• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

Al instante

¿Emergencia económica o cambio de rumbo?

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En su reciente comparecencia ante la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro presentó para la consideración del ente el Decreto N° 2184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional. Dicho instrumento normativo fue dictado con fundamento a la competencia legal que le asigna la Constitución al Presidente de la República y conforme a sus artículos 337, 338 y 339. Corresponde ahora a la Asamblea Nacional evaluar su contenido y decidir si lo aprueba o no. (Escribí este artículo el pasado miércoles 20 de enero, sin saber si al momento de su publicación, hoy sábado 23, la Asamblea se ha pronunciado al respecto. Independiente de ello, las consideraciones que hago a continuación bien merecen ser conocidas por los lectores de El Nacional).

El estado de excepción es uno de los temas más complejos y delicados en la vida de la República, pues está asociado a circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afectan gravemente la seguridad de la Nación y los ciudadanos, y para lo cual resultan insuficientes las facultades ordinarias y normales de que se disponen para hacer frente a tales hechos. El ideal es que en la elaboración inicial del cuerpo normativo de este tipo de decreto participen todas las fuerzas políticas y los diferentes órganos o poderes del Estado para asegurarse el mayor apoyo de la ciudadanía. Lamentablemente, esto último no sucedió en el caso del citado Decreto. Ello se evidencia claramente del contenido de sus considerandos. De entrada, en el primero de ellos se señala que las medidas se dictarán en razón de que, por la muerte de Hugo Chávez, sectores nacionales e internacionales iniciaron acciones dirigidas a desestabilizar la economía del país, debilitar sus instituciones y provocar la ruptura del hilo constitucional, por la vía de un malestar social inducido por dichos sectores. Luego, se afirma que en el marco de la guerra económica iniciada se produjo una coordinación entre factores internos y externos en detrimento de las actividades económicas, lo cual ha incidido negativamente en la población, dificultando la adquisición y el libre acceso a los bienes y servicios esenciales, en detrimento de sus derechos ciudadanos, la salud y a la alimentación. Después, se indica que ante la ofensiva económica y la disminución del ingreso petrolero, se requiere la verdadera unión patriótica del pueblo venezolano libre y consciente, con su Gobierno Revolucionario, para adoptar y asumir las medidas urgentes y de carácter extraordinario. Subsiguientemente, se sostiene que las medidas a ser tomadas para proteger al Pueblo en función de las amenazas existentes, deben ser de una gran magnitud e impacto en la economía nacional y de carácter estructural, sin afectar los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y todos aquellos reivindicados a los venezolanos por la Revolución Bolivariana mediante la lucha de clases que impuso la voluntad del pueblo por sobre los intereses particulares de la burguesía. Y, finalmente, se dice que las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el petróleo. Sin excepción, son argumentos que colocan al Gobierno en condición de víctima y sin ninguna responsabilidad en lo que ha ocurrido, y cuya narrativa se quiere vender a la mayoría opositora sin ton ni son. En otras palabras, puras monsergas emanadas de las cabezas de una revolución, trasnochada y ya marchita. Cómo puede entonces el Pueblo opositor sentirse identificado con unas medidas cuya motivación descansa en tan falaces argumentos.

Lo cierto es que la situación que ahora padecemos en Venezuela es el resultado de equivocadas políticas económicas y públicas llevadas a cabo por los gobiernos de Chávez y Maduro. Por tanto, ni el imperio ni la burguesía o el resto de los opositores, supuestos aliados en una fantasiosa guerra económica, tienen ni han tenido nada que ver con la crisis que ahora padecemos. Un simple repaso de las más emblemáticas de esas ejecutorias ratifican sin más lo acá señalado.

Una primera acción del proceso revolucionario fue el establecimiento del control de cambios a raíz del paro petrolero de 2002, el cual se ha mantenido hasta ahora. Normalmente ese tipo de medidas surgen como respuesta a situaciones concretas de desequilibrios económicos estructurales. A través de esta clase de acciones se lleva a cabo la intervención del Estado en lo referente a la adquisición y disponibilidad de los medios e instrumentos internacionales de pago por parte de los residentes de un país. Y esa intervención se ha explicado con el argumento de que lo que está en juego es la defensa de los superiores intereses económicos de la colectividad. Es por ello que, incluso en los países donde prevalecen las mayores libertades económicas, los gobiernos cuentan con disposiciones legales que los faculta para restringir o controlar en cualquier momento las transacciones internacionales y establecer sanciones a los infractores de las normas restrictivas. Sin embargo, puede decirse que la libertad de cambio es la regla general y la excepción es el control.

Como consecuencia del nivel de conflictividad interna (los hechos de abril de 2002 y el paro petrolero que arrancó el 2 de diciembre del mismo año), se acentuó la caída de la economía que terminó por afectar el nivel de las reservas internacionales del país. En respuesta a la crítica situación, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) acordaron establecer un régimen de control de cambios integral. El mismo entró en vigencia el 5 de febrero de 2003. Dicho esquema se concibió para no permitir que en el mercado se realizaran operaciones de cambio diferentes a las que expresamente contemplaba el régimen en cuestión. En muchos aspectos, el control de cambios que se aprobó tenía similitudes a los adoptados anteriormente en el país, durante las presidencias de Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi y Rafael Caldera (en el segundo mandato). Pero con el transcurrir del tiempo, el sistema en cuestión evolucionó de forma tan astringente que terminó por convertirse en una verdadera tenaza para el sector privado y los ciudadanos en general, ahogando así sus libertades, como en ninguno de los controles anteriores. En realidad, superada la crisis que culminó con el paro petrolero y contra toda lógica, el control cambiario se mantuvo en un contexto macroeconómico en que el Estado incrementó substancialmente sus ingresos de divisas por las exportaciones petroleras como nunca antes en toda su historia. Esa situación sirvió de incentivo para que la corrupción se entronara en el régimen, lo cual fue denunciado por el ex ministro Jorge Giordani cuando hizo pública la cifra de más de 20.000 millones de dólares que fueron aprobados y entregados por Cadivi para importaciones que nunca se realizaron. Sobre ese hecho el gobierno de Maduro ha mantenido un silencio y una actitud de esfinge.

La segunda medida de esta revolución del bochinche y el oropel fue la de servir la mesa para que la inflación se instalara de manera permanente y creciente en el país. En ese sentido es necesario conceptualizar el fenómeno para apreciar claramente los hechos que la motivan y quienes son los responsables de su ocurrencia.

La inflación se define como el aumento continuo y persistente del nivel general de precios, que en Venezuela está representado por índice de precios al consumidor (IPC). Cuando la cantidad de bienes y servicios que están presentes en una economía aumentan en igual proporción y rapidez que la cantidad de dinero, los precios se mantienen estables. Pero cuando ocurre lo contrario, o sea, cuando el volumen de dinero en circulación aumenta en mayor proporción y rapidez que los bienes y servicios que se producen, derivándose de esa situación un incremento de los precios, se produce la inflación. Es al Estado al que corresponde la obligación de velar por un desenvolvimiento sano de la economía y sus distintas variables, razón por la cual en nuestro país el BCV tiene asignado por la Constitución Nacional y su propia ley el objetivo de lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. De manera que los únicos responsables de ello son el BCV y el gobierno, como representación del Estado.

Cuando la inflación aparece y se hace persistente, los gobernantes eluden su responsabilidad. En tales casos es común oír a los personeros oficiales asignar las culpas a otros: el sistema capitalista, el imperio, los empresarios codiciosos o algún hecho económico significativo de carácter circunstancial. Nunca reconocen las políticas económicas y monetarias equivocadas que han adoptado y que aquí se concretó a través de dos acciones fundamentales: la sustracción de las reservas internacionales del BCV para transferirlas ilegalmente y contra toda racionalidad económica al  fondo de estabilización macroeconómica (Fonden), y los préstamos concedidos por el BCV a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Ambas políticas contribuyeron a aumentar la masa monetaria de manera exponencial, incidiendo de inmediato en el incremento de los precios de todos los bienes y servicios. Así, pues, tienen que admitirlo de una vez: la crónica y cada vez más alta inflación que padece Venezuela es el resultado de las decisiones adoptadas por Chávez y Maduro, y puestas en práctica servilmente por el Directorio del BCV, contraviniendo expresas disposiciones de la Constitución y la ley. Hoy en día, Venezuela es noticia por tener la inflación más alta del mundo (270,7%, según fuentes extraoficiales del propio BCV). Así lo ratifican los índices elaborados por el Banco Mundial y la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, donde se aprecia que el alza de precios en el país se ubica por encima de economías devastadas por la guerra como las de Sudán del Sur (109%), Ucrania (43%) y Siria (39,7%).

Lo anteriormente expuesto nos conecta con otra descabellada acción (la tercera) de unos gobernantes embriagados de tanta revolución: el control irracional de los precios. Efectivamente, para paliar los efectos de la creciente inflación se han aplicado políticas de control de precios a una amplia gama de bienes y servicios. Para desgracia de todos, el remedio ha sido peor que la enfermedad: los aumentos se represan por un tiempo y en lo inmediato surge el mercado negro y la escasez. Entonces, como efecto de esta última, se genera una menor variedad y cantidad de bienes en el mercado. También acá las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y el BCV son elocuentes: el índice de escasez en 2008 fue de 11%, en 2011 escaló a 15,2% y en 2012 subió a 16,3%. En este momento el índice se ubica por encima de 50%, aunque algunos expertos hablan de más de 80%. Productos básicos de la cesta alimenticia han desaparecido de los anaqueles de los abastos. Igual ocurre con las medicinas, generando serios problemas a la población. En el sector automotor hay problemas agudos en el suministro de muchos repuestos de vehículos; y los concesionarios de autos se han convertido en enormes espacios vacíos donde los vendedores se ven las caras unos a otros.

La cuarta acción ejecutada por la revolución fue la estatización de un grupo significativo de empresas del sector privado, ratificando así su condición comunista de la más antigua y elemental prosapia. De esa manera no se ha hecho otra cosa que engordar al ogro filantrópico con una política que, en realidad, es la clara expresión del más puro capitalismo de Estado.

Cuando el grifo se abrió, en enero de 2007, la primera empresa en ser expropiada fue la Electricidad de Caracas, cuyo control era ejercido por el grupo AES de Estados Unidos. La acción siguiente se dirigió contra las empresas que operaban proyectos petrolíferos en la Faja del Orinoco. El 1° de mayo, se anunció la toma simbólica del control de los campos petroleros en dicha área, anunciando la creación de empresas mixtas con control estatal. La medida afectó a varias empresas extranjeras, entre ellas Exxon-Mobil y Conoco-Phillips. Luego vino el turno de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), entonces controlada por las empresas Verizon de Estados Unidos y Telefónica de España. En 2008, las actuaciones continuaron. A mediados de marzo, se procede contra la empresa Lácteos Los Andes y una cadena de frigoríficos. En esa ocasión la “seguridad alimentaria” es la justificación. En abril, la afectada es la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), propiedad de un consorcio cuya mayoría se encontraba en manos de la empresa argentina Techint. En agosto, se continuó con las empresas cementeras en manos de grupos de Francia (Lafarge), México (Cemex) y Suiza (Holcim). Y, en noviembre, el Gobierno anuncia que nacionalizará la mina de oro “Las Cristinas”.Pero las medidas no pararon ahí. En 2009, la voracidad estatista se dirigió contra un grupo de empresas venezolanas de servicios nada significativas, como lo eran las contratistas de Pdvsa, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Se señala, no sin razón, que tal proceder tuvo más que ver con las deudas que la industria petrolera mantenía con tales compañías. Antes de eso, en marzo, se ordena expropiar las plantas procesadoras de arroz de Cargill, empresa norteamericana. La razón esgrimida: violar la producción de alimentos con precios controlados. En julio se formaliza la compra del Banco de Venezuela, propiedad del grupo español Santander. En octubre, se decreta la adquisición del Complejo Hotelero Margarita Hilton. Y en noviembre, se decide expropiar a las torrefactoras Fama de América y Café Madrid. Otra medida singular se adoptó en este año: se transfirió a la administración directa del gobierno nacional los puertos y aeropuertos que hasta ese momento eran administrados por las gobernaciones de los estados donde se encuentran ubicados. Con esta última modalidad se le quitaba poder a las gobernaciones, lo que no era más que un paso hacia la centralización absoluta. El año 2010 arrancó con la apropiación de la cadena de hipermercados Éxito, perteneciente al grupo francés Casino, y la compra de automercados Cada. Dándose palos a diestra y siniestra, se anuncia la adquisición de empresas fabricantes de envases de aluminio y cartón para alimentos. Se nacionaliza, además, once taladros petroleros de la compañía norteamericana Helmerich & Payne y a la empresa española Agroisleña, importante distribuidora de productos del campo y propietaria de varios silos que en el año de su expropiación había financiado a más de 800.000 toneladas de alimentos. Antes de que concluya el año, se coloca la guinda a la torta: se procedió a expropiar la sucursal en Venezuela de la empresa estadounidense Owens-Illinois, líder mundial en la fabricación de envases de vidrio para bebidas, alimentos, medicamentos y cosméticos. La argumentación de la medida se hizo acorde a la fraseología revolucionaria: “tiene años explotando a los trabajadores, destrozando el ambiente y llevándose el dinero de los venezolanos”. En 2011, se expropia a la empresa Consolidada de Ferrys (Conferry), transportista de vehículos y personas desde tierra firme hasta la isla de Margarita. Iguales acciones se han tomado contra empresas metalmecánicas, fincas, edificios, centros comerciales y cuanto bien entre en la categoría de “propiedad privada”. No importa que tales actos de gobierno no creen nuevos puestos de trabajos y reduzcan la productividad. Tampoco interesa que los costos de tales acciones superen los 20.000 millones de dólares, según investigadores del IESA. Lo realmente trascendente es el mensaje ideológico que se transmite: ¡Empresarios, temblad!

Sobre las razones que justifican tales actuaciones, Teodoro Petkoff ha hecho señalamientos que no podemos dejar de lado:

“En todo caso, la razón blandida para justificar estas medidas fue la necesidad de control estatal sobre áreas económicas consideradas ‘estratégicas’. Sin embargo, en el caso de Sidor hubo, en lo inmediato y como coartada, más razones electorales que de economía política. La reestatización de Sidor fue decidida de la noche a la mañana, en medio de un conflicto laboral, cuyo nudo gordiano cortó el Gobierno con aquel anuncio. Las encuestas mostraban ya un descenso del chavismo en el estado Bolívar, donde está ubicada la planta siderúrgica. La decisión de reestatitazarla probablemente tuvo más que ver con la procura de impedir el persistente drenaje de antiguos votantes del oficialismo, que habría podido comprometer la victoria chavista en las elecciones de noviembre 2008 (…) Como era de esperarse, los sindicalistas y tal vez la mayoría de los trabajadores de la empresa, inicialmente saludaron con alborozo la medida (…) Antes de su privatización, en 1997, Sidor contaba con 20.000 trabajadores, aunque su producción escasamente superaba los dos millones de toneladas de acero. El fisco nacional cubría con transferencias los balances siempre en rojo. Después de la privatización, en 1997, la empresa redujo a 6.000 el número de sus trabajadores y alcanzó más de 4 millones de toneladas anuales de producción de acero (…)

“Después de la estatización, no pasaron muchos meses para que esos trabajadores y sindicalistas tropezaran con la realidad. No solo el nuevo patrono-gobierno no cubría sus expectativas reivindicativas, sino que la gerencia ‘revolucionaria’ puso nuevamente en rojo los balances, acumulando fuertes pérdidas, y la producción de acero cayó abruptamente, reduciéndose a un poco menos de la mitad de lo que fue durante su etapa ‘argentina’ (…)

“En el caso de las plantas de cemento, no se alcanza a divisar cuál pudo haber sido la causa aparente para su estatización, como no sea la de controlar, vía insumos, la industria privada de la construcción. La industria cementera nunca fue estatal en Venezuela. En los últimos lustros sus plantas fueron adquiridas de sus propietarios venezolanos por los consorcios extranjeros ya citados. Chávez adujo que los fracasos de los planes de vivienda del gobierno se debieron a que la producción de cemento era exportada en un porcentaje muy elevado. Argumento traído por los cabellos porque los números contradicen esa aseveración (…) Sin embargo, recientemente, se está dando una escasez de cemento muy llamativa (…)

“Es forzoso concluir que no estamos, solamente, ante la reproducción de la larga tradición estatista de Venezuela sino ante el desarrollo de un proyecto cualitativamente diferente, en el contexto del cual, el robustecimiento del capitalismo de estado se concibe como una palanca adicional para el control de la sociedad” (véase Petkoff, Teodoro, El chavismo como problema).

Pareciera entonces que con el decreto que aquí analizamos se quiere seguir alimentando al ogro filantrópico –cuyo sobrepeso ya le pasa factura al país con ineficiencia, baja productividad y despilfarro–, pero ahora con la expropiación (u ocupación de las instalaciones, que es casi lo mismo) del Grupo Polar, según dicen por allí las malas lenguas, de conformidad con los amplios poderes y facultades generales que se estatuyen. ¡Dios nos agarre confesados!

La quinta acción ejecutada, pero esta vez por la vía de la omisión, fue la de no dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 321 de la Constitución de establecer y promover el desarrollo y crecimiento del fondo de estabilización macroeconómica (Fonden) con el propósito de garantizar la estabilidad de los gastos del Estado ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Esa criminal abstención se llevó a cabo en un contexto de altísimos precios del barril de petróleo que generó al país los mayores ingresos de toda la historia republicana. Según cálculos realizados por el profesor Héctor Valecillos, contenidos en su libro Sísifo en la tierra de gracia (2014), a lo largo de trece años (1999-2013), la suma total de las percepciones del Fisco alcanzó la suma de 1.163.000 millones de dólares. De acuerdo con dicho autor, en esos 13 años, los gobiernos de Chávez dispusieron de un volumen de dinero que más que cuadruplica la que tuvieron a su disposición las administraciones democráticas durante el lapso que va de 1986 a 1998. A diferencia de nuestro país, Noruega, un productor de petróleo que sí actuó correctamente, tenía para finales de 2013 la suma de 750.000.000.000 millones de euros en su fondo de ahorros de inversión y estabilización macroeconómica, el cual está destinado a financiar a largo plazo su generoso Estado de bienestar. Fondos similares tienen los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, lo que les ha permitido afrontar sin contratiempos la actual debacle de los precios petroleros. Ahora, tardíamente, el gobierno cae en cuenta de que no hay almuerzo gratis, con lo que se quiere significar que una persona o una sociedad no pueden conseguir algo por nada a cambio.

Finalmente, en sintonía con las dos últimas acciones, los gobiernos revolucionarios dejaron de abrir el negocio petrolero e invertir en un momento estelar de la industria para incrementar sustancialmente nuestra producción de petróleo y gas, lo que ha afectado negativamente la cuota del país en el mercado mundial y también la cantidad de ingresos que ahora percibimos. Y no hablemos del criminal despido de gerentes, profesionales y técnicos del área, con ocasión del paro de diciembre de 2002, al que ya nos referimos, y que dio lugar a una política de reclutamiento marcada por la identidad ideológica y no por las verdaderas competencias de los candidatos, proceder éste que ha afectado enormemente la actual capacidad técnica y gerencial de Pdvsa. Pero ellos siempre remachan su desequilibrador accionar con esta turbadora letanía: “Así, así, así es que se gobierna”. Pues ahora no les queda más que chuparse las mandarinas amargas.

Lo expuesto hasta aquí permite concluir que no hay ninguna “inflación inducida” por el imperio o la burguesía, ni ningún “valor ficticio de la divisa”; menos aún existe algún “sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios”, como erróneamente se señala en el artículo 1° del decreto sometido a la consideración de la Asamblea. Por tanto, es absurdo pretender que ese poder del Estado dé un cheque en blanco al Ejecutivo nacional para “requerir de las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, así como de otros bienes de primera necesidad”, según lo establece el mencionado artículo 1°. No nos queremos imaginar los negociados que se derivarían de tales acciones.

Con este tipo de medidas Maduro y su gobierno nadan contra la corriente cuando China se ha abierto al capital y la propiedad privada al igual que sus socios principales de la región (Chile, Brasil, Ecuador y Nicaragua). No estaría de más pedirle un informe al viceministro de economía Luis Salas acerca de la experiencia hiperinflacionaria del Cono Sur y las políticas que se adoptaron para cambiar de rumbo. Ahí está la clave de todo, aunque ideológicamente no guste a algunos.

Frente a la ampulosa narrativa revolucionaria contenida en el decreto no deja de sorprender el apabullante silencio que se guarda en relación con la criminalidad que nos acoquina. Solo en 2015, en el país hubo 27.800 muertes violentas. ¿Será que para ellos esa no es una materia de la mayor urgencia? También llama poderosamente la atención el que no se haya hecho ninguna mención al escandaloso tema de la corrupción y el narcotráfico. ¿No es este acaso el momento de implantar una cruzada para perseguir a quienes han defraudado al erario público y a los que trafican al por mayor con drogas? En ese terreno hay que empezar por investigar a los ungidos por este régimen que antes de la revolución eran limpios de solemnidad y hoy se pasean por el mundo en lujosos yates y aviones propios, visitando sus palacetes con amplias caballerizas que solo pisan costosos purasangres.

Otro silencio que retumba y alumbra como relámpago del Catatumbo es la política de vender nuestro petróleo con significativos descuentos a los hermanos cubanos, a los países del Caribe y otros hermanos del Sur y Centroamérica, así como las generosas ayudas, regalos y pagos (muy superiores a los que realizaba la extinta Unión Soviética) que se hacen a los hermanos Castro. ¿Vamos a seguir con eso y el pueblo que se… friegue más?

Recientemente, una nota periodística de Blanca Vera Azaf en este mismo diario dio cuenta de la siguiente declaración de Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera: “Aquí hay un modelo económico en crisis, un modelo rentista petrolero, parasitario, donde se produce poco, donde se roba mucho, un sistema estatal altamente corrompido. Hemos cometido errores y este proceso de rectificación tiene que ver con eso precisamente. Tenemos que corregir un conjunto de instrumentos, de políticas sociales, de políticas económicas”.

Siendo eso así, lo que se impone en esta hora es un cambio de rumbo por la vía de una estricta disciplina fiscal y otras acciones no menos relevantes de las que nos ocuparemos en otro artículo. Ya es tiempo de detener una marcha impregnada de rancia ideología que solo nos conduce al mismísimo infierno.

 

@EddyReyesT