó Gómez a lo largo de sus veintisiete años de dictadura y sustituyeron este sistema por un régimen de respeto a la dignidad humana y de garantizado ejercicio de los derechos cívicos, pero mantenían el monopolio del Gobierno como en los tiempos anteriores a 1936. El problema que ante el país se planteaba no era de calidad humana o profesional de quienes ejercían el poder sino el origen mismo de ese mandato. Por otra parte, esa situación contradictoria se repetía en el seno de las Fuerzas Armadas pues al propio tiempo que se estimulaba la formación académica de las nuevas promociones castrenses, les cerraban el paso con la presencia y consolidación en los mandos de un grupo de oficiales sobrevivientes de un tiempo abolido. El fenómeno era igual en el mundo económico donde nuevos grupos de empresarios y promotores reclamaban de parte del Estado mayor atención y respaldo a sus planes de desarrollo agro-pecuario e industrial” (Velásquez, Ramón J.; Sucre Figarella, J. F.; y Bruni Celli, Blas, Betancourt en la historia de Venezuela del siglo XX, Ediciones Centauro, Caracas, 1980).

A Leonardo Ruiz Pineda le tocó redactar el Acta Constitutiva de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que quedó integrada así: Rómulo Betancourt (presidente), Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Edmundo Fernández, mayor Carlos Delgado Chalbaud y capitán Mario Vargas. Betancourt designó al joven Carlos Andrés Pérez como su secretario privado. De inmediato, “con prisa y sin pausa”, Miraflores se transformó en una máquina para hacer decretos. La razón era muy simple: “La revolución creaba su propia judicialidad, con cierta premura angustiosa, porque no sabíamos si de nuestro paso por el Gobierno iba a quedar apenas un conjunto de señales orientadoras para quienes, en el futuro, recogieran ese mensaje. No en otra forma han procedido, sin proponérselo, los revolucionarios de todos los tiempos” (Betancourt, Rómulo, Venezuela, política y petróleo, Editorial Senderos, 1969).

Una de las primeras medidas que se adoptó (Decreto del 22 de octubre de 1945) fue incapacitar a los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno “para postular sus nombres como candidatos a la Presidencia de la República y para ejercer ese alto cargo cuando en fecha próxima elija el pueblo a su Primer Magistrado”. El decreto fue redactado de puño y letra por Betancourt, lo cual habla muy bien de sus motivaciones últimas: facilitarle a su partido la escogencia de Rómulo Gallegos como candidato. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que ese es un terreno que tiene muchos vericuetos. Hannah Arendt, una verdadera experta en la materia, lo reconoce sin ambages: “Por supuesto, cada hecho en particular tiene sus motivaciones, su propósito y razón de ser, pero el acto en sí mismo, pese a que proclama su propósito y manifiesta su razón de ser, no pone de manifiesto la motivación íntima del agente. Sus motivaciones permanecen en la oscuridad, no brillan sino que permanecen ocultas, no sólo para los demás, sino, las más de las veces, para sí mismo y no son ni siquiera descubiertos por la introspección” (Arendt, Hannah, Sobre la revolución, Alianza Editorial, Madrid, 2006).

Así, es posible presumir que Betancourt, además de dar una clase en materia de desprendimiento personal, también tuvo el propósito de cortar toda ambición a los militares miembros de la Junta, principalmente a Delgado Chalbaud. Respecto a Pérez Jiménez, es factible que pensara que se trataba de un toro que por lo pronto no tenía que lidiar pues no formaba parte del alto gobierno. Lo que sí es cierto es que de los militares hay que cuidarse, y mucho más si están cerca o en pleno ejercicio del poder.

Inmediatamente después, el 30 de octubre, mediante alocución dirigida por radio, Betancourt –hablando en nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno y del Gabinete Ejecutivo–, hizo importantes anuncios al país: liquidar los vicios de administración, el peculado y el sistema de imposición personalista y autocrática, sin libre consulta de la voluntad popular; hacer que los máximos personeros del régimen comparezcan ante la justicia para dar cuenta de sus fortunas y respondan a los cargos de abuso de poder y administración deshonesta del patrimonio nacional; promulgar un decreto mediante el cual se creará la comisión encargada de redactar un Código Electoral democrático, que permita la elección por sufragio directo de una Constituyente; una vez elaborado ese Estatuto, realizar la tarea de censar a todos los venezolanos de ambos sexos aptos para el ejercicio del sufragio, y proceder a llamar al país a una consulta electoral absolutamente libre, sin interferencias ejecutivas de ninguna clase; imponer a los funcionarios públicos de determinadas categorías, empezando por los ministros y los miembros de la Junta, la obligación de hacer una declaración jurada de sus bienes ante un juez y de realizar acto semejante al resignar sus funciones; descentralizar la obra del Estado y cambiar radicalmente su centro de gravitación; defender la idea de la carrera administrativa y de la estabilidad del funcionario público; mejorar económicamente la situación de los servidores del Estado; garantizar de manera absoluta las libertades de prensa y de radiodifusión; restablecer las suspendidas garantía constitucionales; respetar las concesiones y contratos otorgados a inversionistas extranjeros y procurar un trato equitativo en las relaciones entre el Estado y los inversionistas; y garantizar la libertad de organización sindical. La mayoría de esas promesas, en especial las que tenían que ver con el régimen de libertades, se cumplieron a plenitud.

 

@EddyReyesT