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Dos interrupciones por día se dieron hasta noviembre

Corpoelec / Eleonora Delgado/El Nacional

Corpoelec / Eleonora Delgado/El Nacional

Los cortes del servicio de energía suman 550, afectando el suministro en 15 estados

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El número de interrupciones del servicio eléctrico durante 2012 marcó récord. Las cifras preliminares dan cuenta de 550 cortes, cifra que hasta noviembre arrojaba un promedio de casi dos suspensiones por día, según cifras que maneja un grupo de expertos que monitorea el sector desde la emergencia declarada hace tres años.

“Los problemas de generación no se han resuelto pese a lo que dicen los funcionarios del Gobierno porque todavía la demanda está por encima de la oferta”, comenta Miguel Lara, ex director de la extinta Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados (Opsis) y que ahora se conoce como Central Nacional de Despacho. “Se ha incrementado la capacidad de generación, pero no está en funcionamiento porque varias de las plantas térmicas no pueden operar por falta de combustible o gas natural o porque tienen fallas debido a la falta de mantenimiento”, acota.

Los datos suministrados por el Ministerio de Energía Eléctrica indican –no obstante- que más bien existe una sobreoferta de generación. “Estamos cerca de 20.000 megavatios en este momento", dijo el ministro de ese despacho, Héctor Navarro, en un comunicado de finales de octubre. Pero las cifras que ofrece Lara dan cuenta de que la demanda supera la oferta en momentos de pico de consumo y ha llegado a 17.900 megavatios, mientras que el suministro efectivo ha estado por el orden de 17.300 megavatios. A esto agrega que parte de los problemas que se han presentado también han ocurrido por fallas en las redes de transmisión y centros de distribución, donde se reportan faltas de inversión en mantenimiento.

A partir de 2009, el número de cortes del servicio eléctrico en el país, más que se duplicaron al pasar de 151 a 339, pero han sido en los dos últimos años cuando han superado las barreras de las interrupciones en varias regiones del país, llegando a afectar de manera simultánea a 15 estados del país. De manera continua se han hecho permanentes las suspensiones en los estados Anzoátegui, Falcón, Barinas, Mérida y Nueva Esparta.

 

Falla de combustible. El comité de expertos es del criterio que los problemas de operación en las plantas térmicas han empeorado después de la explosión de la refinería de Amuay el pasado 25 de agosto, debido a los problemas para producción de combustibles como diesel que se utilizan en esos complejos para la generación de electricidad.

“Sólo está operativa 55% de la capacidad de Amuay y eso está generando problemas porque Pdvsa se ve obligada a importar”, comenta el ingeniero Nelson Hernández, quien también forma parte del comité de expertos del sector eléctrico. “No se ha logrado resolver el problema del gas natural y eso obliga al Gobierno a depender de combustibles líquidos para la operación de las plantas eléctricas”, acota.  

 

RECUADRO

Sobreprecio

y mora en pagos

La declaratoria de emergencia del sector eléctrico en 2009 llevó a la Corporación Eléctrica Nacional a recurrir a la adjudicación directa, en vez de la licitación para las contrataciones de obras, pero los acuerdos con varias compañías nacionales y foráneas no han estado exentos de denuncias de presuntos sobreprecios.

Un informe de la propia contraloría de Corpoelec de mediados de 2011, advirtió sobreprecios de hasta de 200% en comparación con las referencias internacionales en casi todas las obras que se están contratando o ejecutando.

Por el lado de las compañías, se señala que Corpoelec registra retrasos en sus pagos: facturas fechadas hace más de un año están generando pérdidas y problemas en su flujo de caja. También denuncian indefinición en la ejecución de las obras que ocasionan sobrecostos, particularmente, para gastos en el país que están afectados por la inflación.

Los argumentos de las contratistas de Corpoelec incluyen que estas contrataciones no están exentas de un recargo por el llamado riesgo país, que es un índice financiero que se obtiene por la diferencia de la tasa de interés que tendrían que pagar los bonos de la deuda soberana con respecto a la que pagan papeles similares como los títulos del tesoro de Estados Unidos.