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“El gobierno usa fraudulentamente delito de boicot"

Jesús Ollarves afirma que el gobierno busca esconder la escasez. Luis Alfonso Herrera asegura que se viola la Constitución

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Por presuntos boicot y acaparamiento, el gobierno en la última semana ha detenido a más de 20 personas entre empresarios, comerciantes y gerentes de establecimientos. A juicio del abogado Jesús Ollarves, el Ejecutivo utiliza esos delitos “fraudulentamente para disfrazar la profunda escasez y la elevada inflación que vive el país”.

“Esto es un cinismo más de Maduro. Cómo pretende atacar a los pocos empresarios que nos quedan por esos delitos, si todo el país sabe quiénes y dónde están los bachaqueros, que son grandes responsables del desabastecimiento y las largas colas en los comercios”, expresó.

Agregó que las detenciones por esos delitos, además de que viola derechos humanos de los afectados, son una estrategia del gobierno para distraer al ciudadano de las causas reales de la situación económica del país. Con estos hechos, añadió, el Ejecutivo busca esconder la ineficiencia, la corrupción y el descalfo –a propósito de las divisas que funcionarios del gobierno reconocieron se le otorgaron a empresarios de maletín– de su gestión.

Ollarves afirmó que el Ejecutivo atemoriza y hostiga a la población, cuando le prohíbe tomar y divulgar fotografías de colas y anaqueles vacíos. “Sé de casos de amas de casa a las que se les ha abierto procedimientos judiciales por denunciar la escasez en redes sociales con imágenes.  En los comercios también frecuentemente son víctimas de atropellos por parte de los bachaqueros y de amenazas con cárcel por parte funcionarios de la Guardia Nacional si intentan tomar alguna foto”.    

El profesor de la UCV y coordinador del Observatorio de la Propiedad de Cedice, Luis Alfonso Herrera, afirmó que este tipo de acciones contra los ciudadanos viola el artículo 117 de la Constitución Nacional, en el que se establece el derecho a servicios de calidad y a elegir entre una variedad de oferta.

Sobre las “tomas” que ha hecho el gobierno de las instalaciones de las empresas y comercios intervenidos en los últimos días, Herrera dijo que no son otra cosa que confiscaciones, porque hasta ahora no se les ha reconocido patrimonio a ningunos de los dueños. “La acusación de los delitos de boicot y de acaparamiento esconde que estas personas perderán el derecho de exigir algo por sus patrimonios”, afirmó.   


Desmontaron argumento. José Vicente Aguerrevere, presidente de la cadena de practimercados Día Día, rechazó que el director general de la empresa, Manuel Andrés Morales, permanezca detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el Helicoide, Caracas, aun cuando, a su juicio, la defensa se ha encargado de desmontar el argumento del que se le acusa: boicot y acaparamiento.

Aguerrevere afirmó que Morales puede ser juzgado en libertad y con ciertos beneficios procesales, pero que los alegatos han sido ignorados.