• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

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Eddy Reyes Torres

Pobrecito Maduro

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Con regularidad leo artículos de opinión donde se alude a Maduro como una especie de dirigente fallido que no cumplió debidamente con el legado que le asignó Hugo Chávez. Ante tanta insistencia de quienes escriben en la prensa nacional e internacional, así como muchos de sus compañeros, a uno no le queda más remedio que condolerse del “sucesor” y acompañar ese sentimiento con la conocida expresión para los momentos en que las mayores desgracias recaen sobre alguien: “pobrecito”. Lo que aquí señalo no tiene tono de burla alguno y a continuación paso a explicar las razones.

La verdad es que tanto Chávez como Maduro han demostrado que su formación económica y gerencial fue, en el caso del primero, y es, en cuanto al segundo, muy elemental. El hecho de que el “comandante eterno” hubiese copado por tanto tiempo la escena política nacional y, en cierto grado, hasta la internacional, tiene su explicación en circunstancias que son ajenas a su supuesta condición de líder genial. En efecto, él tan solo fue el beneficiario de una situación política, social y económica que simplemente implosionó, dejándole las puertas abiertas para que el populismo izquierdista –representado por nuestra “izquierda borbónica”, Petkoff dixit– recibiera en bandeja de plata su trofeo: Venezuela.

El proceso de deterioro del país arrancó al mismo inicio de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (marzo de 1974), a raíz de la Guerra de Yom Kippur. En solo un año los ingresos fiscales casi se triplicaron, pasando de 15 millardos a 40 millardos de bolívares, como resultado de que el barril de petróleo subió su precio de 2 a 14 dólares. En su juramentación, Pérez prometió “administrar la abundancia con criterio de escasez”. Pero poco después, con el propósito de definir los lineamientos a seguir para el desarrollo económico y social del país, el gobierno aprobó el V Plan de la Nación, cuyo financiamiento se realizaría, entre otros recursos, con operaciones de crédito público. La argumentación detrás del aumento de la deuda pública era que la bonanza financiera permitía solicitar préstamos a la banca internacional a tasas de interés tan convenientes, que no hacerlo sería un grave error financiero. Esta política fue un craso desacierto pues terminó originando un enorme endeudamiento público que continuó en los gobiernos siguientes, lo que trajo terribles consecuencias para el país. La dupla conformada por Juan Pablo Pérez Alfonzo y Domingo Alberto Rangel cuestionó dicho plan y lo bautizó con el nombre de Plan de Destrucción Nacional. Los números dan cuenta de lo anterior: la deuda pública externa pasó de 1.212 millones de dólares, a finales de 1973, a 7.265 millones, a finales de 1978; y la interna de 3.233 millones de bolívares a 17.913 millones.

Al momento de Luis Herrera Campins asumir la presidencia (marzo de 1979) tiene razones para afirmar: “Recibo una Venezuela hipotecada”. Pero a veces la lengua es castigo del cuerpo. Tres años más tarde, producto del debilitamiento del mercado petrolero mundial, el ingreso fiscal por ese concepto se redujo en un tercio, lo cual impactó sensiblemente la balanza de pagos y las reservas internacionales del país. Tratando de paliar la situación, el gobierno incurrió en nuevos endeudamientos que llevó a la deuda pública a un monto sin precedentes: 20.000 millones de dólares. La mesa quedó así servida para medidas drásticas. El año 1983 fue el fin de la fiesta. Las salidas de divisas eran imparables y las reservas internacionales se ubicaron en un nivel crítico. El viernes 18 de febrero de 1983 –que fue bautizado como el “Viernes Negro”–, se alcanzó el punto de inflexión: se hizo necesario devaluar el signo monetario, lo que a su vez tuvo importantes repercusiones económicas, políticas y sociales. Al final de la gestión de Herrera Campins, la deuda pública externa estaba en el entorno de los 29.000 millones de dólares.

En febrero de 1984, Jaime Lusinchi se juramenta como presidente. Y cuando todos los análisis apuntaban hacia una mejora de la economía nacional, ocurrió lo imprevisto: los precios del petróleo se desplomaron como consecuencia del fuerte aumento de la producción petrolera de Arabia Saudita. En ese contexto, una acción política de gran significación se adoptó: los secretarios regionales de Acción Democrática fueron designados gobernadores de sus respectivos estados. Nunca como antes AD y el gobierno se fundieron de tal manera. Carlos Andrés Pérez fue muy crítico de esa situación, por las consecuencias que de allí se derivaron: “Las contrataciones de obras públicas nacionales y regionales se negociaban y se repartían en la casa del partido (…) de esta manera, comienza a desligarse de la gente, y a ser oficina de negocios de las cúpulas dirigentes”. En paralelo, la moralidad del régimen se fue degradando más: se hablaba con insistencia de la enorme influencia que la secretaria privada del presidente ejercía en las decisiones de Recadi, el organismo encargado del manejo del control de cambios. Al final de la presidencia de Lusinchi, las reservas internacionales operativas (esto es, las reservas realmente disponibles en efectivo) habían bajado de 8.207 millones de dólares en 1985 a 2.044 millones en 1988. Para el momento en que Carlos Andrés Pérez arrancó su segundo mandato esa última cifra era de unos pocos cientos millones de dólares.

La nueva gestión presidencial de Carlos Andrés Pérez, que se inició a comienzos de 1989, fue un intento por rectificar. En su discurso oficial, Pérez dijo: “Si queremos un país de economía sólida (…) debemos asumir las consiguientes responsabilidades. Esto no se logra sino mediante la disciplina, la productividad y el sacrificio (…) El Estado deberá despojarse del intervencionismo avasallante de Estado protector y munificente (…) Propongo una política que corrija los profundos desequilibrios económicos, financieros, monetarios y fiscales, antes que se conviertan en estructurales y sea imposible removerlos sin dramáticos traumas colectivos”.

Aunque la escenografía del momento era de fiesta magna, la realidad política,  social y económica del país era totalmente distinta. En ese escenario, sin una amplia consulta, el 16 de febrero, Carlos Andrés anuncia un conjunto de medidas dirigidas a liberalizar la economía, entre ellas el aumento del precio de la gasolina. Para minimizar el impacto que las decisiones anteriores tendrían en la población, se aprueban una serie de providencias de carácter social. Pero hubo un detalle: el aumento de la gasolina se puso en práctica antes que el ajuste salarial. Allí ardió Troya y el Caracazo, que derivó en vandalismo y asaltos a locales comerciales, y varias centenas de muertos, fue su expresión.

La antipolítica hace entonces su aparición. En junio de ese año, el escritor Juan Liscano funda el Frente Patriótico, cuyo principal objetivo es “deslastrar” al país de los partidos políticos. Arturo Uslar Pietri se une al coro y declara que el país estaba divido en dos, los “pendejos” y los vivos, motivo por el cual había que crear la orden de los pendejos para dársela a todo aquel que ha sido honesto y no se ha robado ni un centavo del erario público. La mesa quedó servida para que “Los Notables” aparecieran en escena.

Carlos Andrés se convirtió de pronto en el “chivo expiatorio”. Él era el culpable de todas las calamidades que azotaban al país y nadie se detuvo en la advertencia que tiempo atrás había hecho Doris Lessing (Premio Nobel de Literatura 2007): “Cuidado, el talento para ver la desnudez del emperador, puede implicar que no se adviertan sus otras cualidades”. El ruido de los cuarteles se hizo atronador y se expresó entre el 3 y el 4 de febrero de 1992. Una segunda acción militar se repitió el 27 de noviembre. Ambas fracasaron pero dañaron seriamente la imagen de Pérez y su proyecto liberal. Su salida, por la vía del “atajo”, fue inevitable, lo cual vulneró un aspecto fundamental de la democracia: sustentarse en el “estado de derecho”. A la luz de un examen jurídico imparcial y desapasionado, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia fue en verdad un “golpe de Estado judicial”. Pero esa historia es harina de otro costal. 

El 21 de mayo de 1993, Octavio Lepage, en su condición de presidente de la Cámara del Senado, fue juramentado como presidente de la república. Pero su ejercicio fue un simple interregnum. El Congreso designó después a Ramón J. Velásquez y éste se juramentó el 5 de junio. Su nombramiento fue producto de una coyuntura especial y a él le tocó estar en el lugar adecuado, en el momento justo. Para ese propósito reunía las mejores condiciones: ser amigo de todos.

Como resultado de los graves acontecimientos políticos ocurridos durante el gobierno de Pérez, el enorme déficit presupuestario de 1992 y el debilitamiento de los precios petroleros al inicio de 1993, se exacerbó la fuga de capitales. Eso afectó directamente al sistema bancario. Peor todavía, la retórica de la campaña electoral, liderada por Caldera, hizo hincapié en el programa económico de Pérez, atribuyéndole las culpas por lo que ocurría en esa área. El mensaje que recibían los inversionistas y ahorristas era claro: una vuelta a lo anterior. Para finales de 1993 la inflación se ubicó en 45,9%. Y, para colmo de males, el 12 de enero de 1994 se inició una devastadora crisis bancaria que derivó en la salida de la Cámara de Compensación del Banco Latino, al no poder cubrir el saldo en contra de sus cheques.

En febrero de 1994, con 78 años de edad, Caldera vuelve a dirigir los destinos del país. Hacia finales del mes de marzo, el presidente toma una medida fundamentalmente política que, aunque estaba en el ambiente, no deja de sorprender a muchos: sobresee la causa a los militares golpistas del 4 de febrero. Esto es, se pone fin al procedimiento judicial y se considera inexistente el delito cometido por los imputados. De esa forma se cubría con el manto de la impunidad a los responsables directos de cuantiosas pérdidas materiales y de los veinte muertos que se produjeron durante el levantamiento en cuestión, sin contar las ciento sesenta y cinco víctimas de la asonada del 27 de noviembre del mismo año, en la cual también tuvieron participación. En materia económica, el presidente se aparta del recetario de Pérez. Al no adoptarse las medidas macroeconómicas que la situación imponía, el país se fue a pique, cuesta abajo en su rodada, como dice el tango de Carlos Gardel. A pesar de que el precio del petróleo había aumentado más de 25% en el segundo trimestre de 1994, el mercado percibía que los problemas eran profundos. A mediados de mayo, el gobierno intervino once instituciones financieras y procedió a cerrarlas. La medida generó un gran pánico y las salidas de capital se hicieron imparables. Al gobierno no le quedó más alternativa que establecer el control de cambios, el 27 de junio.

La economía del país estaba hecha una madeja. Para desenredar aquello, Teodoro Petkoff se incorporó al tren ejecutivo como ministro de Coordinación y Planificación, a finales de marzo de 1996. De inmediato, Petkoff se convirtió en el vocero principal del gobierno en materia de política económica, poniendo además a la locomotora del Estado a desplazarse por la vía correcta hacia la economía de mercado. Se derogó el control de cambio y se quintuplicó el precio de la gasolina. La vuelta de tuerca trajo consecuencias inevitables: la inflación de 1996 alcanzó  a 103,2%, el nivel más alto que se había registrado en el país, producto de la depreciación del tipo de cambio que pasó, en el curso del año, de 290 bolívares por dólar a 476 bolívares por dólar. Durante 1997, Petkoff siguió conduciendo con firmeza el tren de la política económica. Pero Dios no nos ayudó (o proveyó, como ahora quiere Maduro). En julio de 1997 estalló la crisis financiera asiática. De inmediato se produjo un efecto dominó que extendió la crisis a Malasia, Indonesia y Filipinas, con repercusiones importantes en Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Lo que se pensaba que era una crisis regional terminó por convertirse en la primera gran crisis de los mercados globalizados.

En 1998, a raíz de la crisis asiática, los precios de los hidrocarburos cayeron un 35,5%, lo que determinó que la cesta petrolera venezolana se ubicara en 10,57 dólares por barril, el nivel más bajo alcanzado en nuestro país desde 1974. En virtud de ello la economía venezolana se colocó, nuevamente, en los niveles que tenía a finales de 1993, cuando Rafael Caldera tomó las riendas del país. La mesa quedó así servida. En las elecciones presidenciales que se celebraron el 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez obtuvo la mayoría de los votos (56,45%). Fue el gran beneficiario de la tesis de la antipolítica que se sembró en el país a partir de 1990 y las recurrentes crisis económicas ocurridas desde 1983. Si a lo anterior agregamos los errores cometidos por el pueblo opositor (huelga petrolera y abstención de participar en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005) y la bonanza petrolera que benefició al gobierno de Chávez, no es difícil de explicar el éxito –interno y externo– a “realazo limpio” de la revolución bonita. Los números están allí: la revolución ha manejado más dinero que el administrado por los gobernantes venezolanos desde José Antonio Páez a Rafael Caldera, en su segundo período de gobierno, y eso ha sido producto de los altos precios petroleros y el cuantioso endeudamiento externo e interno. Allí está incluido el manejo de la mayor cantidad de dinero inorgánico, esto es, dinero sin respaldo económico real, representado por la apropiación indebida de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela y los créditos masivos que este último organismo ha concedido a Pdvsa por su calamitosa gestión económica. La suma de todo eso nos ha traído hasta la crisis que hoy padecemos. En este momento, la deuda total venezolana –que incluye la externa, interna y de Pdvsa–, se ubica en el orden de los 250.000 millones de dólares. Antes de esta desastrosa revolución dicha deuda era de 35.000 millones de dólares.

El ideólogo y ejecutor de esa “política del desastre” fue el “comandante eterno” y Maduro no ha sido más que el continuador de esa infeliz situación. Por eso no puede sostenerse que Nicolás no ha defendido el legado de Chávez. Cuando la política echa a un lado los principios económicos más elementales –y eso lo han hecho Chávez y Maduro– lo que obtiene es lo que ahora estamos padeciendo en nuestro país: alta inflación, escasez de productos de la cesta alimentaria, cierre de fuentes de trabajo, reducción de las exportaciones no tradicionales, devaluación sostenida de la moneda, contrabando de extracción y emigración de los profesionales mejor preparados. Por eso nadie extraña que al oír hablar a los más altos dirigentes del proceso, solamente escuchemos lugares comunes, o sea: una retahíla de términos huecos (guerra económica, oligarquía parasitaria, escuálidos, neoliberalismo, apátridas, imperialismo yanqui, etc., etc., etc.), manipulados sin argumentos económicos y políticos de fondo, que van dirigidos a sus más fieles seguidores y a quienes por razón de su pobreza dependen para todo de las migajas que les da el gobierno. De igual características son los comentarios rocambolescos que hacen, como esos de que “si la gente hace cola es porque tiene dinero” o que “hay cola porque los abastos están bien surtidos”. El problema “camaradas” es que ahora lo que hay es cada vez menos dinero orgánico, esto es, con verdadero respaldo económico. A nadie debe extrañar entonces que más temprano que tarde la revolución bonita sea barrida por la historia y se pierda de nuestra vista como insustancial polvo cósmico.