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“Aquí no hay ninguna amenaza ni cacería de brujas con las tierras”

Motta Domínguez insistió en salir en la foto con la gorra con la imagen del presidente Chávez, debido a que saldría en El Nacional

Motta Domínguez insistió en salir en la foto con la gorra con la imagen del presidente Chávez, debido a que saldría en El Nacional

Luis Motta Domínguez, general de la Guardia Nacional a cargo del INTI, afirma que el Gobierno ha entregado más de 52.000 instrumentos agrarios y que se garantiza la seguridad jurídica en el campo

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El presidente del Instituto Nacional de Tierras, Luis Motta Domínguez, declaró que el proceso abierto contra 29 fincas en el estado Zulia es un procedimiento de denuncia de tierras ociosas y los ocupantes tendrán que demostrar la productividad y la propiedad.

Motta Dominguez, que lucía una gorra con la cara del presidente Hugo Chávez, fue entrevistado mientras esperaba al ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, en el Parque Los Caobos de Caracas, el viernes pasado, donde se efectuó el tercer encuentro Somos de Maíz.

—¿De qué se trata el proceso contra 29 fincas en el estado Zulia?

—Eso obedece a un plan de denuncia de tierras ociosas y rescate. Es un plan bien concebido, organizado, y todos los venezolanos tienen derecho a denunciar cuando una tierra está ociosa como lo establece la Ley de Tierras. Una vez denunciada, en 72 horas el funcionario del INTI atiende el llamado y hace una inspección técnica. En el caso del estado Zulia hubo 29 denuncias de tierras ociosas en esos sectores y ahora el INTI realiza las inspecciones y en caso de estar ociosas se efectúa un procedimiento administrativo para decidir si la tierra se rescata o se regulariza a algún colectivo campesino que tenga un proyecto establecido, y según el plan agroalimentario del Gobierno.

—¿En la notificación le daban un plazo a los propietarios para demostrar titularidad?

—La ley establece 8 días para que las personas hagan su descargo y 15 días más, luego de que salga la notificación. En total 23 días hábiles para ejercer el descargo, que están corriendo.

—¿Cómo está el proceso de regularización?

—El próximo fin de semana se entregarán 18.000 instrumentos más de regularización de las tierras. Y en compañía de los ministros se asignarán 32.000 instrumentos agrarios adicionales, entre declaraciones de permanencia, títulos de adjudicación socialista y cartas agrarias.

—La Federación Nacional de Ganaderos alerta sobre una nueva ola de intervención de tierras

—No veo cuál es el temor. La ley indica el rescate de tierras cuando se trata de terrenos del Estado, que están en manos de personas que no las han regularizado, muchas ni las están trabajando y el Estado tiene que tomar el control de las tierras que forman toda la nación.

—Denuncian que se afectan tierras productivas

—Es un proceso de regularización. Si ellos tienen una actividad agropecuaria  y se trata de regularizar la tenencia de esa tierra, deben demostrar su productividad y se reconocerá la posesión.

—¿Cuál es el balance de su gestión desde que fue designado en el cargo a principios de año?

–Hemos hecho un trabajo coordinado con todos los organismos que forman el Ministerio de Agricultura y Tierras y los lineamientos han sido ejecutar el plan de regularización, hasta la fecha van 8,1millones de hectáreas. En la entrega de instrumentos agrarios se han beneficiado 274.000 familias que comprenden más de 1,3 millones de personas, y se han rescatado más de 3 millones de hectáreas.

—¿Fedenaga señala que hay menos fincas privadas porque se han intervenido?

—Esa es la opinión de grupos oligarcas y de los terratenientes que siempre han querido tener el poder sobre la tierra. Una vez que se aprobó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario empezó la lucha contra el latifundio. En 2010 hubo un cambio en la leche y ahora se lucha contra la tercerización.

—También denuncian que no hay seguridad jurídica en el campo

—Claro que hay seguridad jurídica y para muestra un botón. Entre las entregas que se están haciendo y los eventos ya efectuados suman más de 52.000 instrumentos agrarios aprobados, que están previstos en el proceso jurídico que establece la ley. Lo que sucede es que hay gente que no quiere cumplir la ley, unos por desconocimiento y otros les da miedo porque están ilegales.

–¿Por qué no se puede disponer de la tierra para venderla?

–Solamente se pueden vender o enajenar e incluso traspasar aquellas tierras que tienen un carácter privado, y para eso el propietario debe demostrar a través de la cadena titulativa que hubo un desprendimiento de la nación, bien sea por hábeas militares, por venta pura y simple y hasta por cédulas españolas. Una vez que demuestran efectivamente la propiedad, el INTI les da la certificación y pueden hacer la venta y el registro. Pero si son tierras de la nación y del Estado no pueden ser vendidas ni traspasadas.

—El plan de gobierno del presidente Chávez indica que acentuará la lucha contra el latifundio

—Aún quedan latifundistas. Esto es un problema que no sólo está ligado a grandes extensiones de tierras, sino con la porción de terreno que se tenga según el promedio del patrón ocupacional de una región. Puede ser, por ejemplo, latifundio dos hectáreas en Mérida, mientras que en Apure esa misma cantidad de tierras no lo es. Tenemos una lista de latifundios en el país y los ocupantes han sido citados, si ellos en el tiempo previsto no presentan las pruebas de propiedad pueden ir a los tribunales, pero siempre el Estado gana la partida. Aquí no hay ninguna amenaza ni cacería de brujas con las tierras, simplemente se procede según la ley. Si fuese una acción arbitraria no saldría en carteles de notificación como se ha estado haciendo y en Gaceta Agraria siguiendo un proceso legal.

Caso productor de Lara

A mediados de agosto el productor agrícola José Ramón Oviedo, del estado Lara, se encadenó en el Instituto Nacional de Tierras y en el Ministerio de Agricultura, y amenazó con declararse en huelga de hambre si no le devuelven unos terrenos.

El presidente del INTI afirmó que el Estado no tiene injerencia en este caso. “El señor Oviedo formaba parte de una cooperativa a la que se le entregaron unas tierras. Esa cooperativa lo destituyó y lo expulsó de la organización, aparentemente porque le asignaron un tractor que nunca quiso entregar. Efectivamente, este productor tenía 10 hectáreas, pero formaban parte de la cooperativa. Él quiere que el INTI obligue a la cooperativa a que le devuelvan las hectáreas, pero no podemos actuar porque es un ente privado y nosotros respetamos la propiedad privada”.

Indicó que el instituto le sugirió, mediante un oficio, que solicitara otras tierras, pero el productor insiste en el mismo terreno que cultivaba originalmente. “Pareciera que el señor Oviedo quisiera emular el triste caso de Franklin Brito”.