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La consideración de Fedecámaras sobre la profundización del Estado de Excepción

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El decreto permite “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras"

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 El principal grupo empresarial de Venezuela, Fedecámaras, afirmó hoy que el nuevo “Decreto de Excepción y Emergencia Económica” intenta “legitimar” y “legalizar” una “intervención de la producción, la distribución y la comercialización de bienes”.

“Este nuevo decreto intenta legitimar y legalizar una intervención de la producción, la distribución y la comercialización de bienes, dejándole al Ejecutivo nacional un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad, abriendo la puerta a más arbitrariedades y excesos”, dijo Fedecámaras en un comunicado.

El decreto, que dictó el pasado viernes el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro y fue publicado este lunes en la Gaceta Oficial, permite, entre otras acciones, “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras“.

"Medidas del decreto seguirán acabando con la calidad de vida"

Para la patronal, en el decreto se siguen sosteniendo “premisas y supuestos falsos” sobre la situación del país, y plantea “medidas contraproducentes para la economía”, que aseguran “seguirán deteriorando las ya afectadas condiciones socioeconómicas de todos los venezolanos”.

El grupo empresarial afirmó en el comunicado que en los considerandos del decreto, el Gobierno no menciona “la imposibilidad del sector productivo de adquirir materia prima” ni hace referencia a las “intervenciones y estatizaciones de empresas privadas que estaban al tope de su capacidad de producción”.

Fedecámaras remarcó que el primer Decreto de Emergencia Económica, vigente desde el pasado 14 de enero, fue dictado para responder a los problemas económicos, pero que ha resultado en “más inflación, mayores niveles de escasez, una galopante corrupción, más líneas de producción detenidas, un deterioro progresivo de los servicios públicos y mayores temores y desconfianza”.