• Caracas (Venezuela)

Economía

Al instante

Trabajadores obligados a prestar servicios en el sector agroalimentario

En la resolución no se consulta a los trabajadores a ser enviados a otras empresas

En la resolución no se consulta a los trabajadores a ser enviados a otras empresas | Foto: referencial

El texto no menciona que el gobierno haya consultado al empleado si está de acuerdo con que lo trasladen, dijo el sindicalista Roger Palacios  

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Con el argumento de “contribuir con el reimpulso productivo del sector agroalimentario” el gobierno obligará a empresas públicas y privadas a que sus trabajadores presten servicios en “aquellas entidades objetos de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción”, según la resolución 9855 del Ministerio del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial número 40950 del 22 de julio pasado. La medida se toma “en el marco del decreto 2323 mediante el cual se declara el estado de excepción y de emergencia económica”.

El artículo 3 de la resolución dice que las entidades de trabajo del sector,  público y privado, que tengan que ver con el área agroalimentaria “están obligadas a cumplir con el estricto imperio del presente acto administrativo”, a tal efecto deberán proporcionar los trabajadores requeridos, “con el fin de aumentar la productividad de la entidad de trabajo requiriente o solicitante” por un período de 60 días, prorrogables “por igual tiempo si las circunstancias lo ameritan”.

Las empresas a las que sean destinados los trabajadores cancelarán los sueldos de los nuevos “empleados”, mientras que la compañía de donde sean demandados continuará cubriendo las obligaciones relativas a cotizaciones establecidas en el sistema de seguridad social, así como las prestaciones sociales. Tendrán inamovilidad laboral.

“La entidad de trabajo requiriente estará obligada a pagar el cesta ticket socialista por jornada laboral”, de acuerdo con el artículo 9 de la resolución”.

Una vez finalizado el periodo, los trabajadores “tendrán el derecho de seguir prestando servicio a la entidad de trabajo originaria en las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió aquella”.

La resolución señala, en su último considerando, que el Ministerio de las Comunas solicitó al despacho laboral personal para ser incorporado “a las diversas plantas procesadoras de maíz”, lo que se extendió a las demás empresas agroalimentarias a través de la medida gubernamental.
 
No son soldados. La Unión Nacional de Trabajadores rechazó la resolución por tratarse de una medida arbitraria del gobierno, que “trata a los trabajadores como si fueran soldados que se pueden mover inconsultamente”, afirmó Roger Palacios, coordinador de la Unete y directivo del sindicato de Alimentos Polar. 

“El texto de la resolución no menciona, en ninguno de sus apartes, que le pedirán su opinión a los trabajadores para saber si están de acuerdo con ser trasladados”, advirtió el sindicalista. Agregó que en lugar de dictar medidas antiobreras, el Ejecutivo “tiene que reconocer su fracaso como empresario en todas las compañías estatizadas”. 

Palacios destacó que la resolución viola los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En relación con el punto que dice que el adquiriente pagará el salario, el sindicalista recordó que “el gobierno no ha cumplido con los trabajadores de las empresas estatizadas. En La Gaviota le acaban de bajar el salario al personal”. 
 
Nota vinculada 
 
“Resolución
viola la Ley
del Trabajo” 

 
Maryolga Girán, abogada laboral y asesora de Conindustria, afirmó que la medida del gobierno vulnera los principios de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la inviolabilidad de las condiciones de trabajo, entre ellas la jornada laboral y el sitio de trabajo, las cuales no son mencionadas en la resolución ministerial. 

“La Ley del Trabajo es clara al indicar que el trabajador deberá ser consultado y decidir si acepta, sin presiones, cualquier traslado o cambio en sus condiciones de trabajo”, sostuvo Girán. Coincide con Roger Palacios en que se le otorga una estructura militar a las relaciones laborales.

Agregó que con la medida, el gobierno, a través de sus empresas recuperadas y las comunas, se ahorra el gasto de contratar personal propio porque con el prestado no pagará entrenamiento, bono alimentación, prestaciones sociales, antigüedad y seguridad social, pues esa responsabilidad la tiene el empleador original (la empresa privada). 

“En vez de ser un agente de empleo, en un país donde hay tanta gente sin trabajo, el gobierno saca al personal de las empresas y lo ‘terceriza’, lo que también es prohibido en la Ley del Trabajo”. 
 
 
El DATO 

La disposición del Ministerio del Trabajo está impregnada de las colectivizaciones forzadas de la Unión Soviética, la revolución cultural de China y la zafra cubana de cortes de caña con el denominador común de que todas fracasaron y generaron hambrunas, aseveró Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.