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“El gobierno me dejó en la quiebra cuando derrumbó mi negocio”

Hace un año la GNB desalojó a 25 propietarios de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Se quedaron sin trabajo más de 100 personas

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Los dueños de los comercios ubicados en el kilómetro 0 de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho de la zona metropolitana de Caracas vivieron una pesadilla el 2 de febrero de 2015 al observar cómo las máquinas derribaban las estructuras de sus negocios que forjaron con su esfuerzo hace años. El desalojo forzoso dejó sin trabajo a más de 100 personas y sus familias.

“Todo comenzó en noviembre de 2014. Funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizaron un censo informando que querían hacer mejoras. El 7 de enero de 2015 se presentaron con la Guardia Nacional Bolivariana exigiendo el desalojo y que al día siguiente nos cortarían la luz”, relató Gladis Silva.

Los afectados no se cruzaron de brazos y realizaron protestas y denuncias en los medios, lo que aplacó la medida oficial de demoler los locales para dar paso a un parador turístico manejado por el gobierno. Sin embargo, el 2 de febrero el desalojo se hizo efectivo.

Durante siete años, Gladis Silva tuvo una oficina de venta de seguros de responsabilidad social para vehículos con dos empleados. “Me dejaron en el aire: ese negocio era mi único sustento. Soy madre de dos hijos en edad escolar”, expresó.

Francisco Ruiz fue dueño de un restaurante-arepera con 12 empleados y que operó durante 19 años. “Nos dieron solo cinco horas para sacar todo lo que teníamos en el local. Perdí una nevera, la cocina, una rebanadora, un exprimidor de jugos, entre otros artefactos. Todo eso lo barrió la máquina”, dijo. Destacó que ese era el sustento de su familia de cinco hijos, todos estudiantes.

Maribel Olivo tenía 14 años con su restaurante, en el que la ayudaban dos empleados, con la vivienda adosada en la que residía con su esposo y su hijo que estudia en la universidad. En el desalojo perdió un freezer, cocina, muebles y comida que tenía almacenada. “Con 49 años nadie te da trabajo y menos si tienes lupus y una enfermedad pulmonar (neumonía exeofílica crónica). Mi esposo de 54 años también está desempleado y mi mamá nos ayuda a subsistir con su pensión”, narró Olivo.

Durante 20 años Jorge Perdomo manejó su negocio de venta de pollo en brasas-restaurante, y en el segundo piso tenía un apartamento en el que vivía con su esposa y cuatro hijos. “El gobierno me dejó en la quiebra cuando derribó mi negocio. Perdí los muebles de la casa y del restaurante un asador de pollos entre otros artefactos”, indicó. Agregó que tampoco hubo un avalúo de las propiedades, necesario para la indemnización. En su lugar, las autoridades dan varios locales de tres por tres metros cada uno, que integran un parador turístico socio-productivo en el kilómetro 10 de Mampote, cuya construcción está paralizada. “El cambio es desventajoso. En un local que parece un cubículo y con techo de zinc, cabe apenas una nevera y una cocina pequeñas”, advirtió Perdomo.

Los afectados indicaron que han acudido a varios organismos como la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. La sección de derechos humanos de este último organismo les aconsejó buscar un abogado para que los asesorara en el caso.