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El gobierno fiscalizará producción agrícola

Tractor en zafra en los llanos de Barinas / Prensa MAT

Las infracciones generarán el pago entre 1.270 y 127.000 bolívares, dependiendo de su clasificación

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La Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario, aprobada vía habilitante por el presidente Nicolás Maduro y publicada en Gaceta Oficial número 6148 Extraordinario, establece la creación de la Superintendencia Nacional Agroalimentaria, que fiscalizará la producción, procesamiento, distribución e importación de alimentos.

El decreto ley establece que la Sunagro también tiene entre sus atribuciones, las siguientes: implementar, controlar y llevar registro de las personas naturales o jurídicas que realizan actividades públicas y privadas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaría.

Ejerce seguimiento, evaluación y control de las acciones planificadas y se asegura del cumplimiento de lo programado.

Además impulsa programas de almacenamiento y también fomenta la creación de depósitos, silos, almacenes e industrias procesadoras de productos agroalimentarios.

Otra de sus funciones es la recaudación y administración de los ingresos provenientes de tasas y multas. Puede además revocar la autorización de operaciones a particulares y empresas.

Tasas y sanciones.  Los trámites a realizar ante la Sunagro generan el pago de una tasa. La inscripción y emisión de la guía de movilización representan el desembolso de una unidad tributaria: 127 bolívares. Además, hay que pagarles por sus servicios. La constatación de condiciones de operaciones de la empresa y la inducción le cuestan al agricultor 10 UT; es decir, 1.270 bolívares.

Igualmente la superintendencia tiene la potestad de imponer sanciones por circunstancias agravantes, tales como daño a la seguridad alimentaría, infracción con productos de la cesta básica o aprovechamiento de situaciones de catástrofe. Las infracciones pueden ser calificadas como leves lo que genera el pago entre 1.270 y 12.700 bolívares, o aquellas calificadas como graves que implican el pago de  63.500 a 127.000 bolívares. La ausencia de pago de las tasas por las infracciones cometidas generará la suspensión de los códigos de acceso al sistema.

El decreto ley entrará en vigencia a partir de enero de 2015.