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En 12 años el gobierno afectó más de 8 millones de hectáreas

Analistas indican que la lucha contra el latifundio acentuó la escasez de alimentos. Fincas intervenidas muestran una gestión precaria, con caída en la producción de carne y leche

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El gobierno celebró 12 años de la promulgación de la Ley de Tierras y exhibió como logro la lucha contra el latifundio. Sin embargo, analistas y productores consideran que los resultados han sido contrarios: mayor escasez, pérdida de la producción de fincas que eran emblemáticas y dependencia de las importaciones para atender el consumo interno.

Rodrigo Agudo, experto en agronegocios, indica que el resultado de estos años es mayor desinversión en el campo, pobreza y dependencia en la producción de otros países para sostener el abastecimiento.

“Las intervenciones son las causantes de la caída en la producción de la carne de res, el estancamiento en la producción de leche y la pérdida del mercado de exportación de plátano, además de otros rubros”.

Agrega que en el Sur del Lago fincas que eran emblemáticas en la producción de palma aceitera, leche y carne, además de plátano, fueron tomadas y ahora son un cementerio de cultivos improductivos.

El presidente de Fedenaga, Rubén Darío Barboza, que además es productor en la región, señala que se debe rectificar la política de intervenciones. “Si queremos lograr la tan anhelada soberanía agroalimentaria, debe cesar la toma de fincas, buscar medidas para que las tierras que estén ociosas se pongan activas y trabajar de manera conjunta”, insiste.

Refiere el caso de la hacienda Bolívar, La Bolivariana, tomada el 17 de diciembre de 2010: “Una finca como la Bolívar fue intervenida. Antes producía entre 5.000 y 7.000 litros de leche diarios, enviaba 500 reses al matadero, tenía 300 hectáreas sembradas de maíz y mantenía 1.500 animales en ceba, pero ahora lo que esta finca produce es lástima. Los comederos fueron destechados. Lanzaron un grupo de personas a la buena de Dios y ahí están, la finca está totalmente deteriorada porque no produce ni leche ni carne”.

Otro caso es el de las fincas en el eje Aragua-Carabobo. Donde antes había más de 3.000 hectáreas sembradas de caña de azúcar, ahora hay invernaderos que no han rendido los frutos esperados. “Hay un déficit de azúcar por el orden de más de 600.000 toneladas que se deben importar cada año para atender el consumo. Antes éramos autosuficientes en este rubro”, dice Agudo.

Las cifras del Banco Central de Venezuela sobre la escasez son otra señal del resultado negativo de la política de intervenciones que, junto con el control de precios, mermó la producción de alimentos.

En octubre la escasez de aceite de maíz fue de 99,9%, la de leche líquida completa de 90,1%, leche en polvo de más de 87,7%, azúcar 82,6%, harina de maíz precocida de 77,6%, margarina 51,7%, carne de res tipo muchacho redondo 50,5%, café molido 41,5% y queso blanco de 40,3%.

Números oficiales. El balance del Instituto Nacional de Tierras indica que entre 2001 y 2013 el gobierno intervino 8,2 millones de hectáreas. Se calcula que bajo la administración directa del Ejecutivo están más de 4 millones de hectáreas y cerca de 3 millones se han entregado mediante cartas agrarias y reconocimiento de ocupación.

En 2012 se intervinieron 64 predios que abarcaron una superficie de 550.494,57 hectáreas, lo que representa 156,37% más de superficie de la que se afectó en 2011 cuando fueron 214.726,05 hectáreas.

En el estado Bolívar se tomaron 431.000 hectáreas de un solo predio agrícola; en Apure 2 fincas que sumaron 38.983 hectáreas; y en Falcón 8 fincas que comprenden 25.037 hectáreas. En Zulia el año pasado se intervinieron 18 predios, que suman más de 8.330 hectáreas; en Delta Amacuro 12 fincas con una extensión de 3.380 hectáreas y en Guárico, aunque se tomaron sólo 3 predios, la extensión fue una de las mayores con 12.784 hectáreas. En Amazonas fueron 2.265 hectáreas, en Yaracuy 1.573, en Lara 1.599 y en Miranda 1.302.

Para 2013 el presupuesto del Ministerio de Agricultura fija como meta el rescate de 397.000 hectáreas. Y en el Plan de la Patria 2013-2019 se afirma que profundizarán la lucha contra el latifundio.

Cambio de señas. Con el fallecimiento del presidente Hugo Chávez y la llegada al gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Tierras habían mostrado cierta flexibilización en la política de intervenciones. Al ser nombrado en abril ministro del área, Yván Gil aseguró que respetarían la propiedad y a los productores que estuvieran trabajando las tierras.

El presidente del INTI, William Gudiño, dijo que revisaban todos los casos de intervenciones porque algunos expedientes indicaban que se habían cometido errores al rescatar fincas productivas. La meta de su gestión es respetar la propiedad de las fincas en plena producción, aunque reveló que tenían previsto afectar 265.000 hectáreas.

Gudiño incluso sacó en septiembre a invasores de la finca El Chao, en el Sur del Lago, lo que fue interpretado como una señal positiva por los ganaderos.

Con la celebración de los 12 años de la Ley de Tierras y la promulgación del Plan de la Patria como ley, la política de tierras gira de nuevo hacia la radicalización. El ministro Gil afirma que “en los próximos años no debe quedar en Venezuela un latifundio vivo”. Sostiene que esto será la principal consigna del gobierno.

Sustituir importaciones. El presupuesto del INTI para 2014 indica que se tomarán 350.000 hectáreas de tierras, para lo cual cuentan con 23,58 millones de bolívares. Mientras sigue la amenaza a la propiedad privada, el gobierno afirma que se debe producir 90% de los alimentos que se consumen en el país, con el fin de sustituir las importaciones.

“No hay forma de que esto se logre si gobierno, trabajadores y productores no trabajan juntos”, apunta el presidente de Fedenaga e insiste en que se debe rectificar la política de intervenciones para dar confianza al sector.

Rodrigo Agudo, experto en agronegocios, considera que  el gobierno no tendrá otra alternativa que flexibilizar su política. “Quizás no lo haga de manera pública porque seguirá usando la guerra contra el latifundio como una herramienta política, pero lo que vemos es que se han dado casos en que el gobierno quiere devolver algunas fincas en el Sur del Lago porque sabe que no ha sido eficiente el rescate y están mejor en manos de los productores”, señala.