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La economía comunal no tendrá autonomía

Comuna de Caricuao/ William Dummont

Comuna de Caricuao/ William Dummont

Especialistas destacan que este nuevo esquema implica acuerdos entre la empresa privada y el Gobierno para asegurar la coexistencia

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Las comunas se autogobiernan, representan una manera de otorgarle al pueblo poder de decisión y acción sobre asuntos de interés colectivo. Sin embargo, esa potestad termina cuando se alcanza el plano económico. La economía comunal que impulsa el Gobierno a través de las leyes del poder popular supedita las actividades productivas de las comunas a los intereses de un ente rector: el ministerio con competencia en la materia.

La definición que ofrece la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal establece que las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios serán desarrolladas por las instancias del poder popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socioproductivas con formas de propiedad social comunal.

Uno de los aspectos más relevantes que Ronald Balza, economista e investigador del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la UCAB,  destaca en el llamado sistema económico comunal es que el Ejecutivo es el que determina cuáles son las necesidades productivas y de qué manera deben resolverse. “Estas instrucciones llegarían a través de decretos, que indicarían a las empresas de propiedad social comunal cuál sería la tarea que les correspondería ejecutar”, dijo.

Un análisis del Observatorio Económico Legislativo de Cedice indica que la ley deja muy claro que los llamados a la soberanía, participación y protagonismo de las instancias del poder popular se encuentran subordinados al Ministerio de las Comunas y Protección Social, que denomina como órgano coordinador.

Entre sus objetivos están dictar políticas y lineamientos para la economía comunal, otorgar recursos financieros y no financieros a los proyectos —que se constituyan en el marco de la ley—, y velar porque se adecuen a las necesidades de las comunidades y las comunas.

Las organizaciones socioproductivas que nazcan con esta legislación y con el visto bueno del ministerio, deberán reinvertir los excedentes derivados de sus actividades en la satisfacción de necesidades colectivas o de la comuna, la cual deberá contar con una asamblea que recibe las instrucciones del Ejecutivo.

Las actividades económicas serán realizadas por los comités de economía comunal, bajo la articulación del consejo de economía comunal, el cual se encargará de promover el desarrollo económico de la comuna.

Así resulta parte del funcionamiento del sistema económico imperante en el profesado Estado comunal, cuyo afianzamiento constituye la meta del Gobierno en el próximo sexenio. Sin embargo, nada de esto es nuevo. Las leyes del poder popular, incluida la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, surgieron en el año 2010.

Especialistas, simpatizantes y opositores del proyecto de gobierno, destacan que la instauración de este sistema es gradual y que la transición implica una coexistencia entre la empresa privada capitalista y las de propiedad comunal. No obstante, Balza asegura que los avances implican acuerdos entre el sector productivo y el Estado, para ajustar sus objetivos al modelo del Gobierno. También involucran más expropiaciones.

Geografía

La Ley Orgánica del Poder Popular define a la comunidad como un “núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en un ámbito geográfico determinado (…)”. Balza explica que el sistema económico comunal en cierto modo ata a la población a un espacio determinado a través de ciertos mecanismos de intercambio, como la moneda comunal y el trueque.

Los mecanismos están definidos en lo que la ley indica como Sistema Alternativo de Intercambio Solidario, que habla de la utilización de una moneda comunal y dos modalidades de trueque, uno directo y otro indirecto, los cuales solo funcionan en de espacios determinados.

“El sistema creado por la Ley del Sistema Económico Comunal básicamente pretende sustituir, en el caso de las organizaciones socioproductivas, el sistema de intercambio de bienes y servicios fundado en el dinero, esto es, en la moneda de curso legal, el bolívar, pues aquél se basa no en el dinero sino en el trueque”, dice el texto del Observatorio Económico Legislativo.

La diferencia entre las dos modalidades de trueque señaladas en la ley es que el directo ocurre cuando los valores de los bienes que serán intercambiados es equivalente, y no necesitan de otro sistema de mediación. En el indirecto, sucede todo lo contrario. Los productos no son equivalentes y, por tanto, es necesario un mecanismo de compensación.

Balza no ve justificable la existencia de una moneda comunal en un país donde hay una de curso legal. Tampoco considera necesario la aplicación del trueque como modalidad de intercambio alternativo de bienes y servicios.

Recuerda que esta medida se utilizó en una oportunidad en Argentina, como una salida a la hiperinflación que vivía el país. “Este no es el caso de Venezuela”.

El experto considera que la causa que subyace al Sistema Alternativo de Intercambio Solidario es el anclaje de la comunidad a un territorio. “Esto hace que no puedas moverte, hace indivisible la comunidad y la restringe”, afirma. Agrega que  esto se debe a que el trueque solo puede hacerse con productos que se fabriquen en la comuna y la moneda no tiene validez fuera de ella.

El problema del paralelismo de la moneda no preocupa mucho al especialista, debido a que se emitiría en cantidades muy pequeñas y su alcance sería limitado. Además, indica que las personas van a preferir utilizar el bolívar por cuestiones de practicidad.

La legislación va un poco más allá y menciona la instalación de mercados de trueque, los cuales serán espacios físicos destinados periódicamente al intercambio justo y solidario de bienes, servicios y conocimientos, con el uso de monedas comunales.

Nuevas relaciones

La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal afecta directamente las relaciones laborales porque en las empresas de propiedad social no existe la figura tradicional de patrono y empleado, y los trabajadores no se manejarían con el esquema salarial que busca el beneficio personal, sino que los excedentes generados por la producción se reinvertirán en la comunidad.

“El que realiza el trabajo es miembro de una empresa de propiedad social, por lo que no hay un salario. El que pierde la posición de miembro de la empresa la pierde por una cantidad de condiciones que de alguna manera están establecidas en la ley y tienen que ver con la disposición de construir una sociedad socialista”, dice Balza.

El análisis de Cedice indica que la ley prohíbe de manera expresa a las instancias del poder popular la búsqueda de beneficios o utilidad propia, particular, cuando impone como única moral posible a sus integrantes la “ética socialista” la cual, entre otros fines, pretende asegurar “la supremacía de los intereses colectivos sobre los intereses individuales” y a la “reinversión social del excedente”.

“Esta es la verdadera Ley Orgánica del Trabajo que persigue el Presidente”, afirma Balza. Sin embargo, por muy gradual que sea el cambio de esquema, toda modificación de las relaciones productivas son procesos destructivos. Añade que los experimentos que se han realizado con empresas básicas, como Sidor y Corpoelec, no han resultado exitosos no sólo por el deterioro de sus productos y servicios, sino también por los reclamos de los trabajadores.

La única manera de no generar malestar es mediante la creación de empresas nuevas. No obstante, las de propiedad social instaladas hasta ahora son pocas y el Presidente no se ha mostrado satisfecho con el resultado. Para el cierre del próximo período presidencial se proponen inaugurar 30.000 empresas de propiedad social.

La propiedad privada

¿Sustituir o diversificar?

El dilema que ha marcado las discusiones referentes a la propiedad social es si puede coexistir con la privada. Incluso, existe un cuestionamiento sobre la extinción de las gobernaciones y alcaldías como consecuencia de la instauración de Estado comunal. Ambas posibilidades han sido descartadas por voceros del Gobierno.

La ministra de Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, declaró recientemente en una entrevista televisiva que hay una matriz de opinión que acusa a las nuevas instancias de planificación pública de inconstitucionales. “No va a desaparecer nada”, aseveró, y agregó que el Gobierno no está atentando contra la propiedad, sino diversificando las formas de propiedad y generando el andamiaje jurídico para que los pequeños productores y las empresas sociales puedan tener cabida.

Sin embargo, en el Observatorio Económico y Legislativo de Cedice creen que si las instancias del poder popular consideran que ciertos bienes de propiedad privada son “estratégicos para la soberanía y el desarrollo humano integral nacional” procederán a su conversión a propiedad social.

Las Cifras

68% de la población de Venezuela vivirá en comunas, de acuerdo con el objetivo que persigue el presidente Chávez.

3.000 consejos de economía comunal se formarán antes de 2019, indica el programa de gobierno del primer mandatario.

43.000 comités de la economía comunal serán organizados antes de concluir el próximo mandato del presidente Chávez.