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La ley de vehículos sanciona a medios y entes bancarios

El intrumento estipula penas establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo

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Los propietarios o presidentes de ensambladoras automotrices, importadoras, comercializadoras, vendedoras de repuestos, empresas aseguradoras, instituciones financieras, estacionamientos, medios de comunicación, páginas web y otros medios publicitarios serán responsables por los ilícitos que comentan las empresas que representan, según lo establecido en el artículo 36 del proyecto de ley que regula la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados nacionales o importadores.

El instrumento jurídico ordena sanciones conforme con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Las entidades financieras y los medios de comunicación están incluidos en este apartado, porque el texto establece prohibiciones al respecto.

En el caso de las instituciones bancarias, el artículo 28 señala que no podrán otorgar créditos para la compra de vehículos nuevos o usados, por montos superiores al precio máximo de venta establecido por el órgano con competencia en la materia. Según el apartado 4, el Ejecutivo, por medio de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, es el encargado de fijar los importes máximos de venta de los automóviles.

El artículo 21 expresa que los medios de comunicación, electrónicos, páginas web y otros medios publicitarios tienen prohibido la publicación de avisos clasificados de vehículos nuevos o usados, nacionales o importados, con precios mayores a los establecidos por el Estado. “La contravención de este artículo será sancionado con la aplicación de una multa de 20.000 unidades tributarias”. En este caso, la sanción equivale a 2,1 millones de bolívares.

En lo que se refiere a los propietarios o presidentes de las empresas ensambladoras, importadoras y comercializadoras de vehículos, además de las penas que estipula el artículo 36, deberán pagar una multa de 50.000 unidades tributarias (5,35 millones de bolívares), según el apartado 35. “Su reincidencia conlleva a la revocatoria de las concesiones o permisos para operar dichas empresas”, agrega el apartado.

Después de estar engavetado desde 2009, a inicios de este año el diputado del Partido Socialista Unidos de Venezuela Elvis Amoroso desempolvó este proyecto de ley.

En enero fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional por unanimidad. Luego de cinco meses, el 2 de julio entró nuevamente en la agenda del Parlamento y 14 de los 38 artículos que lo integran fueron aprobados en segunda discusión.    

Una vez promulgado el texto, la Sundecop deberá establecer en 120 días los precios de venta máximos, pero mientras el organismo los determina los automóviles deberán venderse al precio que marcaban el 28 de febrero de 2013, según la primera disposición transitoria.