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El gobierno contrató plantas termoeléctricas a gas sin disponer del combustible

La comisión parlamentaria interpeló ayer a las empresas Chin Camc, Wngenering, Derwick y Duro Felguera

La comisión parlamentaria interpeló ayer a las empresas Chin Camc, Wngenering, Derwick y Duro Felguera

El diputado Jorge Millán exigió a Pdvsa y a Corpoelec dar las explicaciones correspondientes en la interpelación a las empresas que ejecutaron los proyectos

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El Ejecutivo contrató la construcción e instalación de las plantas termoeléctricas a gas en Guarenas y en Margarita, ubicadas en los estados Miranda y Nueva Esparta, respectivamente, sin tener garantizada la disponibilidad del combustible lo cual implica que ahora esas instalaciones operan a diesel con más costos de mantenimiento, denunció el diputado Jorge Millán durante la interpelación a empresas contratistas del gobierno.

El presidente de la comisión mixta del sector eléctrico insistió en que Petróleos de Venezuela y la Corporación Eléctrica Nacional deben dar la cara al país y explicar por qué se instalaron las centrales térmicas sin contar con un gasoducto asociado que transportara el combustible.

Destacó que debido a situaciones como las plantas a gas no hay un eficiente parque termoeléctrico en funcionamiento para respaldar la falta de energía proveniente de la central hidroeléctrica de Guri, lo cual habría evitado los racionamientos actuales de electricidad en el interior del país. Recalcó que no es válido el argumento gubernamental de que la crisis eléctrica se debe al fenómeno climático El Niño.

Ayer fueron interpeladas por la comisión mixta las empresas China Camc Enginering, Derwick Associates y Duro Felguera, que ejecutaron proyectos de plantas de generación de energía en el marco de la declaración de emergencia eléctrica del Ejecutivo vigente desde 2008. Odebrecht había sido citada para la sesión, pero solicitó acudir el 18 de mayo.

Con respecto a la instalación de la plantas a gas, el ingeniero Walmero Yépez y la abogada Alejandra Hidalgo, de Derwick, aclararon que esas instalaciones eran a gas, pero que el gobierno era el responsable de suministrar el combustible.

Precisaron que los proyectos ejecutados por la empresa representan 7,13% del total de megavatios contratados por el gobierno en diferentes obras de generación eléctrica. Entre las plantas construidas por Derwick, Yépez citó La Raisa I y II con 180 y 100 megavatios de capacidad; Picure, con 140 megavatios; Guarenas I y II, con 156 megavatios; Morichal, con 96 megavatios; El Furrial, con 232 megavatios y Margarita, con 150 megavatios.

Durante la interpelación, los diputados hicieron la mayoría de las preguntas a Derwick. Los representantes respondieron algunas y otras no por estar sujetas al principio de confidencialidad con el contratante (el Estado).

Yépez e Hidalgo indicaron a los parlamentarios que el costo promedio del megavatio instalado es de un millón de dólares y que en los proyectos se realizaron obras asociadas de ingeniería e infraestructura. Aclararon que todos los contratos tienen las observaciones técnicas y las previsiones adicionales si se usa otro tipo de combustible.

Peng Wei, representante de China Camc Enginering, informó a la comisión parlamentaria que la empresa encargada de construir la planta térmica de El Vigía, de 594 megavatios, está lista y opera a 98% de su capacidad operativa. El costo por megavatio instalado fue 1,34 millones de dólares.

Dino Di Ianni, representante de Duro Felguera, de España, y encargada de la central de ciclo combinado a gas India Urquía, ubicada en Miranda, con capacidad de 1.080 MV, señaló que la inversión es de 2,2 millardos de bolívares y se prevé una ampliación de la planta.

Luego de la reunión con las tres empresas, Millán dijo que compararán los costos de los megavatios instalados por ellas con los estándares internacionales de 1.000 dólares el kilovatio. Un megavatio equivale a 1.000 kilovatios.

Nueva legislación. La comisión mixta recibió el proyecto de Ley Orgánica para el Sector Eléctrico. Los ingenieros Armando Meleán y Simón Saturno explicaron que la ley establece empresas regionales para prestar un mejor servicio y agilizar la adquisición de equipos y materiales para el mantenimiento de las instalaciones.

La legislación prevé que el ministro de Energía Eléctrica no puede ser presidente de la casa matriz, además de tarifas solidarias con los usuarios de menos recursos, en lo que el subsidio lo da directamente el Estado.