• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

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La Revolución de Octubre (y II)

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El nuevo Gobierno no paraba la toma de decisiones. Mediante decreto de fecha 27 de noviembre de 1945, se creó el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa con el propósito de juzgar a los responsables de hechos contra la cosa pública o enriquecimiento sin causa. De acuerdo con dicho instrumento normativo, que contrariaba elementales principios en materia judicial, el Jurado podía determinar la responsabilidad del enjuiciado ateniéndose a los dictados “de la justicia y la equidad, apreciados conforme a su leal saber y entender”; además, contra las medidas y pronunciamientos emanados del Jurado, “no se considerará recurso alguno, por lo que sus decisiones tendrán fuerza de cosa juzgada”; y contra los miembros de dicho cuerpo no se admitía recusación. Más adelante se acordó que una Comisión Especial de la Asamblea Nacional Constituyente revisara los fallos del Jurado de Responsabilidad Administrativa. Curiosamente, un jurista de la talla de Rafael Caldera, para entonces Procurador General de la Nación, avaló con su opinión el régimen especial. El Jurado enjuició a importantes figuras de los dos gobiernos anteriores, tales como Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, Arturo Uslar Pietri, Tulio Chiossone, Ángel Biaggini, León Jurado, Pedro Manuel Arcaya, Eustaquio Gómez hijo, Rafael Simón Urbina, Roberto Omaña y José Vicente Rangel Cárdenas. Algunos de ellos o de sus descendientes pasarían luego la factura, aunque se les fuera la vida, cobrando con creces. De nada valía que el historiador Tomás Polanco Alcántara dijera que: “…sólo con las facultades ilimitadas de investigación y decisión, atribuidas al Jurado, le era posible establecer las responsabilidades de cualquier ex funcionario, ya que ante los Tribunales Ordinarios todo intento, en ese sentido, habría resultado nugatorio… También es útil y justo mencionar que el Jurado fue siempre severo en sus decisiones y que en la mayoría de los casos  sentenciados se observa, examinando sus providencias con objetividad, que se encontró en muchos que habían sido funcionarios públicos, sus familiares o amigos, situaciones de una absoluta falta de justificación” (Polanco Alcántara, Tomás, Eleazar López Contreras, Academia Nacional de la Historia, Grijalbo, S.A., Caracas, 1991). Es probable que Betancourt, quien se opuso a los juicios de peculado en el seno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, reconociera y recordara más tarde la reflexión de Nicolás Maquiavelo (1469-1527): “Los hombres olvidan primero la muerte del padre que la pérdida del patrimonio”.

En sintonía con la alocución del 30 de octubre que ya referimos, y ante las necesidades ingentes de recursos económicos para promover la producción nacional en los renglones agrícola, pecuario e industrial, y atender la construcción masiva de viviendas, la Junta aprobó una contribución extraordinaria por parte del sector petrolero -mediante el cual se abren las puertas para implantar el régimen del 50-50 (fifty-fifty) en materia petrolera-, que le permitió al Gobierno recaudar cien millones de bolívares (Decreto del 31 de diciembre de 1945).

El 17 de diciembre se designó una comisión encargada de redactar el nuevo Estatuto Electoral, el cual fue aprobado por la Junta Revolucionaria, mediante decreto del 15 de marzo de 1946, convirtiéndose en el instrumento legal aplicable a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. En dicho instrumento se dio un paso democrático de singular importancia al asegurarse la representación parlamentaria de las minorías. Al referirse a este punto Rafael Arráiz Lucca señala: “…El principio de la representación proporcional de las minorías está ligado al del respeto a la disidencia, el respeto a los derechos del vencido y, sobre todo, a la práctica democrática según la cual el hecho de vencer no constituye una suerte de ‘patente de corso’ para imponer su voluntad sin consultar o concertar con el adversario, en particular cuando se tiene conciencia de formar parte de una comunidad política” (Arráiz Lucca, Rafael, El “trienio adeco” (1945-1948) y las conquistas de la ciudadanía, Editorial Alfa, Caracas, 2011).

En enero de 1946, se descubrió un complot en Maracay y se detuvieron preventivamente a los civiles y militares involucrados. Betancourt hizo concurrir a su oficina al mayor Albornoz, jefe de la guarnición amotinada, quien le dijo que: “Era imposible mantener la disciplina porque los oficiales en rebeldía estaban molestos debido a que el Gobierno no lo preside un andino, como siempre sucedió antes”. A mediados de 1946, se descubrió otro movimiento conspirativo, dirigido desde los Estados Unidos por el General Eleazar López Contreras, quien llegó incluso a contar con la cooperación del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. La policía norteamericana tomó cartas en el asunto y en Venezuela se hizo lo conducente. El 11 de diciembre del mismo año, estalló una revuelta mejor organizada, en Valencia. A la cabeza de la misma estaba el comandante Juan Pérez Jiménez, hermano de Marcos Pérez Jiménez. Betancourt actuó de manera decidida: “De este despacho –le dijo a Delgado Chalbaud– saldré cuando derrotemos a esa gente, o con los pies para adelante”. Y al día siguiente la contrarrevolución estaba vencida.

Los acontecimientos siguieron su desarrollo y las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente se realizaron el 27 de octubre de 1946, arrojando los siguientes resultados: AD obtuvo 137 diputados, Copei consiguió 19 diputados, URD obtuvo 2 diputados e igual número el PCV. Ese día –escribe Ramón J. Velásquez– pudo el pueblo de Venezuela acercarse, por primera vez en su historia, sin recelo de la amenaza o del fraude, a las urnas electorales. Una vez que se constituyó la Asamblea, sus debates fueron transmitidos por la radio. Finalmente, el 5 de julio de 1947 se proclamó la nueva Constitución que, entre otras cosas, concedía el sufragio a todos los ciudadanos mayores de 18 años, eliminaba el requisito de saber leer y escribir y la exclusión de las mujeres, y establecía la elección directa del Presidente de la República. Un eminente historiador venezolano, Germán Carrera Damas, calificó este hecho como “el acontecimiento social más importante desde la ruptura con la monarquía” (Hernández, Ramón, El asedio inútil. Conversación con Germán Carrera Damas, Editorial Libros Marcados, Caracas, 2009).

El 14 de diciembre de 1947 se realizaron las elecciones presidenciales y Rómulo Gallegos fue electo con el 74 por ciento de los votos. De esa forma la “Revolución de Octubre” quedó legitimada. De esa manera, también, la más importante promesa de Betancourt se cumplía plenamente. Sin embargo, tras bastidores, muchos líderes de AD consideraban que el autor de Doña Bárbara no era un candidato adecuado para el momento histórico y político.

A la luz de los hechos y vistos a la distancia, resulta pertinente retomar la discusión de muchos años entre los opositores y partidarios de Rómulo Betancourt, acerca de la naturaleza política de los sucesos de octubre de 1945: ¿se trató de un golpe de Estado o de una revolución? La respuesta a esta interrogante la desarrollaremos de la mano de Hannah Arendt, discípula de Heidegger y Husserl, a la cual ya nos referimos con anterioridad, y Manuel Caballero, historiador de la izquierda democrática.

Según Arendt, las revoluciones siempre han estado asociadas a la idea de la libertad. Eso es así desde su expresión más representativa en la historia: la Revolución Francesa. Efectivamente, en 1793, cuatro años después del comienzo de dicha revolución, Nicolás de Condorcet (1743-1794) –una de sus figuras estelares, fue diputado de los Girondinos, partidarios de una reconstrucción pacífica del país– expuso de forma resumida lo que todo el mundo sabía: “La palabra ‘revolucionario’ puede aplicarse únicamente a las revoluciones cuyo objetivo es la libertad”. Se explica entonces la inevitabilidad de que la violencia sea un elemento intrínseco a ellas. La violencia surge como origen y es avalada por el comienzo legendario de la historia: Caín mató a Abel, y Rómulo mató a Remo. De esa realidad mítica deriva que ningún origen puede realizarse sin apelar a la violencia, esto es, sin la usurpación. Esto tiene evidentes implicaciones: cualquiera que sea el modo en que las definamos, las revoluciones no son simples cambios. Conforme a lo anterior, el “trienio” que se inicia el 18 de octubre de 1945 sí puede ser catalogado como “revolución”. Por un lado, el mismo arranca con un hecho de violencia que produjo más de cuatrocientas víctimas, entre muertos y heridos; después, sus acciones no se dirigieron a realizar simples modificaciones en la realidad política y social, sino que consolidaron el espíritu democrático que nació el 14 de febrero de 1936; y, por último, los cambios más importantes estuvieron asociados a las libertades, especialmente las de sufragio universal y elección del presidente de la República.

Manuel Caballero por su parte, quien confrontó a Rómulo con acritud en vida de éste, es determinante en su juicio: la conjura que estalla el 18 de octubre de 1945 no fue una revolución, sino un pronunciamiento militar clásico, pero lo actuado a partir de ese momento sí merece ser llamado “revolución”. Lo primero (el golpe de Estado) implica a una administración, a veces a un régimen, pero nunca a la comunidad política. El segundo (la revolución) es lo contrario, y puede cubrir todo el ámbito social. Aparte de la irrupción de las masas a través del voto –agrega–, hay tres ámbitos donde se produjeron cambios de carácter revolucionario: 1°) en materia de la propiedad, cuando se castiga a los reos de peculado y se confiscan sus bienes; 2°) en el área de la educación, pues, a partir de 1945, ella se masifica en un grado jamás alcanzado en la historia de Venezuela; y 3°) en el ejercicio del poder mismo: por primera vez en la historia venezolana, los gobernantes revolucionarios “provisionales”, no intentan prolongar su poder, sino que por decreto se lo prohíben, impidiendo así que se pudieran lanzar como candidatos en las elecciones presidenciales que se realizaron el 14 de diciembre de 1947 (Caballero, Manuel, Rómulo Betancourt, político de nación, Editorial Alfa, Caracas, 2008).

No hay pues duda: lo que arrancó en octubre de 1945 fue una revolución, la única del siglo XX y lo que va del XXI, que abrió las ventanas del país permitiendo la entrada de aire nuevo. Afirmar lo contrario es sencillamente producto de la mezquindad ideológica y la miopía.

@EddyReyesT