• Caracas (Venezuela)

Eddy Reyes Torres

Al instante

La Comisión de la Verdad y los hechos de abril de 2002

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Este martes pasado, en cadena nacional de radio y televisión, Nicolás Maduro procedió a instalar a la denominada “Comisión de la Verdad, la Justicia y Reparación de las Víctimas”. Lo que debió ser un evento acordado mutuamente con la MUD, se transformó en una acción política unilateral del Gobierno, en respuesta a la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar la Ley de Amnistía, que ya la Sala Constitucional chavista del Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto. Para no dejar dudas acerca de la naturaleza “revolucionaria” e imparcial de la comisión en cuestión, el sucesor del Prócer de Sabaneta anunció que la misma será presidida por su segundo al mando, Aristóbulo Istúriz, y que estará integrada por ecuánimes funcionarios como la Fiscal Luisa Ortega Díaz y el Defensor Tarek William Saab, el íntegro abogado Hermann Escarrá, el objetivo periodista José Vicente Rangel y el alto pana, secretario de Unasur, Ernesto Samper. Este último informó luego que los ex presidentesde España, República Dominicana y Panamá, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, respectivamente, acompañarán al honorable cuerpo en representación internacional.

Según Telesur, la susodicha comisión “estudiará los hechos propiciados por la derecha en contra del pueblo venezolano en 17 años de revolución bolivariana, incluyendo el golpe de Estado de 2002”. Por ser este último un acontecimiento significativo que evidencia el impoluto proceder del régimen en su accionar político, las líneas que siguen están especialmente dirigidas a informar a los ilustres representantes internacionales cómo Chávez reescribió la historia de un acontecimiento fundamental.

Cuando tenía 18 años, Brian Nelson vino a Venezuela como estudiante de intercambio de bachillerato. Durante su estadía ocurrió el Caracazo. Fue un hecho marcador en la historia de Venezuela y también lo fue para él. La experiencia lo llevó a estudiar Relaciones Internacionales y Economía a nivel universitario. Regresó muchas veces al país y observó los cambios importantes que ocurrían. Quedó convencido de la necesidad de una transformación radical. Así se fue identificando con Chávez y, después del “golpe” de abril, se sintió un chavista devoto. Surgió entonces el interés de escribir un libro: una saga familiar de los treinta años del declive socioeconómico venezolano. De inmediato comenzó a viajar por el país haciendo entrevistas y recabando información. Mas los hechos de abril le marcaron el rumbo a seguir. Escribiría un libro sobre el golpe donde incluiría las versiones de los venezolanos comunes y corrientes que estuvieron allí.

Pese a sus simpatías iniciales con el régimen chavista, su trabajo pone en evidencia una amplia investigación de campo, entrevistas a una dilatada gama de personajes, lecturas de otras investigaciones, así como objetividad y rigor a la hora de narrar los hechos indagados. En el libro que publicó (El silencio y el escorpión) hemos basado mayormente lo que registramos a continuación.

Mucho se habló, después de los sucesos del 11 de abril, acerca de la presencia de francotiradores en el centro de Caracas. Ese hecho ratificaría la tesis de una conspiración en curso en la que se había planificado el empleo de la violencia. La pregunta que se hacía era si los francotiradores fueron utilizados por la oposición o, por el contrario, puestos allí por el chavismo para reprimir la marcha y también a los activistas a favor del régimen, a fin de darle a la violencia una semblanza de confrontación equilibrada. Se imponía entonces una investigación a fondo para no dejar campo a duda alguna.

Después del 11 de abril, la avenida Baralt fue cerrada como escenario del crimen y se mantuvo así por el poco tiempo que Carmona estuvo en el poder. Pero al regreso de Chávez el 14 de abril, cuadrillas de limpieza bajo las órdenes de Freddy Bernal, un experto ex policía, líder de los círculos bolivarianos y alcalde de Caracas, comenzaron a “arreglar” los daños en la calle. Con mucha rapidez y eficiencia, repararon los semáforos, restituyeron los quioscos, pintaron las paredes, taparon las esquirlas en las superficies de cemento y reemplazaron gratuitamente las santamarías dañadas. Los trabajadores extrajeron las balas de las paredes y rastrearon los desagües buscando casquillos. En cinco días, sin que se hicieran las investigaciones y estudios técnicos necesarios, todas las evidencias físicas del lugar habían sido recolectadas y destruidas. A partir de ese momento comenzó la campaña multimillonaria en dólares del Gobierno de Chávez para reescribir la historia del golpe.

Su primera acción fue bloquear cualquier investigación sobre la violencia desatada. Los detectives y fiscales que abrieron la investigación fueron cambiados y reemplazados por adeptos al régimen. Seguidamente, el gobierno hizo llamados a través de la televisión pública para que se manifestaran todos los que habían sido heridos o los que tuvieran conocimiento de los que habían muerto luchando a favor de Chávez. A esas personas les ofrecieron recompensas pero ninguna a las víctimas de la oposición. El gobierno incluso se apoderó de cadáveres en la morgue, gente que había sido asesinada antes y después del 11 de abril, y los presentó como víctimas de los francotiradores de la oposición. Nelson incorpora en su trabajo las entrevistas realizadas a víctimas y familiares de las mismas, tanto del bando opositor como del gobierno (Andrés Trujillo, Mohamed Merhi, Antonio Navas, Douglas Romero, Carolina Campos y Malvina Pesate), haciendo ver siempre la manipulación del régimen y su actuación perversa, y nada imparcial.

Un caso que mereció mención fue el del periodista Luis Fernández, el responsable de las grabaciones de los pistoleros de Puente Llaguno. Inmediatamente después que Chávez retornó al poder, Luis fue amenazado de muerte, razón por la cual debió esconderse. Cuando apareció de nuevo, las llamadas amenazantes continuaron de forma rutinaria. En el Aló, Presidente que transmitió el 2 de junio de 2002 por VTV, Chávez declaró que su video del 11 de abril era un fraude: un trabajo de efectos especiales fabricado en un laboratorio. Chávez afirmó que Venevisión tenía contactos en Hollywood, quienes habían hecho el video en un estudio. Pero ignorando lo contradictorio del aserto, el gobierno a su vez elogiaba a los valientes pistoleros como defensores de la revolución: “…La verdad es que estos cuatro compatriotas tuvieron el coraje de enfrentar con sus armas de corto alcance a francotiradores y a terroristas vestidos de policía que disparaban con armas de guerra sobre aquellos miles de compatriotas indefensos. A ellos, el honor que merecen y el reconocimiento de nuestro pueblo”, dijo Chávez.

A Luis Fernández y su camarógrafo Julio Rodríguez les otorgaron el premio al periodismo Rey de España por su documental. Se trata de un premio decidido por jueces de nueve países diferentes. Pero, aun así, el gobierno no le dio descanso. Las llamadas se hicieron más amenazantes y la prensa pro gobierno desató una campaña para desacreditarlo. En 2008, Luis decidió marcharse de Venezuela.

Ayudado por los errores que cometió Carmona, Chávez ingeniosamente proyectó su imagen como víctima de una conspiración de derecha, dirigida por ricos hombres de negocios y generales fascistas, quienes estaban deseando instaurar un régimen dictatorial con el fin de robar la riqueza petrolera venezolana. Aunque Carmona y su grupo representaran un pequeño sector de la más amplia oposición, Chávez lo convirtió en la imagen que encarnaba a todo el movimiento opositor. A pesar de que la versión oficial constituyera de muchas formas una tergiversación de los hechos, se ajustaba mucho a otros pasajes de la pasada historia de América Latina, como la de Allende en Chile. De esa manera, la representación de los sucesos de abril resultó fácilmente digerible por los medios de comunicación internacionales y estos ayudaron a Chávez a ganar nuevo apoyo en el extranjero.

Sobre los francotiradores está claro que el gobierno ha mostrado poco interés en establecer las responsabilidades. Ningún guardia nacional ha sido llevado a juicio marcial relacionado con la violencia, incluyendo a aquellos captados por una cámara de video disparándole a la marcha opositora, a la altura de la avenida Sur 8. Si, como afirma el gobierno, los francotiradores eran de la oposición, ¿por qué el gobierno, la Fiscalía y los jueces a su disposición, no los han perseguido y juzgado? Chávez siempre mencionó a los francotiradores cuando habló sobre el golpe y acusó a Carmona por no haberlos detenido, pero mantuvo una gran distancia entre su retórica y su afán de llevarlos ante la justicia.

Las investigaciones hechas por Nelson ponen de manifiesto sobradas evidencias que demuestran la inexistencia de francotiradores de la oposición. Así, por ejemplo, la improbabilidad de que hubiera francotiradores frente a Miraflores, como alega el gobierno, queda de manifiesto ante el hecho de que esos edificios estaban ocupados por la Casa Militar, a la orden del presidente de la República; la gente que tenía las llaves de acceso a esas azoteas era la Casa Militar, toda vez que el plan de seguridad de la misma para Miraflores incluye el control de todos los edificios de la zona. La oposición nunca llegó a Miraflores. Además, en áreas de El Silencio, testigos tanto del bando chavista como antichavista afirmaron haber visto francotiradores y señalaron que alertaron a las tropas de la Guardia Nacional, las cuales no hicieron nada para aprehenderlos. Eso le da crédito a la hipótesis de que los francotiradores estaban trabajando para el gobierno y, por increíble que suene, tenían como objetivos a seguidores de Chávez, matándolos para crear una semblanza de un conflicto equilibrado. Incluso había un helicóptero de la Disip volando sobre toda la zona y, o no vio francotiradores, o no hizo nada para neutralizarlos en caso de haberlos visto.

Para más detalles, señores ex presidentes, léanse el libro de Brian Nelson. Así conocerán la verdad verdadera y no la que quiere vender la revolución bonita.