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Venezuela podría ser juzgada en EE UU por caso Bandagro

Los testigos extranjeros se niegan a testificar en el país por temor a ser arrestados o víctimas de acciones adversas

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La Corte de Distrito Sur del estado de Ohio, Estados Unidos, negó la petición del Gobierno venezolano de desestimar el caso del Banco de Desarrollo Agrario, el cual involucra a la empresa estadounidense DRFP LLC dba Skye Ventures, que reclama la cancelación de bonos emitidos por la institución por un valor de 100 millones de dólares.

La solicitud se hizo con base en el principio legal forum non conveniente, en el que las cortes pueden negarse a asumir la jurisdicción sobre casos en los que existe un foro más apropiado disponible para las partes. La doctrina aplica entre cortes de distintos países o jurisdicciones.

La resolución, emitida el 13 de octubre por la jueza de distrito, Edmunda Sargus, establece que los tribunales venezolanos deben respetar el derecho de los demandantes a seleccionar la corte donde se realizará la disputa. Skye Ventures considera que el juicio debe llevarse a cabo en Ohio, debido, entre otras razones, a que algunos testigos, incluyendo el propietario de la compañía David Richards, no testificarán en Venezuela por temor a ser arrestados o víctimas de acciones adversas.

El Gobierno argumenta que, aunque la compañía es de origen estadounidense, Venezuela posee un mayor interés en los resultados de la demanda. Los demandantes alegan que los “tribunales venezolanos son prejuiciosos” y poco imparciales, y que no ha existido un trato justo en los demás casos en los que  se ha solicitado la cancelación de bonos emitidos por Bandagro.

La corte estuvo de acuerdo y se inclinó a favor de Skye Ventures sobre la selección del foro. La única manera de lograr que el debate se lleve a cabo en Venezuela es si el Gobierno logra probar que en Ohio recibiría un trato opresivo y vejado. Como el demandado falló en este aspecto, el tribunal decidió que no hay razones para trasladar el caso.

Skye Venture adquirió los bonos emitidos por Bandagro luego de que el Estado venezolano los declaró válidos en 2003. Sin embargo, el Gobierno considera que estos papeles son falsos. La empresa exige que se le cancele su valor nominal, el cual asciende a 100 millones de dólares, más los intereses acumulados.