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"Es hora de que el movimiento sindical pase la página del radicalismo"

El presidente de Fedeunep propone celebrar un referéndum en el que participen todos los trabajadores para consultarles si desean una sola federación del sector público. Afirma que el CNE viola la Ley Orgánica del Trabajo al imponer su reglamento electoral en los comicios internos de los sindicatos

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Las declaraciones de Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, incomoda por igual al chavismo y a la oposición. En el primer caso por denunciar la aplicación de la lista Tascón en el sector público. En el segundo por alertar, el 4 de octubre en el hotel El Conde de Caracas, que el programa de gobierno del entonces candidato Henrique Capriles Radonski incluía despidos de trabajadores de organismos del Estado.

El directivo de Fedeunep asegura que los principales problemas por resolver de los empleados públicos son: la reforma del Estatuto de Pensiones y Jubilaciones –el cálculo actual reduce a la mitad del sueldo la pensión del trabajador-, la estabilidad y los beneficios laborales de los contratados, los bajos salarios y la inequidad en las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad.

Destaca que es necesaria la unidad en el movimiento sindical porque la división y dispersión actual no ayudan a los trabajadores en la consecución de sus derechos. Advierte que en el sector público es conveniente constituir una sola federación, pero la iniciativa debe ser consultada a los trabajadores en un referéndum.

Sobre los contratos colectivos de la administración pública dice que los sindicatos de base, legitimados mediante elecciones y sin importar su color político, son los llamados a negociar las convenciones vencidas hace años. También denuncia que el Consejo Nacional Electoral sigue imponiendo su reglamento a los sindicatos con lo que viola la Ley Orgánica del Trabajo.

—Usted insiste en la unidad sindical, pero ese planteamiento lo hacen otros dirigentes.
—El problema es la falta de voluntad en el oficialismo y la oposición. Es hora de que el movimiento sindical pase la página del radicalismo y piense en los trabajadores. En el mundo actual las organizaciones adelantan procesos de unificación, o ya están unidas, pero en Venezuela tenemos cuatro centrales y Fadess, Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, que compiten entre sí y por sí mismas no representan a todos los trabajadores.

—¿Cómo llevar adelante esa unidad?
—Hablo por mi sector, en el que están Fedeunep y Fentrasep, Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Podemos formar una sola federación, eso sí, consultando a los trabajadores en un referéndum en el que dirían si están de acuerdo en crear una sola organización que los represente. De ser afirmativa la respuesta, en el plazo de un año se podría realizar el proceso electoral para escoger la directiva de la nueva organización.

—¿Eso no pospondría aún más la discusión de cientos de contratos colectivos del sector público vencidos desde hace tiempo?
—No, porque se negociarían las convenciones colectivas. Primero el contrato marco, que tiene siete años vencido, para establecer el piso de beneficios socioeconómicos en los contratos colectivos sectoriales de organismos,  gobernaciones y alcaldías. Aquí los llamados a negociar son los sindicatos de base, sin importar su color político, cuyas directivas están legitimadas.

—Deben ser pocos los sindicatos que puedan hacerlo debido a las denuncias de trabas en el Consejo Nacional Electoral para celebrar los comicios.
—Cierto. La mayoría de las organizaciones no están legitimadas ni Fentrasep, ni Fedeunep, pasando por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la Unete. Por eso, ha sido cuesta arriba negociar los contratos. Está el CNE, que impone sus reglas a los sindicatos, y los trámites engorrosos del Ministerio del Trabajo, como el recenso anual de las organizaciones que significa recoger las firmas autógrafas de todos los afiliados y si alguna está incorrecta te devuelven la lista para empezar de nuevo el proceso de recopilación de rúbricas.

—¿Cómo afecta esta situación las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo?
—Pese a que la ley establece que los comicios deben hacerse de acuerdo con los estatutos internos de los sindicatos, el CNE sigue aplicando su reglamento electoral con lo que viola la ley. Más grave aún, si los sindicatos no se legitiman a la vuelta de un año corren el riesgo de desaparecer porque no podrán cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica del Trabajo de inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Por otra parte, el Ministerio del Trabajo tampoco ayuda porque exige a las organizaciones la certificación del CNE, entonces cómo cumplir el requisito legal de introducir el documento con la adecuación de los estatutos del sindicato a la nueva ley. En este enredo están imbuidos todos los sindicatos, chavistas e independientes.

—¿Los consejos de trabajadores sustituirán los sindicatos?
—Si nos vamos a la Ley del Trabajo esa figura sólo está para hacer contraloría de la gestión de la empresa o del centro de trabajo. Los consejos destruirán los sindicatos si sus dirigentes lo permiten, si los dejan involucrase en funciones que la misma ley da exclusivamente a las organizaciones sindicales. Creo que los consejos y los sindicatos formarán un matrimonio a la fuerza o convenido, pero matrimonio al fin.

—Sus declaraciones del 4 de octubre causaron sorpresa en la oposición, sobre todo, porque Fedeunep está afiliada a la CTV
—En ese momento me referí al texto atribuido al programa de gobierno del candidato Capriles Radonski. Allí se menciona que habría procesos de reestructuración, organización y flexibilización en la administración pública, que fueron aplicados a mediados de los noventa e implicaron el despido de 600 trabajadores. Simplemente, hice un alerta de que no estábamos dispuestos a aceptar reducciones de personal, como rechazamos el despido masivo del Ministerio de Finanzas el 28 de diciembre de 2010. Además, denunciamos en 2004 que estaban aplicando la lista Tascón en el sector público y llevamos la queja a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, porque no aceptamos injusticias contra los empleados públicos de ningún gobierno.

—¿Qué otros problemas por resolver tienen los empleados públicos?
—La necesidad de modificar la escala de sueldos, la actual ocasiona los bajos salarios, y la reforma del Estatuto de Pensiones y Jubilaciones, pues el cálculo vigente hace que el trabajador jubilado perciba una pensión 50% inferior a su sueldo. También se debe garantizar la estabilidad y los beneficios laborales a los contratados y aplicar con equidad las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad.

—¿Qué pasó con el planteamiento de que el Gobierno asumiría la salud de todos sus empleados?
—La aseguradora La Previsora es insuficiente para ese plan. El Estado solo no puede atender las necesidades de salud de 2,5 millones de trabajadores y sus familias, lo que quintuplica el número de beneficiarios para un servicio que debe ser eficiente. Además, hay que aprobar el subsistema de salud de la seguridad social, tarea muy compleja y que se llevará su tiempo.

—Usted trabaja en el Inavi, ¿qué opina de la Gran Misión Vivienda?
—Como programa es el mejor. Se han ejecutado 250.000 viviendas en los desarrollos nuevos y las levantadas por el poder popular. Sin embargo, la Misión Vivienda debe llegar rápido a los inscritos en la iniciativa, pues muchos de ellos son de la clase media y hasta ahora sólo se han atendido a los damnificados de las lluvias. El sector privado nacional de la construcción también debe participar.
 
Funcionarios sin vivienda

Bonos Petrorinoco pueden ser cuota inicial

Los bonos Petrorinoco son un buen mecanismo para que los trabajadores del sector público tengan la posibilidad de adquirir un techo propio. “Si bien no se paga una vivienda con las prestaciones sociales, ese dinero puede ser la cuota inicial”, señaló el presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, Antonio Suárez.

El directivo de Fedeunep aseguró que una buena parte de los 2,5 millones de trabajadores del sector público no tiene una vivienda digna, por lo que el instrumento financiero es una opción viable para solucionarles el problema.

El 22 de agosto pasado, el Gobierno comenzó a entregar los petrobonos. Concebidos como títulos valor, su función es cancelar los pasivos laborales, principalmente la deuda de las prestaciones sociales a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública central, alcaldías y gobernaciones. Es respaldado por Pdvsa Social y los dividendos de 33 empresas mixtas petroleras.

El perfil

Antonio Suárez es TSU en Relaciones Industriales y Avalúo de Muebles e Inmuebles, egresado del Instituto Universitario Rodolfo Loero Arismendi y Faces-UCV. Trabaja en el Instituto Nacional de la Vivienda desde 1988.

Directivo del sindicato del Inavi desde 1989. Electo presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos en 2002. Militó en Acción Democrática, pero ahora se declara independiente.

EPIGRAFE

“La Misión Vivienda debe llegar rápido a los inscritos en esta iniciativa, pues muchos de ellos son de la clase media y hasta ahora sólo se han atendido a los damnificados de las lluvias”.